05/05/2022

Espionaje: Sánchez debe rectificar

2 min
La directora del Centro  Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, llega acompañada del secretario de Estado  de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, para comparecer ante la comisión de control

Tras demasiadas piruetas, demasiada improvisación y demasiadas huidas hacia adelante para intentar salir del paso, al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se le ha acabado el margen de maniobra con el doble caso de espionaje de estado Pegasus y Catalangate. El escándalo en estos momentos ya es tan grave como enrevesado. Queriendo tapar el caso catalán, ha acabado destapando la oscura realidad de un auténtico descontrol de los servicios de espionaje del Estado, que, si tenemos que creer lo que dice la Moncloa, pueden actuar sobre dirigentes políticos de primera fila sin ajustar cuentas con ningún superior político y ni siquiera son capaces de garantizar la privacidad del móvil del presidente del país y de sus principales ministros. Puede que Sánchez ponga orden. Si no es por su credibilidad democrática, que sea por lo menos por su seguridad.

Solo faltaba que este jueves, en la comisión de secretos oficiales del Congreso, se revelara que el CNI espió al president Pere Aragonès (vicepresidente en el momento de ser espiado) con autorización judicial y supuestamente sin que lo supiera la Moncloa. Si en efecto no lo sabía, mal; y si lo sabía, peor aún. El hecho, además, de que se hiciera con autorización judicial tampoco es muy tranquilizador. Al contrario: no hay ningún motivo de seguridad para el Estado que justifique ese espionaje. La única razón evidente, reconocida además de forma reiterada y descarada por la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, es la ideología independentista del dirigente catalán. Estamos hablando, pues, de un espionaje ideológico, político. Un tipo de macartismo. Pero es que el despropósito no se detiene aquí. Porque por si esto no fuera suficiente, resulta que, además, mientras era espiado, el líder republicano catalán y su partido, ERC, tenían un papel parlamentario decisivo a la hora de garantizar la gobernabilidad del Estado y a la hora de intentar reconducir el pleito soberanista catalán con una mesa de negociación con el mismo gobierno español que le espiaba. Todo ello inaudito.

Estamos ante un esperpento mayúsculo, estratégicamente inconcebible y democráticamente vergonzoso. En cualquier democracia madura un espectáculo así habría tenido consecuencias políticas. ¿Cómo puede ser que aquí todavía nadie haya asumido ninguna responsabilidad? Pretender que se puede salir del paso con una mera comparecencia técnica en la comisión de secretos oficiales es no entender la gravedad de los hechos. La situación de la directora del CNI, Paz Esteban, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ahora es ya insostenible. Pedro Sánchez no puede seguir simulando que no pasa nada. Si quiere restaurar la credibilidad de su gobierno, no solo ante los socios parlamentarios independentistas, sino también de cara a los socios de coalición de Unidas Podemos –que ya le han pedido la dimisión de Robles–, no le queda más remedio que rectificar y actuar. O afronta de cara los errores cometidos por acción o por omisión o solo contribuirá a degradar más la credibilidad del estado de derecho y a dejar definitivamente tocada la estabilidad de su gobierno para lo que quede de legislatura.