La democracia en España navega por aguas turbulentas. Durante años se nos había querido hacer creer, como si fuera profecía, que el sistema democrático español había puesto rumbo al norte para equipararse con las democracias más consolidadas y de mayor calidad del continente europeo. Nada más lejos de la verdad, como estamos nuevamente comprobando estos últimos días, a raíz de nuevas informaciones sobre actuaciones del Estado en relación con el proceso soberanista catalán.
Esta vez, el iceberg que tenemos en proa tiene nombre propio: es dice operación Cataluña. Se trata de un iceberg que durante años ha estado sumergido bajo las aguas, y cuando alguien alertaba de su existencia y del riesgo de colisión, otros alzaban la voz o miraban hacia otro lado, negando la realidad. Confiados y altivos como son algunos, con aquella mezcla desafiante de ignorancia y de prepotencia, presumían que la nave democrática española era tan grande y estaba tan bien equipada que nada podía hundirla. Sin embargo, el iceberg está ahí, cada vez lo tenemos más cerca y, según pasamos por su lado, la vía de agua será inevitable. Ni la pretendida dimensión del barco ni la supuesta fuerza de sus motores son garantía para que no pueda acabar en el fondo del mar.
¿Estamos a tiempo de evitar la colisión y sus conocidas consecuencias? Mi respuesta es que sí. Se está a tiempo, a condición de tomar decisiones, y que sean correctas. Los hechos son cada vez más conocidos y más evidentes: desde el comienzo del Proceso, y en el transcurso de sus años de mayor dinamismo y expansión, el gobierno español conservador montó una operación “de estado” para decapitar los liderazgos políticos y civiles del independentismo, y para hundir las estructuras del movimiento que se consideraban más eficaces y, por tanto, más peligrosas. Una operación de esa naturaleza y magnitud requiere ciertamente el mando de un gobierno, pero al mismo tiempo la connivencia de otros poderes relevantes: judiciales, policiales, mediáticos y de inteligencia, como mínimo. Todo ello regado con suficiente dinero para azucarar colaboradores necesarios. Adicionalmente, una operación como la que se diseñó debe ir acompañada de otros ingredientes: pasarse la ley por la nuca cuando el “bien superior” lo justifique; pisar derechos fundamentales en defensa de la "razón de estado"; utilizar recursos públicos para comprar voluntades de privados que se presten a ofrecer "pruebas" falsas; y asegurarse de que los poderes difusos del Estado cerrarán el paso a quienes se atrevan a defender sus derechos vulnerados. Todo esto, con más o menos matices, es lo que se ha bautizado como operación Catalunya.
Recientemente hemos oído voces que han afirmado que después de los GAL lo más grave que ha sucedido en la democracia española es lo que representa la operación Catalunya. Si damos por bueno el argumento, la conclusión es diáfana: si los GAL tuvo recorrido judicial y acabó con condenas y alguna pena de prisión, la causa que se ha montado contra el independentismo debe tener un trato equivalente y no quedar en el limbo de la impunidad más absoluta, que es justamente donde hemos estado en los últimos diez años. Si no fuera así, las consecuencias para la democracia y el estado de derecho serían letales y podrían resumirse así: en España, cuando el estado actúa al margen de la ley contra terroristas hay castigo, pero cuando lo hace contra independentistas , hay premio. Éste es el iceberg que se divisa en nuestra proa.
Me reafirmo en la idea de que se está a tiempo de variar el rumbo y de evitar la colisión. Es necesario hacer lo que toca hacer en casos así: abrir una investigación judicial seria y con garantías para todo el mundo que haya visto sus derechos más elementales atacados por poderes del Estado; llevar a juicio a todos los responsables de la operación Cataluña; llegar hasta las últimas consecuencias en la depuración de responsabilidades, afecte a quien afecte; y reparar en lo posible los daños causados, sabiendo que algunos de ellos ya son irreparables. Sólo así la nave democrática española podrá seguir, sin ser considerada una nave pirata.
No me hago ilusiones ópticas ni quiero quedar deslumbrado por espejismos en medio del desierto. Constato que no ha habido el más mínimo interés por salir las entrañas de la operación Catalunya. Cuando vives en la más pura indefensión, te acostumbras a tener los pies en el suelo ya relativizar las cosas, procurando no caer ni en el cinismo ni en la indiferencia. Por tanto, mi reflexión de hoy pretende ser simplemente una llamada a todos aquellos que tienen un sentimiento sincero de defensa de la democracia y de un estado de derecho inspirado en la justicia. Que todo el mundo que pueda, haga algo. Son las mismas palabras que hace poco utilizó JM Aznar para llamar a los suyos a defender la España eterna; que nos sirvan ahora a nosotros para defender la necesaria democracia.
