Se buscan beneficiarios del ingreso mínimo vital
La semana que viene la Seguridad Social pondrá en marcha un plan “de intensificación” para reclamar la devolución de los pagos indebidos del ingreso mínimo vital (IMV). "Cobros indebidos", dicen, como si el error fuera de las personas beneficiarias y no del diseño de la misma ayuda y provocado por una carencia de coordinación entre la administración estatal y las autonómicas. El plan para recuperar el dinero durará cuatro meses y consiste en un sistema de incentivos para los funcionarios –de poco más de 10 € por cada resolución emitida fuera de su jornada laboral.
El plan llega pocos días después del escándalo vinculado a los días que tarda la Seguridad Social a contestar el teléfono, o a cómo de complicado es pedir la impuesta cita previa para solicitar el IMV. No hay suficientes trabajadores para dar respuesta a la demanda social de esta ayuda –que solo se puede solicitar cuando todos los otros recursos se han acabado– pero ahora se diseña un plan para conseguir que se puedan reclamar los "pagos indebidos".
Estos pagos se han producido por dos razones. La primera es que se conceden en función de la renta del año anterior, y no del actual. Esto hace que, al revisar los ingresos, si estos han variado, se hagan modificaciones de las cuantías con efectos retroactivos. La segunda es la coordinación imperfecta entre el IMV y las rentas autonómicas –como la renta garantizada de ciudadanía (RGC)– que ya existían cuando la ayuda estatal se puso en marcha, hecho que trajo a duplicidades en los pagos.
Todo ello son, por lo tanto, deudas generadas no por los beneficiarios, sino por desajustes en la administración. A la vez, las cuantías que ingresan por el IMV las familias beneficiarias varían mensualmente, en función de los cambios en el diseño de la ayuda o de la situación del hogar. Esto hace que sea difícil identificar que se están recibiendo dinero extra. Y, para dar cumplimiento a las reclamaciones, muchas familias tendrán que recorrer a los ahorros. Unos ahorros que, en la mayoría de casos, son inexistentes. Si una de cada tres familias en nuestro país no puede afrontar gastos imprevistos, para aquellas que viven bajo el umbral de la pobreza –menos de 10.088 euros anuales– este valor aumenta a dos de cada tres. Y las que son beneficiarias del IMV ingresan como máximo 6.773 euros el año, de manera que dar respuesta a reclamaciones de años anteriores puede ser una misión casi imposible para ellas.
El cobro de pagos indebidos a familias en riesgo genera estrés en las que reciben ayudas y no tienen ahorros, inseguridad en quienes solicitan nuevas ayudas –no olvidemos que el IMV todavía está lejos de llegar a dar cobertura a todas las personas que se había previsto–, y propaga el peligroso mensaje de que hay “familias que cobran de más”. Estaría bien que los incentivos para los trabajadores de la Seguridad Social fueran para corregir las trabas administrativas –agilizar los expedientes, atender a más personas y mejorar la coordinación entre administraciones– y no solo para controlar los ingresos de los beneficiarios.
