Es un lugar común afirmar que la política consiste en elegir la menos mala de dos alternativas deficientes y que la democracia sirve para echar a quien no lo hace bien. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en 1776, Thomas Jefferson escribió que “todos los hombres son creados iguales y son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad”. Los ciudadanos tenemos el derecho de ser libres y tratar de ser felices.En España, hace años que nos encontramos enfrascados en un enfrentamiento que ha convertido la política en una guerra de comunicación donde todo vale para perjudicar al adversario, ya convertido en enemigo. Nos hemos alejado de los principios proclamados por Jefferson y practicados por Adams, y hemos construido un entorno político fundamentado en lo negativo y malo más que en lo bueno y positivo, y en el hecho de que decir mentiras es "legítimo" si resulta eficaz. "La política es esto", dicen. No lo es.No importa que una persona no haya incumplido la ley o no haya abusado de su poder si puedo acusarle, con falsas razones o medias verdades, de hacerlo. Una vez iniciada la acusación, las redes sociales harán el resto y, desde el anonimato, convencerán a muchos de que es verdad lo que no es cierto. El problema es que el enemigo de la verdad no es la mentira, sino la media verdad, que, al contener parte de veracidad, hace difícil discernir el grado de falsedad.
Lo que resulta sorprendente –o quizás no tanto– es la coincidencia de la comunicación pública de diversos casos de corrupción que afectan a la izquierda y la incriminación excesiva –y a veces injustificada– de algunos informes policiales, que parecen más escritos de acusación que de información. Algunos llegan a ser incluso cómicos, como en el caso de Begoña Gómez y del fiscal general del Estado. Esta situación no se ha dado ni con la misma frecuencia ni con la misma intensidad en los casos de la derecha. Quizás esto tiene relación con el hecho de que la transición relevó a los mandos militares de la extrema derecha, pero no lo hizo a la justicia. La eficacia y pulcritud de Serra y Ledesma, ministros, respectivamente, de Defensa y de Justicia, no fue la misma.Las próximas elecciones pueden plantear la elección entre una opción política de moderación y fraccionamiento, y una de extremismo y monolitismo. Pero hay una certeza indiscutible: la segunda acusará a la primera de corrupción y latrocinio, en línea con lo que ha hecho los últimos dos años. ¿Es posible que alguien no cegado por la ideología pueda defender que si gobiernan PP y Vox habrá menos corrupción que con el PSOE, los partidos a su izquierda y los nacionalistas y regionalistas?Hay que recordar los casos más conocidos de unos y otros. En el PSOE: GAL, Filesa, Roldán, Guerra, ERE Andalucía, Ábalos y Koldo… Y en el PP: Gürtel, Guateque, Arena, Fabra, Naseiro, Púnica, Kitchen, Bárcenas, operación Cataluña… Lo que sí es cierto es que el PP tiene más del doble de dinero judicializado que el PSOE. Votar cualquiera de estos dos partidos para evitar la corrupción es una opción de consistencia escasa e ingenuidad profunda. España es un país de corrupción arraigada, con una justicia lenta y un sesgo a la derecha. Presentar un programa de gobierno con una reforma seria de la justicia tampoco sería útil, porque su implementación requeriría un acuerdo transversal en el Congreso que, por la misma naturaleza del conflicto, devendrá imposible. Una iniciativa de estas características tendrá, necesariamente, resultados escasos.
Partiendo de esta conclusión, que ninguno de los dos grandes partidos –arraigados en el ejercicio del “y tú más”– aceptará, habrá que decidir el voto para las próximas elecciones de acuerdo con quién creará más calidad de vida para la ciudadanía, quién será capaz de crear más riqueza y de repartirla mejor, quién establecerá un debate social menos agrio y tensionado, quién hará una política autonómica más justa y tranquila, quién contribuirá más a serenar los ánimos… Pero olvidémonos de llevar a cabo grandes reformas: no saldremos adelante en un país ahora partido en dos, con un enfrentamiento caínita y donde importa más el daño al adversario que el beneficio mutuo. Construir el diálogo social y la política sobre el odio y el exceso, en lugar de hacerlo sobre el respeto y la moderación, es un error. El más perjudicado es quien lo practica, pero la sociedad también lo sufre. España ha pasado por períodos de conflicto y enfrentamiento: la derrota en Cuba y las Filipinas en 1898, la Guerra de África y la Semana Trágica, en 1909, la Guerra Civil, ETA… Que se han alternado con épocas de consenso y entendimiento, con la transición a la democracia de 1977 y la llegada de la izquierda al poder en 1982 como las más decisivas. Con la Transición, nos pensamos que habíamos roto para siempre con “las dos Españas”, pero 50 años después volvemos a estar en un punto de conflicto. La diferencia sustantiva es que ahora somos políticamente parte de Europa y las palizas de los dibujos negros de Goya son más difíciles. Antes era el asesinato; ahora, la agresión mediática y dialéctica. Habría que que la ciudadanía, de la derecha y de la izquierda, constatara el daño que supone para todos este camino. Además de la ocasión perdida que implica: mientras nos peleamos y hacemos daño, no avanzamos.
Aunque parezca imposible a corto plazo, seguro que las futuras generaciones –más educadas, más competentes y, sobre todo, más internacionales– lo cambiarán. Nada es eterno.
