La financiación autonómica: la misma historia de siempre
BarcelonaEl ministerio de Hacienda ha hecho llegar a las comunidades autónomas un informe redactado por sus propios expertos sobre cuál tiene que ser el cálculo sobre la población ajustada de cara a una eventual reforma o revisión del sistema de financiación autonómica. La manera en la que se calcula la población es la clave de todo el sistema, puesto que determina cuántos recursos se reciben. El sistema no asigna el dinero en función del número de personas que habitan cada comunidad, sino que ajusta esta cifra con otras variables como por ejemplo la edad o la dispersión geográfica, que se considera que encarece los servicios. Este hecho perjudica a comunidades, como por ejemplo Catalunya, que tienen la población más concentrada y no especialmente envejecida. De allí que desde la Generalitat se haya defendido incluir también otros parámetros, como por ejemplo el coste de la vida, que introducen una distorsión en la financiación autonómica.
El principio es muy claro. Un euro no compra lo mismo en Catalunya que en Extremadura, de forma que construir o mantener una escuela o un centro de salud resulta más caro, de media, aquí que allá. Esto también se refleja en los sueldos, así que el mismo salario público en Catalunya no comporta el mismo poder adquisitivo que en otra parte. Por lo tanto, parece razonable incluir esta variable a la hora de hacer un cálculo esmerado de las necesidades de cada comunidad autónoma para garantizar una financiación correcta de los servicios públicos en todo el territorio del Estado. Pues bien, en la propuesta de los expertos del gobierno español, esta idea se desestima porque, afirman, "no parece que un índice de precios del consumo de las administraciones, con las dificultades que puede suponer, pueda aportar mejoras al sistema".
En realidad, con este documento el gobierno español ya está enseñando cuál es su idea: introducir correcciones en el sistema actual para evitar algunas distorsiones que se producen en la actualidad, pero en ningún caso plantearse una reforma a fondo que acabe con los desequilibrios de fondo. Lo que está sobre la mesa, pues, es una simple revisión del sistema pactado entre Antoni Castells y Elena Salgado en 2009, y que la mayoría de expertos consideran confuso y poco transparente, además de provocar grandes diferencias entre comunidades autónomas. Así, según los datos de liquidación del 2018, Cantabria dispuso de 3.400 euros por habitante, y el País Valenciano, de solo 2.400: 1.000 euros menos. En el caso de Catalunya la cifra fue de 2.664. No hay ningún ajuste que pueda justificar estas diferencias, y por eso es necesario un cambio estructural.
Es posible que con la propuesta de Hacienda se corrijan algunas de estas distorsiones, pero en ningún caso estamos ante una panacea que pueda resolver ni la infrafinanciación crónica ni el déficit fiscal de Catalunya. Esta solución solo podría venir de un sistema propio como el del concierto. Eso sí, el Govern tiene la obligación de luchar por cada euro que pueda venir a Catalunya y aprovechar su influencia política en beneficio de lsus ciudadanos. Y esto significa hacer propuestas y establecer alianzas con territorios como el País Valenciano y las Baleares, con quienes se comparten los mismos problemas, para que el resultado no sea la misma historia de siempre.
