El juez “progresista” –o si más no propuesto por los de Podemos– José Ricardo de Prada hizo ir el lunes a primera hora al presidente Jordi Pujol a la Audiencia Nacional en Madrid. Más que hacerle declarar, lo que se deseaba era someterlo a otro examen forense para exhibirlo como trofeo herido, si no abatido. Y esto, para después poder tratarlo de discapacidad y retirarlo de la causa y mantener abierta para siempre la sospecha de una hipotética culpabilidad, cosa de la que él mismo se quiso defender hasta el final. ¡Quizás aquí estaba el riesgo!
La decisión había sido analizada desde muchos puntos de vista. Su médico personal, el doctor Jaume Padrós, lo consideraba “cruel”. Turull y Junqueras hablaron de escarnio, venganza y humillación. También el presidente Illa, con la habitual moderación, pidió “cordura” a la Audiencia Nacional... y encontró que finalmente la había tenido. Todos, sin embargo, circunscribían la crítica al maltrato personal del presidente Pujol. Joan Vall Clara fue más allá, haciendo notar que a través de esta humillación, lo que querían era hacernos saber “que no dudarán en atemorizarnos, golpearnos en la debilidad y probar de aniquilarnos. Va de eso”. Porque, añadía Vall Clara, Pujol y Puigdemont “son las grandes piezas de caza mayor cuya cabeza quieren exhibir”.
Vicenç Villatoro sugería todavía otro marco de interpretación. En “Los vencedores baten, los vencedores juzgan”, remarcaba que, en el caso, había “un componente simbólico, de ostentación de la victoria, pero también un componente práctico, de cortar las posibilidades de recuperación de los vencidos”. La tesis de Villatoro es muy buena: se ensañan con Pujol y Puigdemont porque piensan —¡porque saben!— que todavía no han ganado suficiente y “que el vencido todavía se mueve”.
Todavía quiero añadir otra dimensión. Aunque tendemos a olvidarlo, los gobiernos no son el Estado. Lo son, pero solo en una pequeña expresión. Pasa que los gobiernos y los partidos son productores compulsivos de discurso, dependientes como son del escrutinio público, y llenan páginas de información, horas de tertulia y la red de mensajes. Pero el Estado y los administradores de sus estructuras –como es la magistratura– no necesitan, de publicidad: la rehúyen. Primero, porque su lugar está garantizado y bastante bien pagado. Y segundo, porque se saben herederos de un bien más general, de más valor, y que se puede resumir en garantizar la unidad de la patria. Y quien dice la unidad de la patria, dice la preservación de los espacios de poder de cada estamento de los que constituyen el Estado.
De manera que tanto da que Pedro Sánchez negocie, pacte y consiga aprobar una amnistía. Y tanto da que el presidente Salvador Illa crea firmemente en su objetivo de “pacificar” el país, a costa de enviar al independentismo a la papelera de la historia, ser amigo personal de Sánchez y mostrarse dócil al Estado y a sus requerimientos. Quiero decir que la cuestión de fondo no es si estos actores políticos prometen de buena fe o no aquello que dicen, si se lo creen. Tampoco sabemos hasta qué punto aquello que dice que ahora piensan y hacen tiene que ver con su debilidad política actual.
Pero tanto le da, porque el Estado prescinde olímpicamente de ello. Prescinde de ello la magistratura cuando llama a Pujol para humillarlo, y no dejará en paz a Puigdemont sin intentar que antes entre en la cárcel. Prescinden de ello las fuerzas del “a por ellos”, que todavía van a por ello. Prescinden de ello los sindicatos ferroviarios y su unidad de intereses “patrióticos”. Prescinden de ello los funcionarios que tienen que dar el visto bueno a inversiones eternamente retrasadas en las “provincias” catalanas mientras se les escapan de las manos a la hora de firmar las de la capital del Estado. Y, claro, prescinden de ello quienes tienen que garantizar la depredación fiscal de los Países Catalanes para hacer permanentes los privilegios de una redistribución no menos patrióticamente diseñada. Y, ya que estamos, que un independentista crea que el juego político de fondo que él representa se juega en unas elecciones españolas y en si gana un frente de izquierdas –las derechas también ya lo habían probado– es de una ingenuidad –o mala fe– que hace caer de espaldas.
En resumen: llevar al presidente Pujol a la Audiencia es cruel, mucho. Es un escarnio: total. Todavía más: son ganas de exhibir un trofeo de caza mayor ante sus tertulianos. ¿Es que no están nada seguros de haber derrotado definitivamente el catalanismo independentista: sin ningún tipo de duda. Pero también el Estado muestra cuál es la verdadera relación política estructuralmente colonial que tiene con los catalanes, ahora a través de la magistratura, abusando cobardemente de la debilidad del presidente Pujol y añadiendo con sarcástica condescendencia –uno de los mecanismos más autoritarios del poder– que lo hace para no caer en el edadismo. ¿Hacen falta más pruebas de quién es el enemigo?
