Un buen libro sobre vivienda es el de Javier Gil, Generación inquilina, publicado por Capitán Swing. Lo es porque está escrito con lenguaje llano y aterriza algunos de los pronósticos que habían hecho Saskia Sassen y Richard Sennett en el caso de la España postburbuja. El autor explica que las contradicciones en materia de vivienda del mundo occidental comienzan con las políticas neoliberales de desposesión de la clase trabajadora, con una batería de decisiones que favorecieron la especulación rampante y la preferencia por la acumulación de patrimonio, que dio la vuelta a la tendencia de alquileres estables hacia compras de vivienda para invertir. Lo conecta con las conocidas tesis de Thomas Piketty: cuando la vivienda es un bien de inversión se vuelve inaccesible para la mayoría y los ingresos patrimoniales crecen por encima de las rentas del trabajo.Pero, además, Gil cuantifica la magnitud de la tragedia en España: después del 2007, los fondos de inversión como Blackstone, Lone Star, Oaktree, Deutsche Bank, Goldman Sachs o Cerberus compraron cientos de miles de viviendas de los bancos españoles. Solo Blackstone, Cerberus y Lone Star adquirieron 450.000 viviendas en España en pocas operaciones. El gigante Blackstone ha comprado grandes volúmenes de pisos en España, mientras que en el resto del mundo tiene activos más diversificados. Esto merece un estudio, porque, simultáneamente, se han perdido muchas promotoras locales.Paralelamente, el Estado destinó 72.000 millones al rescate de los bancos, y 51.000 millones para la creación de la Sareb. Gil hace una pregunta importante: ¿qué habría pasado si la movilización más grande de fondos públicos de la historia se hubiera destinado a comprar las viviendas obtenidas por los desahucios?
La pregunta de Gil me lleva a insistir en que quizás veinte años después ya no es posible comprar los pisos que custodian los fondos, pero sí que estamos a tiempo de comprar los terrenos. Muchos sectores pendientes de urbanización quedaron parados por el estallido de la burbuja inmobiliaria y están en concurso de acreedores. Adquirir estos terrenos para ampliar el patrimonio de suelo público evitaría tener que ir a densidades excesivas. Se trata de invertir el ciclo especulativo y adquirir terrenos que bancos y fondos oportunistas tienen olvidados para hacer un parque de alquiler que se pueda sostener con los ingresos de los alquileres públicos. Es importante leer, explicar y hablar de este libro para que cuando hagamos presupuestos participativos o cuando los grupos hagan el proyecto de presupuestos nos preguntemos cuál es el coste de no actuar desde la iniciativa pública.El libro también describe los procesos de usura producidos por el alquiler de habitaciones (¿cómo puede ser que una habitación valga 600 euros al mes y que sea legal?), la concentración de riqueza en determinadas sociedades inversoras y el papel de las herencias en las desigualdades. En cuanto a la construcción, comparto plenamente el diagnóstico: entre 2000 y 2006 se construyeron seis millones de viviendas en España, un 20% del parque total, y eso no sirvió para generar un parque de viviendas más estable. En el centro de las ciudades, las buenas viviendas se las queda quien puede pagar más, y muchos las compran como inversión o para ir allí solo unos días. En los centros de ciudad que no se transforman cuesta mucho hacer sitio para promover vivienda protegida, y Barcelona lo tiene difícil para crear vivienda asequible en Gràcia, el Eixample, Sarrià o Les Corts como lo hizo en Ciutat Vella hace treinta años. Lo que Gil defiende es que hay que construir casas fuera de la lógica de mercado; por ejemplo, en régimen cooperativo, que permite que las viviendas sean de las cooperativas y no de las personas a título individual. Yo añadiría que la misma función la pueden hacer los promotores sociales que no operen con lucro, y las promotoras públicas, que se entiende que si están bien gestionadas no generan márgenes pero tampoco pérdidas. Estos operadores se han de dedicar a proveer alquiler social, con contratos estables pero que permitan que, cuando la gente prospere, los pisos se adjudiquen a otras familias. Por lo tanto, en lugar de construir indiscriminadamente, lo que ahora hace falta es impulsar la construcción de vivienda protegida. Y aquí, la colaboración entre ayuntamientos y entidades es fundamental, porque los operadores que trabajan sin lucro no disponen de colchón para hacer frente a retrasos o imprevistos. A la luz de este libro, resulta aún más inexplicable que, en el año 2013, la Comunidad de Madrid vendiera 1.860 pisos protegidos al fondo Blackstone, o que del 2010 al 2020 la Generalitat de Catalunya estuviera más ocupada con el Hard Rock y la venta de suelo a Amazon en El Prat de Llobregat que no con adquirir pisos a bancos, ejerciendo el tanteo y retracto o promocionando pisos de alquiler con el dinero que tenía depositado en concepto de fianzas. Para los que somos de la generación de Javier Gil, de la generación inquilina, este libro hace pensar en lo importante que es actualizar las prioridades en materia de vivienda de los partidos políticos de siempre.
