Clachadas contra la participación pública
El inglés es la lengua con sus siglas y acrónimos más versátiles. Expresiones como OMG (Oh Dios Mi!) y LOL ("Laughing out loud", mezcla de carcajada y asombro) han hecho agujero entre los jóvenes, y no tan jóvenes, en las conversaciones digitales. Muchos fenómenos bautizados en el mundo anglosajón se llaman tal cual, a la espera de encontrar un equivalente goloso en la lengua propia. Es el caso de las SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public poner nombre a las acciones legales que pretenden silenciar las voces críticas mediante procesos costosos. slap significa bofetada, una representación ingeniosa de lo que suponen estas demandas: un collejo para quien desafía a los poderosos exponiendo sus miserias. O mejor: un buen varapalo, porque su elemento principal es la brecha económica entre quien pone el pleito y quien lo sufre.
Este decalaje de poder es muy obvio en los litigios emprendidos por los oligarcas rusos contra quien se atreve a destapar los negocios oscuros. O en un caso actual bien simbólico: el acoso judicial de la petrolera Energy Transfer en Greenpeace para apoyar las protestas de la comunidad sioux contra el Oleoducto Dakota Access, que Obama suspendió y Trump reanudó. Qué casualidad que la empresa sea una de las principales donantes del actual presidente. En la campaña de descrédito, con acusaciones infundadas de terrorismo, siguió una petición de 660 millones de dólares que, de hacerse efectiva, obligaría a la ONG a bajar la persiana en EEUU. Los ecologistas han plantado cara, con un contragolpe en los tribunales de Países Bajos, amparándose en la nueva directiva anti-SLAPP de la UE. Se conoce como ley Daphne, en memoria de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, asesinada por investigar las conexiones corruptas entre el gobierno de su país y el Pilatus Bank, a quien el BCE acabó retirando la licencia. Entre otras tácticas sórdidas, amenazaba a los medios independientes con demandas millonarias en terceros países. La "jurisdicción en la carta" permite elegir la más conveniente al actor y hacer la vida imposible al demandado modesto.
La norma europea quiere asegurar que no se ejecuten las sentencias SLAPP que provienen de fuera de la UE y que el abuso del derecho no salga gratis, con condenas con costas y sanciones efectivas. Pero, sobre todo, asegura la desestimación precoz. Que los pleitos no se alarguen es básico para reducir el sufrimiento de los perseguidos y minimizar los gastos legales cuando la pena es el propio proceso. Las afectaciones económicas, psicológicas y reputacionales provocan un efecto de autocensura individual y desmovilización colectiva difíciles de apamar.
Aunque la directiva europea sólo incluye los pleitos civiles y mercantiles con implicaciones transfronterizas (que afectan a más de un estado), la Comisión ha dejado claro que es necesario ampliarla a los juicios internos ya los casos penales. Pese a que el plazo para transponerla termina en el mes de mayo, el más caliente está en el fregadero. Hace pinta que el Estado español acumulará otra sanción por no cumplir. Y no es que el problema no exista en nuestro país. Pau Esparch, autor delinforme de Mèdia.cat, el Observatorio Crítico de los Medios, ha recogido un montón de casos: el de Iberdrola contra El Confidencial, a quien la empresa reclamaba 17 millones de euros para publicar su relación con el comisario Villarejo; el de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona contra Crítico, para publicar los nombres de los grandes tenedores de viviendas; el del grupo CREA, finalmente disuelto, contra el ARA, por informar sobre prácticas sectarias que han terminado en la Fiscalía; el sufrido por el ingeniero Gómez-Obregón para señalar un déficit de transparencia del gobierno de Cantabria… Destilando los elementos comunes encontramos: la asimetría de poder (David contra Goliat); la desproporción económica (se reclaman cifras, a menudo astronómicas, sin relación con el hipotético daño); la tipología de los hechos (información de interés público), y la finalidad espuria (se quiere disuadir, no ganar). Los afectados pueden ser periodistas, activistas, alertadores, abogados, defensores de los derechos humanos, académicos, científicos, artistas... cualquiera que libere información que alimenta el debate público.
El caso español es particular porque en la mayor parte de las democracias europeas la acción penal queda, en exclusiva, en manos del fiscal. El hecho de que partidos políticos o pseudosindicados como Manos Limpias puedan impulsar la acusación es una alfombra roja para los abusos impunes. Por otra parte, en el mundo mundial la difamación no suele ventilarse penalmente, como ocurre en España, con los delitos de injurias y calumnias. La existencia de tipos anómalos, como las injurias en la Corona o la ofensa a los sentimientos religiosos, redondea un panorama insólito. La dificultad de consensuar la reforma de leyes orgánicas como el Código Penal en el actual momento político suena a excusa, porque modificar la ley mordaza es más sencillo y ahí sigue. Más de una década blanqueando redadas por perfil racial —quizás menos virulentas que las del ICE de Trump, pero igual de ilegítimas—, cosiendo a multas a quienes protestan (contra los desahucios, contra el genocidio...), complicando la documentación de los abusos policiales y limitando la libertad de información.
En el escenario actual toca apelar, especialmente, a la concienciación de los jueces ya las normas deontológicas de los colegios de abogados, como reclama Europa. Y confiar en la resistencia de la sociedad civil, que hoy encarnan a los valientes de Greenpeace, en lucha contra la muerte civil. "Ladran, luego cabalgamos", dice la cita atribuida al Quijote, parece que de forma inexacta. Lo mismo, más o menos, lo predica la sabiduría popular transfronteriza en un proverbio árabe: "Los perros ladran; las caravanas pasan". Ojalá el bozal cambie de bando.