'Decreto Maricarmen': ¿quién se dejará intimidar?
Es evidente que ahora mismo la vivienda y la inmigración son determinantes en la opinión pública y simbolizan las preocupaciones de la ciudadanía. La condición humana, en su precariedad, tiene una tendencia natural a la lógica de los nuestros y los otros que fácilmente se decanta hacia la dinámica de confrontación: los buenos y los malos. Esta lógica, presente en todos los niveles de la vida, es capital en política. El principio democrático que otorga el poder (y la aprobación de las leyes) a quien alcanza la mitad más uno de los escaños contribuye a esta actitud.
El acceso a la vivienda –derecho fundamental para la dignidad de las personas– es cada vez más complicado para buena parte de la sociedad. Y la protección oficial no resuelve las necesidades de la población, lo cual convierte el sector en un negocio capital. Cada vez es más difícil tener una vivienda al alcance de quien la busca. Y se dispara la dinámica de señalar culpables. Los grandes tenedores, los que llevan el negocio a los límites, quedan lejos de la vista de la mayoría de ciudadanos. Y, consciente o inconscientemente, se mira de reojo a la inmigración, a esos que vienen de fuera y entran en la búsqueda de vivienda en competencia con los de aquí de toda la vida. Y así se cultiva el resentimiento como si hubieran venido a quitarnos el trabajo y encarecernos la vivienda.
Cíclicamente, ocurre que un acontecimiento lleva un problema al primer plano de la escena pública. Y que al mismo tiempo pone en evidencia a los partidos políticos. Es sensible la dinámica derecha/izquierda, la primera más cautiva de los llamados grandes tenedores y de los intereses de los que simplemente pueden comprar vivienda y hacer patrimonio; la segunda a menudo impotente a la hora de actuar con cierta contundencia contra los abusos de mercado. Y, sin embargo, la situación es grave, y domesticar la gestión de un bien fundamental para cualquier persona tiene muchas limitaciones, porque todos sabemos el poder de los grandes propietarios y su capacidad de intimidación.
Una política reformista, como la que se pretende poner en marcha tras el escándalo del caso Maricarmen, no es evidente. Queda claro que no se puede contar con la derecha. El PP dice que el mercado no se limita, y el nacionalismo conservador, como vemos con Junts, está en un tira y afloja, siempre para salvar los márgenes del negocio. Veremos, al final, qué cae por el camino de la lista de buenos propósitos: incentivos fiscales, más gravámenes para los pisos turísticos, prórroga de contratos hasta el 2028, protección de los desahuciados, limitaciones a la especulación, estabilidad de los contratos, bonificaciones fiscales a los inquilinos, por ejemplo. Y veremos si Sánchez, en horas bajas, es capaz de intentar alguna osadía o simplemente se va acomodando a la resignación. Y veremos cómo se mojan los partidos que están negociando la propuesta del presidente. Si alguien se descuelga, su espacio de proximidad quedará claro. Y si no hay bajas –todos son necesarios para alcanzar la mayoría parlamentaria– tendremos que mirar con detalle los límites de la propuesta, es decir, qué ha sido considerado excesivo y por qué.
En todo caso, es interesante, como ejercicio de cinismo, el golpe de efecto que han querido dar los grandes tenedores de Urbagestión, ofreciendo a Maricarmen, la inquilina de 87 años desahuciada, volver al piso a un precio similar al que pagaba. Casi da vergüenza que haga falta que haya Fronda en la calle para que algunos que viven en la especulación se sientan obligados a hacer el gesto que negaron antes de que el caso llegara a la ciudadanía. Valdrá la pena estar atentos a si se vuelven a encontrar en una situación como esta. Una demostración de que el cinismo no tiene límites. Y que la reacción de la opinión pública puede llegar a inquietar incluso a aquellos que se creen que tienen barra libre para hacer y deshacer y que todo les está permitido. A veces la realidad tiene esta virtud: nos puede hacer ver que también hay límites para aquellos que se creen que no los tienen.
En las sociedades de marco democrático pueden estallar públicamente injusticias que en otros regímenes pasarían desapercibidas. Y, por tanto, se deben aprovechar circunstancias como esta para hacer avanzar las cosas. ¿Pasará la prueba el Parlamento español? ¿Los que tienen resistencias claudicarán? ¿Serán capaces de detener algunas iniciativas sin ponerse rojos? De momento, la que no engaña es la derecha: Vox y PP se han situado allí donde están, al lado de los grandes tenedores, en nombre de la libertad y de los poderosos, por supuesto. Parece que solo queda una incógnita: Junts.