Caso Borràs: preservar el Parlament

La cámara catalana consumó este jueves la previsible suspensión de Laura Borràs como presidenta del Parlament. Con el reglamento en la mano, era difícil escapar de esta traumática decisión. La acusación que pesa sobre la actuación de Borràs al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 y 2017 es muy concreta y la mayoría de grupos de la cámara –todos salvo JxCat– han interpretado que está en juego un posible caso de corrupción, hecho que, siguiendo la estricta normativa del Parlament, que deja en segundo plano la presunción de inocencia, suponía su suspensión. Como es consabido, Borràs, saltándose las advertencias y controles internos de la administración de la Generalitat, adjudicó a lo largo de estos años 18 contratos menores fraccionados a un amigo, que resultó ser un traficante de drogas y falsificador de moneda. La cantidad total fue de 300.000 euros. La justicia detectó la presunta irregularidad al tener en el punto de mira a esta persona.

Es evidente que hace años que asistimos a casos de actuación judicial con finalidades políticas, pero si el Parlament se ha dotado de una norma, la tiene que cumplir. No hacerlo habría dejado tocada su credibilidad. De hecho, la cámara es la principal perjudicada por la situación anómala en la que estaba su máxima prelatura. La presidencia del Parlament está imbuida de un plus de honorabilidad, es decir, de la voluntad de ejemplaridad y de elevarse por encima de la pugna partidista. El hecho de que quien ostentaba este cargo estuviera bajo sospecha judicial suponía un grave lastre. Por eso, en este asunto lo que tendría que haber prevalecido en todo momento es la integridad del Parlament y, más en concreto, de su presidencia. No ha sido así, de forma que un asunto de carácter individual, previo a la relevancia política de la acusada, ha acabado afectando el ejercicio del cargo, una situación atípica que se ha alargado demasiado. Borràs tenía y tiene todo el derecho a defender su inocencia, pero el mejor lugar donde hacerlo es ante los tribunales, donde no es descartable la posibilidad de que todo acabe en un tema puramente administrativo.

El hecho de que al final Borràs haya tenido que marchar forzada, y que lo haya hecho en medio de graves y agrias acusaciones políticas contra sus compañeros de mesa, y en especial contra los grupos independentistas, deja tocada la convivencia parlamentaria. No será fácil el interinaje al frente de la cámara que asume la diputada Alba Vergés (ERC), como tampoco lo tendrá fácil JxCat para decidir qué rumbo toma en el futuro inmediato, aunque a pesar del disgusto de Borràs y su círculo más fiel, parece que dentro de la formación prevalece la decisión de seguir en el Govern y a la vez, en cambio, no aceptar el ofrecimiento de ERC de buscar una fórmula para que los de Junts recuperen la presidencia interina del Parlament. En todo caso, la ya de por si débil cohesión del gobierno independentista de coalición, como se ha visto esta semana con la mesa de diálogo, se agrava ahora con una Borràs que ha querido hacer de su pleito judicial un casus belli político.