Guerra abierta en el Tribunal Constitucional
La sentencia que declara inconstitucional el primer estado de alarma aprobado por el gobierno español en marzo de 2020 ha hecho evidente lo que ya hacía tiempo que se intuía: la extrema politización, y también división, de un tribunal que, en lugar de ser generador de consenso y de seguridad jurídica, se ha convertido en un escenario más de la lucha entre la España conservadora y la progresista. La fractura es cada vez mayor en un tribunal que tiene cuatro miembros con mandatos caducados y donde los conservadores son mayoría porque el PP se niega a renovarlo, igual que pasa con otros organismos como el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial.
En este contexto, el voto particular contra la sentencia de quien fue fiscal general del Estado con el PSOE, Cándido Conde-Pumpido, resulta especialmente significativo. Conde-Pumpido no se limita a hacer una crítica jurídica a la decisión de la mayoría conservadora, que también, sino que les acusa directamente de tener intencionalidades políticas y de querer perjudicar de forma intencionada al gobierno. Y no ahorra dardos a sus colegas. Los acusa de hacer "un ejercicio más propio de un jurista de salón que del máximo intérprete de la Constitución". De tener una concepción jurídica propia de un "lego" en la materia. Y concluye: "La sentencia no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemias, privándolo del instrumento que la ley determina expresamente para afrontar las crisis sanitarias, el estado de alarma. Y no responde a verdaderos criterios jurídicos". La situación dentro del Tribunal Constitucional (TC) es, pues, de guerra abierta.
En efecto, Conde-Pumpido tiene razón en la argumentación jurídica porque distingue entre restricción de derechos, que es lo que hace el estado de alarma, y suspensión de derechos, que es lo que pasa con el estado de excepción. Y considera que la suspensión de derechos no estaba justificada en un caso de pandemia. Pero lo más grave del voto particular no es esto, sino que, cuando dice que la sentencia no se basa en "verdaderos criterios jurídicos", lo que está diciendo es que responde a motivaciones políticas. Será interesante leer el resto de votos particulares, pero hay que señalar que incluso en los votos discrepantes de Xiol y Balaguer contra la sentencia del Procés no se entra en estas consideraciones de intencionalidad política: se basan solo en los argumentos jurídicos. No es nada habitual que un magistrado del TC acuse a sus iguales de actuar por interés partidista. La afirmación contribuye al desprestigio del TC desde dentro mismo de la institución, y se pone negro sobre blanco en un voto discrepante que quedará para siempre jamás adjuntado a la sentencia.
De lo que ha trascendido de las deliberaciones, además, se infiere que la mayoría de magistrados conservadores (no todos, porque dos votaron con los progresistas en esta ocasión) están dispuestos a continuar haciendo la guerra contra el gobierno de Pedro Sánchez actuando como arietes del PP y Vox. Y que para cumplir este objetivo no les importa acabar de cargarse el poco prestigio que le quedaba al TC. El presidente español tendría que tomar buena nota y actuar en consecuencia si quiere, entre otras consideraciones, que se recupere el prestigio judicial.
