La gestión pública de un gobierno es siempre un compromiso entre el ejercicio de las funciones administrativas consolidadas y las innovaciones que impulsa la política. En correspondencia, tenemos personal funcionario, más centrado en garantizar lo primero, y personal político, más centrado en lo segundo. La gestión será buena si el encaje de motivaciones y talantes de los dos colectivos es bueno, y si el nivel de competencia de unos y otros es alto. Idealmente, el conservadurismo natural del funcionario se verá temperado por el empuje del personal político, y viceversa. Nota: el contraste del funcionario competente y el político incompetente es una caricatura. En los dos colectivos hay de todo.
Los esfuerzos para impulsar una administración altamente competente deben ser bienvenidos. El gobierno catalán acaba de presentar un proyecto de ley para un aspecto: el de directivo público. Lo comento.
Es un texto breve y bastante abierto. Los errores que se puedan cometer en normativa posterior serán más corregibles que los que ya estén en la ley.
Con algunas excepciones (todas razonables) se distinguen tres tipos de directivos públicos.
Subdirectores generales. Se dibuja un modelo funcionarial no muy diferente del que ya tenemos. Se entiende que una subdirección general sea una posición de funcionario, pero no tanto que, como se establece, ya se deba serlo (nivel A1) para concursar. Un test para mí relevante es si una catalana que ha hecho un máster en la London School of Economics o en el Col·legi d’Europa en Brujas, y que ha iniciado una carrera profesional en Londres o en la UE –pero que no es funcionaria de la Generalitat–, podrá concursar para la posición directiva. Si leo bien el articulado, la respuesta es negativa. Una lástima. En todo caso: si, como parece, los subdirectores lo serán por promoción interna, fomentar la competencia dependerá de las iniciativas formativas dirigidas a los trabajadores públicos. Un tema clave a cuidar.
Directivos de entidades del sector público. En síntesis: se ratifican y generalizan las mejores prácticas actuales. En particular, es bueno que los nombramientos queden aislados de ciclos políticos. Como se buscan perfiles profesionales, habría que refinar el criterio de formación de los comités de selección (para todas las tipologías de directivo). El texto, en un artículo 5.4 claramente mejorable, dice que sus miembros los nombra el gobierno “entre personas de reconocido prestigio profesional o académico en materia de recursos humanos y administración pública”. Cambiaría la “y” por una “o” y añadiría "expertos en el área temática del nombramiento". Un aspecto positivo es el reconocimiento de que para la incorporación de talento directivo la política de remuneraciones no se puede referenciar solo a la administración misma, hay que hacerlo también al entorno económico relevante. Un aspecto dudoso es permitir solo dos niveles. Mejor tres.
Directores generales (y de servicios). La posición de director general no está restringida a funcionarios, puede ser un contratado laboral. Esto es bueno: vaso medio lleno. Mi máster del Colegio de Brujas podrá optar. Pero debo decir que en esta categoría es donde hay el cambio más importante y donde confieso que tengo perplejidades y dudas. Hasta ahora, como en Francia, cuando se forma un nuevo gobierno los directores generales no pierden su puesto automáticamente, pero el nuevo gobierno puede cesarlos y nombrar nuevos. Y se ha visto de todo, incluidos directores generales que por el peso de su competencia han sido renovados por un gobierno tras otro. Salvo una reserva del 20% que no sé cómo encajará, ahora se quiere pasar a un modelo británico en el que los directores generales son fijos, con contrato de siete años. El caso alemán sería intermedio. Yo temo que un injerto británico impuesto a un diseño de administración tan francés como el nuestro no funcione. Creo que es adecuado que los directores generales los nombre el gobierno, pero no, por ejemplo, que un nuevo gobierno solo pudiera contar con directores generales de la sensibilidad propia de gobiernos anteriores. Como mínimo, habría que garantizar que no haya oleadas sincrónicas de nombramientos (coincidentes o no con el periodo electoral). En concreto: que cada año se pueda renovar una séptima parte.
Ningún gobierno tiene interés en nombrar incompetentes. Puede que no sepa lo suficiente o que deba favores. Es sobre estos factores que habría que actuar: observatorios, periodos de información. Mucha, mucha luz. Pero yo no considero un defecto que a un director general lo motive la pasión política. Y también pienso que sería óptimo que su profesionalización emergiera por decantación natural. Ya tenemos muchos buenos ejemplos.
