La imprescindible rectificación del Parlament

No podía haber otro desenlace. La lógica reacción indignada de la opinión pública a raíz de la denuncia de este diario sobre las licencias por edad que permitían a los trabajadores de la cámara seguir cobrando el sueldo sin trabajar durante unos cuantos años antes de la jubilación, tenía que acabar, sí o sí, con la anulación de este privilegio abusivo dentro de la función pública. El intento de rebajarlo solo a medias, acordado hace tres semanas y anunciado el lunes por la presidenta del Parlament, Laura Borràs, suponía perpetuar una grave anomalía, un agravio comparativo imposible de justificar en los tiempos de crisis económicas encadenadas que vivimos, marcados por la falta de trabajo y la precariedad laboral que afecta a muchas personas. Que dentro del sector público (en el sector privado también puede ser discutible, pero no está en juego el dinero fruto de los impuestos que todos pagamos) se mantuvieran unas situaciones tan notoriamente poco ejemplares no era aceptable. No lo tendría que haber sido nunca.

En todo caso, es evidente que, una vez en marcha el escándalo, la decisión inicial de pactar una rebaja de aplicación de las licencias por edad, que reducía su afectación de 5 a 3 años, era fruto de un error de cálculo: no se supo valorar el alcance del malestar ciudadano provocado por la noticia destapada por el ARA. Al final, pues, se ha tomado la decisión correcta y, por lo tanto, hay que felicitarse por la rectificación de la mesa de la cámara, que supone poner fin a esta práctica, a pesar de que las veintiuna personas que ya se han ido acogiendo a este régimen a lo largo de los años mantendrán los derechos adquiridos. En el futuro, sin embargo, ya no se podrán dar nuevos casos. Y tampoco se tendrían que permitir en otros entornos: en este sentido, habrá que seguir investigando si situaciones equiparables o semejantes son habituales en otras instituciones de las administraciones al amparo de una falta de transparencia que es un lastre contra el cual también hay que seguir luchando.

La clase política y los mismos funcionarios, con sus representantes sindicales al frente, tendrían que ser los primeros interesados en acabar con este tipo de realidades incomprensibles para el común de la gente, que no tiene el trabajo asegurado, que vive con sueldos modestos o que directamente no tiene trabajo. Lo único que provocan privilegios como el que ahora ha quedado a cuerpo descubierto en el Parlament de Catalunya es la degradación de la percepción popular del servicio público, que proyecta la imagen de que hay personas que, en realidad, en lugar de estar al servicio de los ciudadanos, sobre todo se preocupan por obtener una posición de privilegio exagerada y nada justificada. Porque no estamos hablando de trabajos de una gran dureza o en condiciones laborales difíciles, sino de puestos de trabajo en un entorno de relevancia pública que suponen una evidente protección extra. El que, además, esta situación se haya dado en la cámara de los representantes, y que haya sido tolerada por estos electos durante años, añade un plus de carácter paradójico a la situación y va en detrimento del prestigio y la solidez de nuestro sistema democrático.