Financiación: un futuro incierto
Quisiera ofrecer una valoración analítica, alejada de apriorismos, sin entrar en detalles, pero sí considerando los rasgos estructurales más básicos de la nueva propuesta de financiación. No creo que puedan anticiparse totalmente sus efectos en resultados finales, a pesar de los importantes trabajos relativos a cifras y rankings de ordinalidad elaborados por ejemplo por FEDEA y por este mismo diario a partir de fuentes gubernamentales. Nos faltan algunos detalles sobre qué existen en los denominadores de los ratios y cómo se han hecho los cálculos del acuerdo. Las cifras finales son malas de garantizar, más allá del dinero que uno puede creer que de una forma u otra (y si quiere el gobierno español actual), hará llegar a cada comunidad. Pero no creo que la nueva fórmula, en manos de algún otro gobierno, garantice la ordinalidad. Y está claro que no es lo mismo situarse tercera en el orden de recursos per cápita con un euro por debajo de la segunda que con un euro más per cápita que la cuarta. Creo que es por eso que, en relación con la ordinalidad, la ministra no se ha mojado más allá de asegurarla voluntariosamente para Cataluña en 2027.
En todo caso, a pesar de los reproches de unos y otros, cabe decir que la propuesta presentada no supone un nuevo sistema de financiación. No es singular para Cataluña, aunque resulta relativamente beneficiada (pero no sólo ella: también Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana). No saca a Cataluña del régimen común. No es el fiel reflejo del acuerdo de investidura del presidente Isla. No es un pacto con concierto solidario. No se compromete con la deseada ordinalidad. Tampoco es la propuesta en la que trabajó durante casi un año la comisión catalana de reforma de la financiación impulsada por la Generalitat de Catalunya (por cierto, ¿qué se ha hecho?) No es un modelo basado en las capacidades fiscales de cada comunidad: sigue siendo un modelo garantista de estimación de necesidades con escasa responsabilidad fiscal efectiva.
La propuesta esalgo más simple que el sistema vigente. Agiliza la tesorería de las comunidades. Aunque los resultados se acaban leyendo en ganancias relativas y no absolutas, se trata de un modelo que, en base a poner más financiación, permite declarar que todas las comunidades "ganan". Es, tal vez, el único acuerdo posible, aunque poco probable que salga adelante, a la vista de la actual correlación de fuerzas estatales. Es una propuesta de "ahora o nunca", porque es poco esperable que la liquidez de las arcas del Estado la resista en un futuro, finalizados los fondos europeos y las actuales recaudaciones tributarias extraordinarias. Es un sistema defendible por los sectores de negocio que quieren cerrar el ventanal (visto el frío polar que abrió el Procés català) para poder volver al business as usual.
Para Cataluña, el beneficio es positivo aunque relativamente muy escaso, ya que, de nuevo, respecto a su déficit fiscal la ganancia es relativamente modesta (menos de un 10%). En todo caso, por primera vez, la nueva financiación (los 4.700 millones de entre los 21.000 de los que se habla, un 23,4%), supera marginalmente el ratio global de sus contribuciones (un 19,3%) y ciertamente se sitúa por encima del peso demográfico que había recibido tradicionalmente de la financiación autonómica (un 1 la actuación del Estado sobre el territorio (un 9,3%). Por cierto, nada de todo esto se replica en el caso de Baleares, y sin garantía de ordinalidad.
En la parte positiva, pues, el hecho de que a partir de ahora cualquier incremento nuevo que se produzca bajo este sistema favorecerá a Cataluña según los nuevos parámetros. Sin embargo, cabe advertir que, desde un punto de vista de balanzas fiscales globales, la mejora del componente de la financiación autonómica puede ser contrarrestada por el Estado mediante el gasto ejecutado a partir de sus propias competencias. Nada queda, pues, resuelto ni entra en vías definitivas. Hay que remarcar, además, que los datos finales, como decíamos, no se pueden anticipar, ya que quedan pendientes de cómo se revise la recaudación normativa, que el ministerio dice que va a efectuar, y de alguno invento más en la llamada "población ajustada".
En cualquier caso, se incrementa la participación en el IRPF y en el IVA, salvando el índice basado en el consumo relativo total de la Comunidad (por tanto, sin IVA colegial ni consumo sólo de residentes), y beneficiándose así también de la población consumidora flotante. Se incorpora una adenda para el IVA de pymes, si se confirma un mayor cumplimiento fiscal de la comunidad respecto al resto en esta fase minorista, y se participa en el nuevo fondo para el cambio climático (dos tercios destinados a la cuenca mediterránea). Interesa tanto en las Islas Baleares como en Cataluña que la nivelación se mantenga en el 75%; se consolida así la capacidad fiscal actual frente a las propuestas que aspiraban al 100% y se elimina cualquier atisbo de responsabilidad tributaria de las comunidades.
Los "peligros" siempre pueden provenir del "fantasma" de la población ajustada. Este sucedáneo de estimación de necesidades, que define variables y las pondera un poco a gusto y hambre, mantiene una elevada discrecionalidad en favor de la administración central. Ciertamente, no conviene a ninguna comunidad que se posicione a favor de un modelo basado en capacidades fiscales, con mayor responsabilidad fiscal y con ello asunción de riesgo financiero.
La propuesta de financiación recientemente presentada tiene un futuro incierto. No está claro su recorrido legal, ni la disposición de las partes a aceptar cambios, ni cómo esto puede alterar la aceptación inicial de la propuesta. Corresponde a los gobiernos respectivos, y sobre todo a la sociedad civil, evitar que todo acabe en una nueva forma de trilerismo político que desprestigie todavía más nuestra maltrecha democracia y deje las cosas tal y como estaban.