El estado del bienestar y el malestar de Europa

Las sociedades europeas viven un difícil malestar de resumir. Es económico pero también cultural, generacional y territorial. Se traduce en la sensación de que las promesas de la democracia llegan tarde o nunca llegan. Y es el contexto que aprovechan cínicos y populistas para erosionar la confianza en las instituciones y convertir a migrantes, feministas o Bruselas en culpables.

En este magma de frustraciones, el hilo que relaciona muchas experiencias diferentes y las hace políticamente explosivas es que, en los últimos veinte años, la Unión Europea ha ido aceptando un nivel de desigualdad que antes habríamos encontrado intolerable.

Es cierto que, desde el primer día, la construcción europea ha sido una combinación de idealismo y de intereses: "nunca más la guerra", pero también mercados a proteger, intereses a preservar, prejuicios que cuestan morir. Pero hoy, en la UE, el 1% más rico tiene cinco veces más riqueza que todo el 50% inferior; en 1960, esa distancia era menos de la mitad.

También ha cambiado el relato que justifica la construcción europea. La primera misión fue neutralizar a las guerras con prosperidad compartida: el estado del bienestar. Cuando la paz en Europa parecía irreversible (y hasta Ucrania lo parecía), la misión fue gestionar los beneficios de la globalización: mercado único, euro, libre circulación de capitales y bienes. Ahora sabemos hasta qué punto, además de beneficios, la globalización también crea perdedores y los perdedores tienen derecho a ser ya sentirse representados.

La paradoja es que lo que más importa en la vida cotidiana (salud, educación, trabajo digno, vivienda) es justamente donde la Unión Europea tiene menos competencias legales y menos legitimidad directa. Armonizar normas bancarias o mercados energéticos es relativamente fácil; garantizar salarios mínimos decentes, una fiscalidad justa para las multinacionales o la financiación sostenible de los hospitales lo es mucho menos.

El resultado es una Europa percibida como poderosa donde da miedo (regulación financiera, disciplina fiscal) y débil justo donde la ciudadanía quisiera que fuera fuerte. Hemos construido economías que remuneran generosamente las transacciones e infravaloran los cuidados, y hablamos de ortodoxia fiscal y competitividad como si fueran leyes de la física. Europa no vive en un oasis: necesita empresas productivas para sostener el estado de bienestar. Pero competir es una condición, repartir es una elección: en las mismas reglas globales, algunos países concentran más la riqueza y otros menos. La diferencia no la hace el mercado, sino las decisiones colectivas, y por eso debe servir la Unión Europea.

Hay ámbitos en los que esta contradicción es especialmente flagrante. Por ejemplo, la salud de las mujeres: ¿qué pensar de unas instituciones que se escandalizan por una décima de déficit público pero no consideran una crisis que unos ensayos clínicos pensados ​​para cuerpos masculinos maten a 130.000 mujeres al año en el mundo y cuesten 52.000 millones de euros? ¿Dónde está la competitividad?

Aquí la UE podría marcar una enorme diferencia, añadiendo condicionalidades de equidad a las económicas por ser a la vez más competitiva y más justa. Pero sólo lo hará si la sociedad civil, la comunidad científica, los movimientos ciudadanos, deciden que tolerar esta brecha es tan injusto como ineficaz, y lo demuestran con presión organizada. No faltan datos, ni capacidad, falta voluntad.

Esta lógica vale tanto para la salud de las mujeres como para otras decisiones que parecían imposibles hasta que la ciudadanía ha oído su voz. La OCDE ha demostrado que el impacto de los móviles en la atención y el aprendizaje ha sido más negativo que el de la pandemia, pero las instituciones y poderes públicos, europeos como nacionales, se han movilizado sólo cuando familias, docentes y profesionales de la salud han levantado la voz y han exigido cambios concretos.

Ésta es la realidad de hoy: con instituciones cansadas, polarización política y mayorías frágiles, nadie se mueve si no siente la presión. Lo hemos visto con Gaza: la Unión Europea ha reaccionado demasiado poco y demasiado tarde y, sin embargo, los pocos pasos que se han dado no se explican por epifanías morales de las instituciones, sino por la presión sostenida de la sociedad civil, en las calles, en los medios y en las urnas. Somos nosotros quienes podemos hacer insoportable la indiferencia.

Rebecca Solnit lo ha resumido con precisión: la esperanza no es creer que todo va a ir bien, sino asumir que el futuro no está escrito y que lo que hacemos importa. Si queremos que la Unión Europea esté a la altura de sus palabras, debemos aceptar que, hoy, es en la movilización de la ciudadanía donde se decidirá si el proyecto europeo se marchita o renace.

¿Cómo hacer sostenible el estado del bienestar en Europa? ¿Cómo aliviar el malestar? Los problemas son demasiado complejos para resolverlos con un eslogan. Pero, si tuviera que elegir una sola medida con posibilidad real de cambiar las cosas a mejor, sería garantizar una mayor presencia de mujeres en posiciones de responsabilidad. No porque sean mejores por naturaleza, sino porque la evidencia demuestra que, cuando están de verdad, es más fácil que la salud, la educación, los cuidados y la dignidad material pasen al centro de la agenda.

Circula una vieja anécdota, probablemente apócrifa, en la que un periodista pregunta a Gandhi qué piensa de la civilización de Europa, y él responde: "Creo que sería una buena idea". Para la UE, la pregunta hoy es similar: ¿de qué sirve hablar de valores europeos si una parte creciente de la ciudadanía vive con la impresión de que, pase lo que pase, el sistema la dejará atrás? El problema no es sólo que hayamos tolerado demasiada desigualdad, sino que lo hemos hecho sin revisar el marco conceptual que lo ha hecho posible.