Déficit fiscal y mala financiación autonómica
¿Qué es lo que nos ha pasado durante estas últimas semanas, desde el anuncio de un nuevo modelo de financiación autonómica hasta el colapso de Cercanías que durará, como mínimo, todo este año? La respuesta rápida es: hemos sufrido mucho déficit fiscal y mala financiación autonómica. Prestamos más atención.
Pese a que, para desesperación de los mínimamente entendidos en la materia, la mayoría de la población catalana encuestada por el CEO cree que los problemas ferroviarios son culpa de la Generalitat y no del Estado (administración central, Renfe y Adif), todo lo que ha pasado con la red ferroviaria de Cercanías (y con el AVE) es consecuencia de la infrafinanciación del Estado y de sus extensiones (Renfe y Adif) y, por tanto, es puramente déficit fiscal. Es un gasto que debería hacer el Estado porque las competencias son suyas y la Generalitat no está autorizada a hacerlo. Cuando el gasto es de la Generalitat (como Ferrocarriles de la Generalitat), el gasto se ha hecho y el mantenimiento, también.
Teóricamente, el impacto negativo de todos estos hechos debería motivar al PSOE ya sus aliados, que dependen mucho del voto en Catalunya, a esforzarse más en las inversiones. Al menos, en esforzarse más en el mantenimiento (incluidos los escandalosos robos de cobre, que ahora resulta que les hace personal subcontratado por Renfe y Adif). Los gobiernos de Madrid llevan años dependiendo de los votos catalanes sin que esto se note en muchos de sus servicios esenciales.
El nuevo modelo de financiación autonómica, ¿hasta qué punto puede reducir el déficit fiscal? Algunos autores ya lo han explicado: el incremento del gasto que hace el Estado se paga, para Cataluña, en un porcentaje que corresponde al PIB de Cataluña sobre el PIB de todo el Estado (18,8% según el último dato). Pero dado que el incremento de gasto destinado a la Generalidad de Cataluña será del 22,3%, la parte que se reducirá del déficit fiscal será de poco más de 700 millones de euros. Una reducción de un 4% del déficit fiscal. No es cero pero no es el 23% de reducción que se anunció. Se puede corregir un poco si se tienen en cuenta a las otras administraciones que hay en Cataluña receptoras de fondos estatales: municipios y diputaciones.
En los días pasados se han ido descubriendo otras debilidades del acuerdo firmado entre ERC y el ministerio de Hacienda. Por ejemplo, que el incremento de recursos se mide respecto a la liquidación de 2023, la última disponible, mientras que el nuevo modelo entrará en vigor en el año 2027. Si se realizan algunas estimaciones de los incrementos que se han producido en 2024 y 2025, y de los que se pueden producir en 2026 y 2020 enc. Sólo pensando en incrementos salariales del 2,5% anual, y en un presupuesto de la Generalitat que se acerca a los 40.000 millones de euros, el simple incremento de costes salariales ya se come cerca de 4.000 millones.
En la presentación Junqueras-Montero, todo se argumentó sobre la base de la población ajustada, que debió de ser la manera más elegante que las tres partes (Hacienda, Generalitat y ERC) encontraron para lograr el resultado que buscaban. Pero no nos engañemos, la única manera de calcular los recursos por habitante ha sido y será contando la población presente (que incluye a toda la que tiene derecho a servicios públicos, lo que para muchos servicios a menudo incluye a la población no empadronada, como los propios turistas). Todo lo demás es una falsedad que puede convenir aceptar, pero que es un autoengaño.
La población realmente presente es la que consume, la que produce, la que utiliza servicios públicos; o sea, la que debe contarse. ¿Todos estos servicios cuestan lo mismo en todas las comunidades autónomas? La huelga de los maquinistas de Renfe nos ha servido de recordatorio contundente de la respuesta: no. Los maquinistas comienzan sus carreras profesionales en Catalunya cuando no tienen más remedio, porque es donde hay más vacantes. Pero lo dicen con completa transparencia: en cuanto pueden, huyen de Catalunya, porque la vida es más cara y por la dureza de la conducción en nuestro territorio dado el estado de conservación de la red. El poder de compra varía mucho según la comunidad autónoma. Y su gasto es, principalmente, de contratación de personal. Hay más capacidad de contratación de personal donde el coste de la vida es más bajo, y menos donde es más alto. Ésta es la única corrección que debería hacerse a las cifras de población real. Debe ser población real financiada en términos reales (o sea, a paridad de poder adquisitivo). Solo ese "detalle" destruye la bondad del nuevo modelo de financiación para Catalunya. Si la financiación fuera por población real ya paridad de poder adquisitivo, ya no debería hablarse de ordinalidad: todos estaríamos igual, en términos reales. La liquidación podría realizarse en estos términos: garantizando la igualdad per cápita real. Máxima transparencia y máxima constitucionalidad.