28/05/2021

¿Un dentista municipal?

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Persiana de una clínica dental en Cornellà de Llobregat.
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Barcelona no podrá ofrecer un dentista municipal a bajo coste para toda la ciudadanía. Así lo dice la sentencia judicial que a principios de este mes, y siguiendo el recurso del Col·legi Oficial de Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), afirma que no es una competencia municipal, sino de la Generalitat. Por suerte, el Ayuntamiento sí que puede mantener los servicios de dentista que ofrece actualmente para colectivos vulnerables. Y es que si queremos saber el grado de pobreza de una sociedad no hay nada más fácil que mirar el estado de su salud bucodental.

Los dientes son uno de los elementos más visibles de la pobreza. Y España es uno de los estados de la UE con una cobertura pública dental más limitada. La mayoría de países cubren una parte importante del gasto en salud bucal, que en nuestro país llega casi a los 500 euros por familia y año. Es una medida que aparecía al acuerdo de coalición del PSOE y Unidas Podemos, pero que ha ido perdiendo fuerza a la hora de implementarla. No nos tiene que extrañar, por lo tanto, que según la última encuesta de salud de Barcelona ni un tercio de los ciudadanos de las clases sociales más desfavorecidas habían acudido al dentista a lo largo del último año, principalmente por razones económicas. En cambio, más de la mitad de los que pertenecen a una clase social más privilegiada sí que lo habían hecho. Y la gran mayoría de todas estas visitas se hacen en el sector privado.

Una persona pobre tiene el doble de probabilidades de tener caries que una rica. Esto no solo se debe de al hecho de ir menos al dentista, sino también a los efectos que la alimentación y otros hábitos tienen sobre la salud dental. Y, a la vez, las infecciones bucales se relacionan también con otras patologías físicas y mentales, de forma que garantizar la salud bucodental es mejorar la calidad de vida en muchos aspectos.

Los niños, niñas y adolescentes son la clave para garantizar una sociedad con una salud bucodental mejor. Por esta razón diversas comunidades autónomas ofrecen programas de cobertura pública infantil. A finales del año pasado el Parlament de Catalunya aprobó la ley de la atención pública de la salud bucodental, que pretende ampliar los servicios cubiertos de manera pública. El objetivo es cubrir no solo a los más jóvenes de 14 años y a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, sino también, y a la larga, el total de la población. Pero mientras esta ley no se ponga en marcha varias iniciativas han intentado apoyar a los que necesitan asistencia dental y no se la pueden pagar. 

El consistorio de Ada Colau ha abierto dos servicios de dentista gratuito para personas en riesgo de exclusión social, que están derivadas por los servicios sociales. También, y junto con el Hospital Sant Joan de Déu, se atiende a niños vulnerables y personas sin hogar. Son, sin duda, acciones necesarias e imprescindibles para aquellos que más lo necesitan. De hecho, desde la Fundació Pere Tarrés se llevó a cabo un estudio piloto que revelaba que de los niños en situación de vulnerabilidad socioeconómica en diferentes centros de Barcelona, un 66% tenían problemas dentales que requerían un tratamiento. Unos tratamientos que, con un coste medio de 82 euros por niño, no pueden ser asumidos por sus familias, y que ahora mismo asume la Fundació.

En la incipiente legislatura, en la que el presidente Aragonès se ha comprometido con la justicia social, la atención a la salud bucodental de la ciudadanía catalana tendría que ser una de las primeras prioridades. Hay que implementar la ley de atención pública de la salud bucodental ya aprobada, y garantizar que ninguna persona en Catalunya deje de ir al dentista porque no se lo puede pagar. Las alternativas son muchas, y pasan seguramente por una combinación de medidas, como la provisión pública de algunos servicios, la tarificación social de otras y las subvenciones a colectivos vulnerables. Pero la desigualdad social en salud bucodental no solo es evitable sino que es inaceptable. Para conseguir la justicia social hará falta, más allá de "sacudir el país", revisarle la dentadura.

Elena Costas es economista y cofundadora de KSNet

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