El ataque ultra a Blanquerna del 2013, todavía impune
La justicia española continúa su deriva restrictiva de derechos, aplicando una doble vara de medir según quiénes son los condenados. Este jueves la Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a parar el ingreso en prisión de 10 de los 14 ultras que por la Diada del 2013 asaltaron el Centro Cultural Blanquerna de Madrid mientras se hacía el acto institucional de cada año. Todo el mundo tiene en la cabeza las imágenes de los asaltantes entrando con actitud violenta y amenazante, lanzando proclamas a favor de la unidad de España y empujando a los que les hacían frente, como por ejemplo el entonces diputado de CiU en el Congreso Josep Sánchez-Llibre. Lo hicieron a la luz del día del día y sin preocuparse mucho por ocultar su identidad. Aun así, y después de una condena de más de dos años (entre 2 años y 7 meses y dos años y 9 meses) ya ratificada por el Supremo y el TC, todavía ninguno de ellos ha pasado ni un solo día en la cárcel. El ataque, pues, queda impune.
El contraste con el trato que recibieron los presos del Procés es tan palmario que no admite discusión. Es más que evidente que a la justicia española le cuesta mucho menos enviar a un independentista a prisión (recordemos el caso de los CDR acusados falsamente de terrorismo), incluso sin juicio, que a un miembro de la extrema derecha ya condenado. El argumento de la Audiencia Provincial es que hay que esperar a ver cómo se resuelven los diferentes recursos que se han presentado ante el TC. De los condenados, 10 han presentado recurso al TC, dos han pedido un indulto y dos más se han fugado. Se trata, además, de la segunda vez que se suspende in extremis la entrada en prisión de los condenados, que son personas conocidas en el mundo de la extrema derecha y algunos de ellos incluso se presentan a las elecciones del 4-M con Falange.
La casualidad ha querido que la noticia haya coincidido con otra sentencia del Tribunal Supremo en que afirma que la Universitat Pompeu Fabra (UPF) vulneró la neutralidad "política" aprobando un manifiesto que rechazaba la sentencia del Procés. El alto tribunal lo ha reafirmado desestimando un recurso de la UPF contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del año 2019 que estableció que el centro no había sido neutral posicionándose en contra de la condena a los presos políticos en plena campaña electoral del 10-N. Este es un evidente caso de censura, porque los claustros de las universidades representan su pluralidad interna (por eso se hacen elecciones) y tienen todo el derecho del mundo a posicionarse sobre los temas más diversos. ¿Cómo se puede pedir "neutralidad política" a una institución universitaria, que tiene que tener como uno de sus objetivos promover el espíritu crítico? ¿Qué clase de democracia pone esta demanda de neutralidad por ante la libertad de pensamiento o la de expresión de la comunidad académica?
La justicia española continúa socavando los pilares, ya de por si débiles, de la democracia española y alejándose cada vez más de los estándares europeos. Y esto es una cosa que el resto de poderes (ejecutivo y legislativo) y también la opinión pública española tendrían que empezar a ver con claridad para ponerle contrapesos.