Escuela vigilada en el País Valenciano

El curso escolar ha comenzado en el País Valenciano con una novedad que nos ha de poner a todos en alerta. El gobierno del PP y Vox de la Generalitat Valenciana ha aprobado la reforma de la ley que denominan "de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización", un enunciado átono detrás del cual hay la medida antidemocrática de implantar un sistema de vigilancia y control ideológico —con delaciones incluidas— en las escuelas y centros de enseñanza pública del País Valenciano.El Consell presidido por Juan Francisco Pérez Llorca (el suplente de Mazón, que hoy en día vive espléndidamente ocupando un escaño de diputado enriquecido con una paga como presidente de una comisión parlamentaria que no se reúne) ha encargado por ley a la Inspección Educativa una tarea singular: “velar por la neutralidad ideológica” dentro de las aulas. Es decir: una supervisión estricta de las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos que se celebren en las escuelas, para evitar cualquier forma de “adoctrinamiento”. La reforma también incluye la creación de canales o buzones de denuncia anónima. Tal como lo leen: los padres que lo consideren oportuno podrán denunciar directamente, y sin dar nombre ni cara, a aquellos maestros y profesores que, según ellos, hayan infringido la “neutralidad ideológica”, hayan cometido “adoctrinamiento” o hayan roto otra cosa que el PP y Vox consideran fundamental: la “libertad lingüística”. Es decir, que tengan la pretensión de impartir las clases, o hacer las actividades o las pruebas académicas, en catalán. O en valenciano, como ustedes quieran. Recordemos que hablamos de los mismos gobernantes que también han producido una normativa para excluir a los escritores catalanes y baleares de las asignaturas de lengua y literatura, con el argumento —nada adoctrinador e ideológicamente neutral— de que “no son valencianos” y que “no escriben en valenciano”. Es la mezcla de autoritarismo y odio a la cultura y a la escuela pública que de toda la vida constituyen las señas de identidad de la extrema derecha. Ahora, sin embargo, convertida en ley, que pretende convertir la escuela pública en un escenario de conflictos y miedos que den una nueva dimensión a la triste expresión “guerra cultural”, en la que la libertad de cátedra, y con ella las libertades constitucionales, sean revocadas. Es una exhibición particularmente descarada del neofranquismo de la derecha española (PP y Vox, repitámoslo) y de la involución democrática que representa.Sindicatos y entidades docentes del País Valenciano ya han denunciado la voluntad de Pérez Llorca y su Consejo de atemorizar a los docentes y de imponer un pin parental encubierto o una policía ideológica dentro de las aulas públicas. Este sábado 12 hay convocada una gran manifestación en Valencia que dará el pistoletazo de salida a un curso que se prevé lleno de movilizaciones. Pero vuelvo al comienzo: este no es un problema “de los valencianos”, sino que nos afecta directamente a todos. Si esta es la muestra, es fácil prever por dónde irá la política educativa de un gobierno español controlado por Vox y el PP.