Ceuta no es una excepción: gobernar a golpes de frontera

Las imágenes de Ceuta repiten una escena conocida: cuerpos exhaustos que salen del agua, dispositivos policiales desbordados, titulares que hablan de “oleada” y de “emergencia”. Para quien solo mira la frontera cuando llega a las pantallas, puede parecer un episodio excepcional. Para quien conoce las trayectorias de las personas que llegan, es la expresión concentrada de un sistema estable: un régimen de movilidad que convierte el Mediterráneo y el Tarajal en un filtro de clase, origen y raza.La metáfora de la “ola” no es inocente. Presenta personas como un fenómeno natural amenazador –una masa que hay que contener– y borra rostros, biografías individuales y colectivas, y motivos. Una ola no tiene nombre ni proyecto; solo tiene volumen y dirección. Este lenguaje prepara una respuesta política determinada: si lo que llega es una fuerza despersonalizada y despolitizada, la respuesta imaginable ya no es la acogida ni la garantía de derechos, sino la excepción, la contención y el cierre. La violencia aparece, así, como una reacción casi natural.Pero en la frontera no hay fenómenos naturales: hay decisiones políticas. Hace décadas que se combina el cierre de vías legales y seguras, la externalización del control migratorio a países vecinos y unas desigualdades globales que facilitan la movilidad de unos e inmovilizan la de otros. Cuando se abre una rendija —un cambio en la vigilancia marroquí o una crisis diplomática—, un movimiento que ya existía se concentra y se hace visible. Entonces lo llamamos “crisis”.La frontera funciona como una válvula política. Se abre y se cierra según correlaciones de fuerza que raramente tienen que ver con las vidas concretas de las personas que llegan. En 2021, la presencia o ausencia de la policía marroquí en Ceuta no fue solo una cuestión técnica de vigilancia, sino también un instrumento de presión diplomática. Reducirlo todo a las “mafias” o al “efecto llamada” evita la pregunta esencial: ¿quién puede regular la porosidad de esta frontera, y con qué intereses?

Estas situaciones no son solo una consecuencia de la externalización europea de la frontera: también refuerzan su lógica. Cada episodio de permeabilidad controlada, tensión diplomática o llegada repentina confirma la dependencia europea de gobiernos terceros para contener la movilidad y convierte a las personas migrantes en moneda de cambio geopolítica.Para muchas de las personas que vemos en el agua, cruzar no es el inicio del viaje, sino uno de sus últimos episodios. Antes puede haber años de precariedad, racismo policial, controles internos, trabajos mal pagados, detenciones o campamentos improvisados. También puede haber estudios interrumpidos, persecuciones políticas, violencias familiares o la imposibilidad de vivir libremente una orientación sexual. La imagen de un cuerpo que nada concentra, en pocos segundos, una biografía larga que casi nunca llega a interesar.Cuando llegan a territorio europeo, el derecho a menudo no les recibe como personas con historia, sino como expedientes a administrar. Las categorías de “irregulares”, “menores no acompañados” o “solicitantes de asilo” ordenan quién será escuchado, quién podrá ser retornado y quién quedará atrapado en una espera indefinida. Las garantías jurídicas pueden limitar las devoluciones inmediatas, pero solo corrigen parcialmente un dispositivo diseñado a menudo para impedir que haya tiempo y condiciones para explicar una trayectoria personal.Aquí se hace visible el racismo de estado: no solo porque se vulneran derechos, sino porque no se aplican con la misma intensidad a todos. Europa ha demostrado que puede activar una protección y acogida rápidas cuando hay voluntad política. Pero ante personas provenientes de África u otros territorios del Sur global, se impone la retórica de la emergencia y se amplía el margen para restringir garantías. La movilidad es un derecho para unos y una sospecha para otros.Esta gestión centrada en la emergencia, el despliegue policial y la contención da credibilidad al marco de la extrema derecha. Presenta la movilidad como una amenaza y la frontera como la única forma posible de gobierno. Cuando las instituciones asumen este vocabulario y estas prácticas, no solo administran una crisis: contribuyen a normalizar el relato racista que la hace posible.La frontera, finalmente, no acaba en la playa: se desplaza de la frontera externa hacia el interior de la sociedad. Continúa en los CIE, en las oficinas de extranjería, en los padrones denegados, en los contratos que exigen unos papeles imposibles de obtener, en los controles policiales de carácter racial, en la segregación escolar por origen, en los locales de ocio que excluyen a personas alterizadas y en los discursos que asocian sistemáticamente determinados orígenes con la inseguridad y el desorden. Ceuta no es una excepción, sino una radiografía de Europa: el momento en que una violencia estructural, habitualmente discreta, se hace visible. La pregunta, por tanto, no es solo cuántas personas entran, sino qué tipo de comunidad acepta que, para unos, la movilidad sea un derecho y, para otros, un riesgo de muerte.