El balance de la ley de la eutanasia demuestra su necesidad

Ha sido una de las leyes más polémicas y difíciles de sacar adelante de los últimos años, pero el balance de los primeros cinco meses de la ley de la eutanasia demuestra que era necesaria y que se está haciendo con todos los controles activados. Catalunya fue de las primeras comunidades que desplegaron la norma, y desde el 25 de junio ya se puede ejercer el derecho a poner fin a la propia vida con asistencia médica, en el caso estricto que el que lo pida sufra una enfermedad grave e incurable, con dolor insufrible o un sufrimiento grave, crónico e imposibilitante. En el momento en el que se activó la ley, había mucha gente que hacía años que esperaba para poderlo pedir. Hasta el 30 de noviembre, la Comissió de Garanties i Avaluació, que se encarga de aprobar o denegar cada petición, ha recibido 53 solicitudes. Ha denegado tres porque no entraban en estos supuestos; ha aprobado 28, de las cuales 24 ya han salido adelante, y hay 14 peticiones más que están todavía en proceso de estudio. En seis casos las personas que lo pedían han muerto antes de que acabara el proceso de resolución y en dos han pedido revocar la petición.

Estas cifras muestran que hay un control riguroso, que el sistema funciona, que hay muchos filtros que se tienen que pasar hasta que se da el visto bueno a la decisión y que se está aplicando la ley con mucho cuidado y en los casos específicos que están autorizados. De hecho, la eutanasia, como recordaba ayer la secretaria general de Salud, Meritxell Masó, es un proceso garantista en el cual no basta con pedirlo, sino que hay unos protocolos y circunstancias que lo regulan. Solo se aplica cuando el paciente lo pide –nunca por decisión externa–, se le piden varias validaciones y también está la opción de echarse atrás. El paciente también elige cómo quiere morir, una decisión que no recae en el equipo asistencial que cuida de él, sino en el mismo paciente, que puede pedir que sea el equipo quien le administre la eutanasia o autoadministrarse los fármacos.

Una prueba de la humanidad del proceso –que lo que hace es evitar un sufrimiento innecesario a los pacientes– es que, desde que se aprobó la ley, la polémica prácticamente ha desaparecido. Y de los 90.000 sanitarios que hay en Catalunya, solo 90 se han inscrito en el registro de profesionales objetores de conciencia, es decir, un 0,1% de la plantilla. Médicos y enfermeras son los que ven de primera mano el sufrimiento de los pacientes y, más allá de la ayuda que ya se da a los enfermos terminales que están en tratamientos paliativos –unos casos que no tienen nada que ver con la ley de la eutanasia–, entienden que hay casos en los que el enfermo necesita ayuda para acabar con su sufrimiento, que se puede alargar sin posibilidad de cura de manera insoportable. Son, sin embargo, situaciones difíciles, y por eso también se han facilitado formaciones que se ampliarán en los próximos meses. La eutanasia es el último recurso, y por eso es importante que desde la administración haya máxima transparencia y máximo rigor, a la vez que se facilita el mejor acompañamiento tanto a los enfermos y las familias como, también, al personal sanitario que lo tiene que llevar a cabo.