Durante muchos años se consideraba una falta de decoro tratar temas de política interna en la esfera internacional y aún más tirarse los platos a la cabeza entre gobierno y oposición. Había un pacto diplomático no escrito que decía que los trapos sucios se lavaban en casa y que en términos de política exterior o en comentarios sobre temas domésticos en el extranjero la oposición mantenía cierta lealtad institucional, guardando las formas. En muchos países esto todavía se respeta, pero en España ha saltado por los aires definitivamente.
Los tiempos han cambiado y hoy Europa se ha convertido en una extensión de la arena doméstica. Especialmente en el caso de España, el Parlamento Europeo es una cámara donde reverberan en lenguas diversas las discusiones de política interna. Ya sean sobre la independencia judicial o sobre la gestión política del conflicto catalán con la amnistía.
La situación tiene ventajas y perjuicios. En definitiva, en Bruselas y Estrasburgo se escenifica y amplifica el grado de envenenamiento de la polarización actual, pero también se ponen en evidencia las carencias institucionales en temas democráticamente fundamentales como la independencia judicial. Otra cuestión es que se hace por la peor de las razones, y que lo hace el zorro que cuida el ganado.
Europa es un escenario de la polarización de PP y PSOE pero también sigue siendo una idea evocadora. La que representa los mejores valores, los buenos estándares democráticos que cuando no se cumplen quedan en evidencia, estén protagonizados por España, Polonia o Hungría.
El PP y el populismo
La confrontación entre los dos grandes partidos y sus aliados se ha elevado a categoría con la estrategia de Pedro Sánchez para convertirse en el bastión, el muro dice él, ante la extrema derecha. En España y en Europa. Una estrategia que el PP –el de la operación Catalunya que pretendió hacer política masivamente a través de los tribunales– le pone en bandeja cuando se deja fagocitar por las posiciones políticas y estilo de Vox y abunda en el populismo y la polarización.
Se utiliza a los aliados parlamentarios para poner en cuestión instituciones como la justicia, que nadie dice que sean fáciles de preservar en ningún país del entorno, pero que deberían formar parte del activo institucional compartido. Imposible en España, hoy. Sería así si España fuera una sana democracia en el ámbito judicial, pero la realidad es una penosa utilización política del sistema judicial como arma partidista que encuentra en la voluntad de algunos jueces una complicidad extraordinaria. El PP se viste con piel de cordero para denunciar una pretendida intromisión socialista en el CGPJ. El PP de Fernández Díaz y la Fiscalía que afina. Europa es una idea inspiradora, pero el Parlamento corre el riesgo de vivir algunas sesiones ridículas movidas por el papanatismo de creer que cualquier tontería dicha en inglés o en francés parece tener algo de credibilidad.
De qué queremos hablar
Las elecciones europeas se pueden embarrar en la bronca interna o recuperar el espíritu de que Europa es una idea. Que ha sido una respuesta a la tensión entre la oscuridad y la luz. Sería un buen momento para hablar en serio de la amenaza de una ampliación mal hecha que complicaría aún más la toma de decisiones, de la necesidad de organizarse en círculos concéntricos y no con competencias homogéneas que frenan los avances, de llevar los valores democráticos y de anticorrupción a Ucrania, Hungría o Polonia. De avanzar en políticas que permitan ganar competitividad respecto a los gigantes mundiales. De cooperación, de inmigración.
Europa no puede convertirse en la arena del circo de la bronca del PP para descalificar a un gobierno que considera ilegítimo porque no es el suyo. En un mundo civilizado, la renovación del Consejo General del Poder Judicial sería una cuestión interna que se desbloquearía con una carrera de méritos objetivos y honradez. No será así, y los movimientos políticos apuntan a una reforma de las mayorías para su desbloqueo. Es una mala noticia cambiar las reglas del juego para activar la renovación, pero el PP no ha dejado otra opción.
España tiene un grave problema con los jueces de las altas magistraturas, ya sea por su ideología extrema o por la presión política y los incentivos para promocionarlos. La reforma es urgente y las denuncias de lawfare ayudan. Algunos socialistas comienzan a ver que nada les garantizaba que ellos quedarían preservados de la manipulación judicial. No hace falta ser independentista para estar a la intemperie cuando la protección no es universal.
