El gobierno del Estado ha dado por roto el acuerdo de ampliación de El Prat pactado el 2 de agosto con el Govern de la Generalitat y, por lo tanto, ha dado por suspendida la inversión de 1.700 millones con el objetivo de convertir el aeropuerto en un hub internacional respetando los humedales de la Ricarda. La ministra de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha justificado la inesperada y drástica decisión esgrimiendo la "pérdida de confianza manifiesta" con el ejecutivo catalán, que los últimos días había ido marcando distancias y había insinuado la participación de algunos consellers de ERC en la manifestación convocada contra la ampliación. Sin duda, la incoherencia en este punto dentro del gobierno de Aragonès –no se puede firmar un acuerdo y a la vez movilizarse en su contra– ha facilitado la maniobra de un ejecutivo de Pedro Sánchez en realidad también dividido respecto a la cuestión, con el socio minoritario de Podemos haciendo explícita su oposición a la ampliación. De hecho, la vicepresidenta Yolanda Díaz había anunciado la visita este jueves a la Ricarda junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también contraria al acuerdo impulsado por Aena con el apoyo de los gobiernos español y catalán. La Moncloa, pues, ha optado por quitarse de encima un problema sacrificando un proyecto complicado, que le debilitaba políticamente y que, además, tenía una notable oposición ciudadana y la incógnita de cuál sería la postura de Bruselas respecto a la Ricarda en relación a la red Natura 2000.
El resultado de todo es que ahora mismo, si nadie pone remedio en los próximos días, una infraestructura clave de país no recibirá el impulso largamente reclamado por la sociedad catalana. Solo hay que recordar el acto del IESE del 2007. Los lógicos recelos que diferentes sectores habían expresado, tanto desde el punto de vista ambiental como de desconfianza respecto a las verdaderas intenciones de Aena –¿en realidad se quería un hub o solo incrementar la capacidad de viajeros low cost?–, no podrán ser contrastados a través de una negociación seria y transparente. La triste sensación es que unos y otros no se han atrevido a negociar de verdad, lealmente y técnicamente. Ha prevalecido el cálculo partidista y el miedo al ruido de las redes. La dificultad objetiva de cuadrar la ampliación con el respeto al entorno natural pedía un trabajo de precisión que no parece que nadie haya querido abordar seriamente.
En todo caso, la ruptura unilateral del acuerdo por parte de la ministra es un mal augurio respecto a las intenciones reales del ejecutivo con Catalunya. Si la ampliación de El Prat era tan importante para el futuro económico del país –y lo es–, no se puede despachar con esta frivolidad. Se tendría que haber intentado hasta el final encontrar un consenso cuanto más amplio mejor. La promesa, como premio de consolación, de que llegarán otras inversiones largamente pendientes es una cantilena que hemos escuchado demasiadas veces. Ojalá fuera verdad esta vez. Lo que pasa es que, con la experiencia acumulada, la credibilidad inversora del Estado en infraestructuras en Catalunya es nula.
