BarcelonaEste domingo la extrema derecha de la AfD ha ganado las elecciones de Sajonia-Anhalt con un 43,8% de los votos. Pero hay otro dato que, para quienes miramos las ciudades y la arquitectura como algo más que piedra y fachadas, resulta especialmente inquietante: en Sajonia-Anhalt está Dessau, y en Dessau está la Bauhaus.
Durante los últimos años, la AfD ha ido situando a la Bauhaus en el centro de su batalla cultural. En 2024 ya la calificaba de "Irrweg der Moderne", un "camino erróneo de la modernidad", y en esta campaña ha contrapuesto el "Think modern", vinculado a la Bauhaus, con su propuesta de "Think german". La Bauhaus, sin embargo, no es hoy solo uno de los grandes legados de la arquitectura moderna europea. En 2020 la Comisión Europea impulsó la Nueva Bauhaus Europea y en 2022 el Parlamento Europeo le dio apoyo formal, vinculándola a una Europa más sostenible, inclusiva y habitable. Atacar hoy la Bauhaus es, también, discutir una determinada idea de Europa.
La historia no se repite, y sería demasiado fácil decirlo, pero hay mecanismos del poder que vuelven una y otra vez. La Bauhaus fue obligada a cerrar en 1933 por la presión nazi, y algunos de sus grandes nombres, como Walter Gropius, Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Josef y Anni Albers y László Moholy-Nagy, tuvieron que continuar su trayectoria fuera de Alemania. Aquello que el nazismo quería expulsar acabó esparciéndose por el mundo.
El fascismo entendió muy pronto que no bastaba con gobernar las instituciones, sino que también había que gobernar el imaginario, y la arquitectura, por su capacidad de dar forma física a una determinada idea de sociedad, era una herramienta extraordinaria para hacerlo. Albert Speer, arquitecto personal de Hitler y posteriormente ministro de Armamento del Reich, lo llevó al extremo. En Núremberg, las grandes explanadas, los ejes, las tribunas, las banderas y los miles de personas ordenadas dentro de un mismo espacio construían una imagen muy concreta, en la que el individuo se hacía pequeño mientras el régimen se hacía inmenso.
Pero sería un error identificar el fascismo con un único estilo arquitectónico. En la Italia de Mussolini convivieron el monumentalismo de raíz clásica y el racionalismo, porque la cuestión no era tanto el estilo como la instrumentalización que se hacía de él. Mussolini no solo quería construir el futuro, necesitaba también elegir qué arquitectura del pasado debía explicarlo. En Roma aisló monumentos, monumentalizó los restos de la antigüedad y abrió grandes ejes como la Via dell’Impero, mientras desaparecían tejidos urbanos enteros para construir aquella imagen de una Roma eterna e imperial.
No todo el pasado servía y, por tanto, había que seleccionarlo. Unas arquitecturas se ponían en primer plano y otras desaparecían, y se construía una continuidad aparente entre la Roma imperial y la Italia fascista. La arquitectura se convertía así en un instrumento para legitimar el poder, fabricar pertenencia y presentar una determinada visión de la sociedad como si fuera natural y hubiera existido desde siempre.
Precisamente por eso, explicar estas arquitecturas no significa defender acríticamente la conservación de cualquier rastro material del fascismo. No todo edificio de una dictadura debe convertirse en patrimonio, ni conservar quiere decir honrar. Corresponde a las sociedades democráticas decidir qué se conserva, qué se transforma, qué se contextualiza y qué puede desaparecer, siempre desde el conocimiento y no desde el olvido.
Hay, además, otra manera de entender la relación entre arquitectura y política que en Cataluña conocemos bien. La Generalitat republicana de Macià y Companys también apostó por la arquitectura más avanzada de su tiempo, pero no para monumentalizar el poder, sino para ponerla al servicio de la gente. Sert, Torres Clavé y Subirana, desde el GATCPAC, proyectaron la Casa Bloc, promovida por la Generalitat como vivienda para trabajadores, con luz, ventilación, espacios verdes y servicios comunitarios; y el Dispensario Antituberculoso, encargado en 1934 por el departamento de Sanidad y Asistencia Social, hacía de la arquitectura moderna una herramienta de salud pública en el corazón del Raval.
En el fondo, son dos maneras radicalmente diferentes de entender al ciudadano: como una pieza pequeña dentro de la representación del poder o como el destinatario último de la acción pública. La arquitectura no es democrática o autoritaria por la forma de las ventanas o por los materiales que utiliza, sino por la sociedad que ayuda a construir, para quién está pensada y por aquello que el poder pretende hacer a través de ella. Unos levantaron escenografías para que el ciudadano se sintiera pequeño ante el régimen; los otros quisieron que la modernidad entrara en casa de los trabajadores, en las escuelas, en los hospitales y en los dispensarios.
Es aquí donde la arquitectura acaba convirtiéndose en patrimonio, porque el patrimonio no es solo aquello que nos llega del pasado, sino también aquello que decidimos conservar, interpretar y transmitir a las generaciones futuras. Una sociedad democrática debe ser capaz de explicar todas sus capas, también aquellas que incomodan, pero sin confundir memoria con homenaje ni conservación con legitimación.
Los edificios no votan y las piedras no tienen ideología, pero podemos seleccionarlas, ordenarlas, monumentalizarlas, silenciarlas o destruirlas para explicar una determinada historia. También podemos explicarlas desde el conocimiento, contextualizarlas y hacer visibles las contradicciones que contienen. Esta es probablemente una de las responsabilidades del patrimonio en democracia.
El fascismo lo ha sabido siempre. Por eso, cuando alguien decide qué arquitectura merece representarnos, ya no está hablando solo de edificios: está empezando a decidir qué sociedad quiere construir.
