El dilema pendiente de la política catalana
La legislatura actual en el Parlament de Catalunya ha terminado y abre paso a un nuevo período de incertidumbre política. Durante la campaña electoral hubo muchos temas ausentes. Uno de ellos fue el de la gobernanza del territorio catalán; algo que se arrastra desde hace años, pero que no encuentra encaje en la agenda política.
Recordemos que cinco millones de habitantes viven en la llamada región metropolitana de Barcelona, formada por 160 municipios. En otras palabras, el 66% de la población catalana se concentra en el 16% de los municipios, mientras que la mayoría de los municipios de Catalunya –735 de 947, el 77%– tienen menos de 5.000 habitantes y acogen al 10% de la población total. Si nos fijamos en los 36 municipios que conforman el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), agrupan a 3,3 millones de habitantes, el 42% de la población catalana, en un territorio que representa el 2% de la superficie total de Catalunya. La densidad –número de habitantes por kilómetro cuadrado– también es desigual en Catalunya, lo que da lugar a una AMB muy densa –más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado, superando los 16.000 habitantes por kilómetro cuadrado en barrios de Barcelona y Hospitalet de Llobregat–, y un interior mucho menos denso, con muchos municipios donde la densidad no alcanza los 10 habitantes por kilómetro cuadrado.
¿Cómo gobernar un territorio tan desigual? ¿Cómo encontrar fórmulas de geometría variable para dar respuesta a los distintos retos, tanto en el ámbito rural como urbano? En los últimos años, ha habido diversas reflexiones, tanto desde el ámbito académico como desde entes privados, que cuestionan la eficiencia del modelo actual para responder a los retos más acuciantes de las áreas más urbanizadas, como son la crisis climática y habitacional. Por nombrar algunas, asociaciones diversas como son el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, el Círculo de Economía, la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales de Fomento del Trabajo, Fem Vallès, la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano, la Asociación de Empresarios del Baix Llobregat, el Centro de Estudios Comarcales del Baix Llobregat, CIDOB y Barcelona Global han puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar la gobernanza metropolitana de Barcelona.
El dilema metropolitano de Barcelona presenta distintas opciones de cambio institucional. Una solución sería crear el Consejo de Veguería de la región metropolitana de Barcelona, un espacio de cooperación municipal y descentralización de la Generalitat. Sin embargo, la sentencia desfavorable del Tribunal Constitucional y la falta de voluntad de los gobiernos españoles para redibujar provincias y diputaciones en Catalunya la hace poco probable. Otra alternativa sería que la Diputación de Barcelona asumiera el impulso a la gobernanza metropolitana. Sin embargo, la provincia abarca un territorio más extenso –311 municipios– y las responsabilidades de la Diputación se centran principalmente en apoyar a los municipios pequeños y medianos, no a las ciudades metropolitanas. Una tercera opción sería ampliar el AMB a más municipios de la región metropolitana, incluidos los más importantes, aunque esto podría generar duplicidades con la Diputación e incluso revivir viejas tensiones con la Generalitat. Por último, cabría la posibilidad de implementar soluciones de carácter sectorial y ad hoc a partir de la creación de consorcios entre municipios, AMB y la Generalitat, como ya existe en el ámbito de la movilidad –Autoritat del Transport Metropolità–, aunque esto podría hacer aún más complejo el denso panorama institucional actual. Sea como sea, cualquiera de estas soluciones implicará reajustes, resistencias, ganancias y pérdidas en las relaciones de poder territorial. Y, además, implicaría revisar todos los entes locales de Catalunya, incluyendo las comarcas, para simplificar la organización actual.
Pero existe vida urbana más allá de Barcelona. Capitales de comarca como Manresa, Vic o Igualada se sitúan en la frontera de la región metropolitana, con un rol incuestionable en el ámbito comarcal pero más periférico en el conjunto del territorio. Asimismo, las áreas urbanas de Girona y Tarragona-Reus no son comparables a la barcelonesa, pero requieren también políticas comunes en temas como el urbanismo, la movilidad o la vivienda. Además, los municipios situados en un entorno rural también necesitan servicios y equipamientos adecuados a su tamaño. Así, un debate sobre la organización territorial de Catalunya debe tener en cuenta la diversidad de los pueblos y ciudades, pero al mismo tiempo entender las interdependencias que existen entre ellos. No podemos tratar como realidades aisladas a municipios tan diferentes, pero tampoco podemos dar respuestas uniformes. Habrá que ver si estas cuestiones tienen cabida en la próxima legislatura y se encuentran fórmulas imaginativas de la gobernanza del territorio.
