La crisis de la DGAIA: ¿educación o control?

En 2000 defendí en la Universidad de París 8 una tesis doctoral que cuestionaba el concepto deinfancia en riesgo, un término tan ampliamente utilizado como poco analizado en el ámbito de la atención a la infancia. Había realizado mis prácticas de estudiante de pedagogía en un centro de menores de Justicia. Tuve la suerte de conocer a Oriol Badia, el director, y hoy ese centro lleva su nombre en reconocimiento de su trayectoria y de su compromiso con la justicia social. Esta experiencia más el voluntariado en un centro abierto en el barrio de la Mina llevado por salesianos con jóvenes monitores del barrio, y la dirección de un casal de verano municipal en el Raval, me llevaron a querer investigar cómo encontrar salidas y soluciones a la delincuencia juvenil. En 1989 la Generalitat me becó para investigarlo en París, cuando hacía poco que se había creado la DGAIA. Eran los años que se debatía qué modelo de justicia juvenil y de protección de la infancia quería Cataluña, y mirábamos hacia Europa, especialmente hacia Francia, con el modelo Bonnemaison de política local, comunitaria y preventiva en los barrios.

A medida que profundizaba en la investigación, la propia idea de prevención fue perdiendo sentido. Porque la mirada preventiva anticipa el mal, y etiqueta a niños y familias que demasiado a menudo han visto vulnerado el derecho a la educación ya una vida digna. Con demasiada frecuencia la etiqueta de"riesgo social" aplicada a los niños y niñas respondía más a la necesidad de gestionar la falta de recursos y las limitaciones de los propios educadores que debían hacerse cargo que no a un análisis cuidadoso de la situación de las familias. educativos. Más que una medida de protección, eran formas de control institucional ante las limitaciones para educar a los niños o dar el apoyo necesario a las familias.

La mirada crítica de Donzelot (1977) en La police de las hembras -el trabajo social como policía de las familias- estaba presente también aquí, en un congreso con el título "Educación o control" que se celebró en Barcelona hace más de tres décadas. Ya eran referentes por aquel entonces elEsther Giménez-Salinas y el Jaume Funes, entre otros, que alertaban de los peligros de un modelo más de control que de apoyo y educación, un modelo basado en la retirada de la tutela a los padres y la institucionalización de los niños. Con un enfoque de la protección que a menudo implica un control que estigmatiza y penaliza a las familias más pobres y vulnerables. El caso reciente de una menor de doce años víctima de abusos mientras estaba bajo la tutela de la administración nos obliga a mirar de cara a un sistema que, como dice la síndica de agravios, "no es suficientemente garantista".

Con demasiada frecuencia situaciones familiares que habrían podido ser abordadas con acompañamiento y ayudas acaban convertidas en desamparos. La síndica de agravios, en su reciente artículo en el ARA, lo expresaba con claridad: el sistema "ejecuta" decisiones sin garantías suficientes, a menudo sin una intervención previa suficientemente sólida ni una mirada realmente protectora. Y añade: "Una situación de emergencia puede ser comprensible y aceptable durante un tiempo limitado, pero [...] los niños ven pasar los años y crecen en centros sin solución clara ni estable".

El Informe de la Síndica de 2023 constata que sólo un 2,1% del presupuesto en infancia del departamento de Derechos Sociales se destina al apoyo a las familias, mientras que el 85% se dedica al sistema de protección. Además, Cataluña invierte sólo el 1% del PIB en protección social para la infancia, muy lejos del 2,5% de la media europea. Los servicios sociales básicos, que deberían realizar un trabajo preventivo y de acompañamiento, están colapsados ​​y optan, por falta de alternativas, por derivar casos a la protección. No hay tiempo ni herramientas para realizar un trabajo en profundidad. Se pasa del riesgo a la retirada de la tutela a sus padres, sin margen para la educación.

Esto afecta especialmente a las familias monoparentales, muchas veces encabezadas por mujeres en situación de pobreza. El riesgo de pobreza de estos hogares alcanza casi el 40%. El sistema no es ciego, pero no quiere ver que el problema no son las madres sino las condiciones en las que deben hacer crecer a sus hijos. Y que una retirada de la tutela de los niños –que sería evitable con mayor acompañamiento y más recursos– perpetúa la desigualdad y cronifica el dolor.

La crisis actual de la DGAIA no se resolverá sólo con un cambio de nombre. Hay que escuchar a los educadores que trabajan allí, a menudo en condiciones precarias, y revisar si ha habido malas praxis, sí, pero sin olvidar el reconocimiento a la labor inmensa que realizan muchas entidades del tercer sector. Existe el peligro de desmontar una colaboración entre el sector público y el tercer sector que, bien entendida, es expresión de una sociedad civil comprometida con los derechos de la infancia. Muchas de estas entidades tienen una trayectoria histórica y han asumido con responsabilidad situaciones como la acogida de miles de menores no acompañados. Lo que hace falta es garantizar que una plaza concertada tenga el mismo coste y las mismas condiciones que una pública, y revisar el modelo para asegurar la equidad. Es hora de hacer visibles a los educadores y educadoras que sostienen el sistema desde la trinchera. Hay que revisar, sí, pero también reconocer y preservar lo que funciona y responde con dignidad. Y, sobre todo, recuperar el sentido: educar antes que controlar, ayudar antes que etiquetar y acompañar antes que separar.