Un diagnóstico inconstitucional
Es el mundo al revés. Bajo la presidencia de Pere Aragonès hablábamos del Hard Rock, del Quart Cinturó y del aeropuerto de El Prat. El programa de ERC se iba diluyendo mientras el PSC, con sus votos decisivos, presumía de marcar la agenda política. Y ahora que es president Salvador Illa, cuando Foment del Treball salivaba pensando en un gobierno business friendly que acabara con "el infierno fiscal" y acelerara con el aeropuerto, resulta que los puntos centrales de la legislatura, gracias al peso de ERC y Comuns, tienen que ver con la vivienda, el control del turismo, la amnistía (pactada en Madrid por Junts) y la situación de la lengua catalana. El único objetivo nuclear que ha conseguido el PSC es adormecer el conflicto, y de paso a la política catalana en su conjunto, lo que debilita el bloque independentista y, según los cálculos de los spin doctors, afianzará la hegemonía del PSC en los años a venir. Se diría que Salvador Illa ha renunciado a la gestión proactiva para satisfacer el objetivo superior de asegurarse una amplia victoria en la próxima convocatoria electoral, sea cuando sea. Paciencia, los socialistas, tienen mucha.
El nuevo Pacte Nacional per la Llengua es también un fruto de la presión de ERC, que puso en marcha los trabajos previos mientras estaba en el gobierno. El Pacte tiene un defecto de fábrica, y es que se autodenomina nacional a pesar de algunas ausencias notables, como Junts y la CUP (la ultraderecha ni está ni se la espera). Que la CUP se quede fuera puede entenderse por su tendencia al maximalismo, pero es más difícil de explicar la posición de Junts, partido que aspira a recuperar la centralidad. Es cierto que al Pacte le falta ambición, pero también es cierto que plantea una serie de medidas muy válidas, bien razonadas, y además un marco de debate innovador respecto a la situación del catalán, un marco en el que el mantra socialista de la "convivencia lingüística ejemplar" queda totalmente impugnado. Así lo han entendido no solo ERC y Comuns, sino también Òmnium Cultural y la Plataforma per la Llengua, que han firmado el acuerdo, aunque desde el recelo. Juntos habría podido apostar por una adhesión crítica y vigilante, pero una vez más se ha dejado llevar por el narcisismo de sus dirigentes, que solo firman las cosas cuando son idea suya.
El Pacte es un documento que plantea un fuerte contraste entre la dureza del diagnóstico y la moderación de las medidas que propone. Para un PSC que hace un año prácticamente asumía el discurso de Ciudadanos, supone un notable viraje. Pero quizá no sea suficiente para revertir la emergencia lingüística que vivimos. Ahora bien: con los límites del marco estatutario (del Estatut no votado, que es el que nos rige) y de la Constitución, no sé si puede irse mucho más allá. Todo lo que no sea poner por escrito que el conocimiento del catalán es un deber –como ocurre con el castellano en toda España– es y será insuficiente. ¿Eso puede desanimar a cierta inmigración hispanófila, a cierto número de expats que no se mueven del inglés? Quizá sea el precio que tenemos que pagar, y yo lo pagaría sin dudarlo.
Todo lo que no sea soberanía, en resumen, nos condena a la subordinación y, a la larga, a la desaparición. Y ahora tenemos un documento –el Pacte per la Llengua– que dice: "La oficialidad del catalán es incompleta, se ve afectada por reinterpretaciones regresivas y a menudo no se puede ejercer de facto [...]. El catalán vive una oficialidad condicional que dificulta el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y pone en peligro el futuro de la lengua". Más claro, agua.