En la política no todo deben ser proclamas y gestualidad. También hace falta pragmatismo. En resumen, ser prácticos para que los ciudadanos, los administrados, tengan la sensación de que no se les deja a un lado cuando van mal dados. Y ésta parece ser la vía que ha emprendido el gobierno español con el paquete de medidas destinado a paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. El conflicto, cuyo final se vislumbra lejano, ha disparado los precios del gas y del petróleo y, por tanto, de todo lo que se deriva, como los carburantes y las tarifas de la luz. Por eso las medidas anunciadas por Pedro Sánchez supondrán unos 5.000 millones de euros, lejos de los más de 20.000 millones movilizados en el 2022 a raíz de la invasión de Ucrania –pero todavía estamos en los inicios e ignoramos cuánto puede durar la guerra.
El primer decreto está centrado en rebajar la fiscalidad de la energía, uno de los servicios más afectados por el impacto de la crisis en Oriente Medio, y uno de los que pueden esparcir sus efectos en el conjunto de la economía. Además de rebajar el IVA de la electricidad y del gas del 21% actual al 10%, así como de las materias primas de biomasa, como los pellets y la leña, se elimina de forma temporal el impuesto sobre la producción energética, que tiene un tipo del 7%, y se rebaja del 5,5% al especial, 0,5%. También se congela los precios máximos de venta del butano y propano.
El IVA también baja para la gasolina y el gasóleo, lo que conllevará la rebaja, según la Moncloa, de unos 30 céntimos por litro cuando se llene el depósito. Hay organizaciones de consumidores que calculan que la reducción será de unos 17 céntimos para el gasóleo, que es lo que más ha subido. Un punto esencial, que también se incluye en el decreto, es el de otorgar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) nuevas capacidades de supervisión y sanción para evitar que existan operadores que aprovechen la rebaja fiscal para aumentar los márgenes y enriquecerse. Éste es un elemento esencial para impedir que el recorte tributario beneficie a más determinadas empresas que los ciudadanos y, por tanto, contribuyentes.
Se incluyen también medidas destinadas a los más vulnerables, relacionadas con el bono social eléctrico, el térmico y la prohibición de cortarles los suministros básicos (agua y energía). Son importantes igualmente las ayudas al sector agroalimentario –que no sólo sufre el encarecimiento del combustible sino también de los fertilizantes–, así como a las industrias llamadas electrointensivas, para evitar que un conflicto que nos es ajeno acabe perjudicando a las empresas.
En cuanto a las medidas relacionadas con la vivienda, como la prórroga de dos años en los alquileres, que han provocado una fuerte tensión entre la parte del PSOE y la de Sumar en el ejecutivo español, Sánchez ha optado por el pragmatismo. Por eso se incluyen en otro decreto, sabiendo que Junts volverá a ponerse del lado del PP y Vox y votará en contra. Sólo la necesidad de los de Yolanda Dìaz de diferenciarse de sus socios socialistas ha hecho que exista ese otro texto, destinado, inicialmente, a la derrota.
En todo caso, ante la bronca política y tratando de reojo la composición del Congreso, Sánchez opta por un escudo social posible en lugar de lo que quizás sería más deseable.
