Informe Fénix: un diagnóstico y una terapia
En los últimos meses he formado parte de un equipo de economistas que hemos estado reflexionando sobre la evolución de la economía catalana y sus perspectivas. Nos hemos centrado en el concepto de salarios “altamente subvencionados”. Consideramos que lo son aquellos que no permiten que el trabajador contribuya –vía impuestos y contribuciones sociales– a pagar ni siquiera aquellos servicios públicos que consumirá directamente a lo largo de su vida (sin incluir los muchos de que disfrutará indirectamente). Hemos calculado que este límite se situaba, el año 2023, en 27.500 € brutos, que el año 2026 equivaldrían a 30.000 €.Dado que la sociedad debe complementar el coste de los servicios de los que se benefician estos trabajadores, por un lado se deduce que el empresario los remunera por debajo de su coste, y, por otro, que el cliente final se beneficia de una subvención encubierta, ya que no paga el coste completo del servicio que recibe.Todas las sociedades que gozan de un sistema fiscal progresivo y de un estado del bienestar potente tienen muchos trabajadores que cobran por debajo del nivel que hemos definido. Esta no es, pues, la cuestión. Lo que nos ha interesado es la existencia de sectores que cumplen tres condiciones.La primera, que no solo ocupen trabajadores “altamente subvencionados”, sino que la media salarial se sitúe por debajo de aquel nivel, porque es como si todos sus trabajadores lo fueran. En este caso hablamos de actividades “altamente subvencionadas” y consideramos que la sociedad se ha de plantear si han de existir o si han de remunerar tan poco a sus trabajadores.La segunda, que sean muy creadores de empleo. El sector primario, por ejemplo, es un sector “altamente subvencionado”, pero no está creando puestos de trabajo, y, además, tiene el valor social adicional de combatir la desertización del territorio.La tercera, que el beneficiario último sea un no residente, porque esto significa que la subvención va de los contribuyentes a personas que no lo son, de manera que el país se empobrece a través de unas exportaciones que, en el fondo, se venden por debajo de su coste.Desafortunadamente, una buena parte del crecimiento catalán de los últimos 25 años ha sido protagonizado por actividades económicas que cumplen estas tres características. Este protagonismo es el que explica por qué el enorme crecimiento de la economía catalana de los últimos 25 años –no excepcional en el marco español, pero sí en el europeo– no se ha traducido en un bienestar más elevado para el catalán medio, sino, por un lado, en un flujo inmigratorio que presiona el mercado de la vivienda y satura los servicios públicos, y, por otro lado, en el estancamiento de los salarios.
En nuestro trabajo identificamos los principales sectores que tienen estas características: el turismo, particularmente el de sol y playa, y la industria cárnica. Hemos denominado nuestro trabajo Informe Fénix porque creemos que tenemos las herramientas para corregir una trayectoria que no solo es insostenible económicamente sino también socialmente devastadora, porque está destruyendo las bases que justifican la adhesión de la población al orden establecido.No puedo referir aquí las propuestas del informe, pero debería ser evidente que el crecimiento de sectores como los que hemos definido debe ser considerado patológico y que solo podría resultar aceptable si contribuyeran más a la sociedad, sea vía impuestos sea vía salarios.Por ejemplo, es evidente que deben ser revisados los privilegios de que goza el sector turístico: el IVA reducido y la tolerancia a un patrón de contratación laboral discontinuo que resulta muy oneroso para el erario público. Debería ser evidente también que algo no estamos haciendo nada bien en la gestión del mercado laboral cuando en los últimos 25 años Cataluña ha creado la increíble cifra de 1,1 millones de puestos de trabajo sin que esto haya comportado la reducción del número de parados, que han pasado de 269.000 a 436.000 (!). El hecho de que la totalidad de estos puestos de trabajo hayan tenido que ser ocupados por inmigrantes, y el hecho de que en muchos de los casos el salario exige que el contribuyente cargue con parte de los gastos públicos que el recién llegado comporta, obliga a plantearse si aquellos puestos de trabajo se habían de haber creado. Se puede argumentar que tiene sentido en el caso de los cuidados, pero es imposible hacerlo cuando el beneficiario es un cliente extranjero. Obviamente, tanto en un caso como en el otro ayudaría que el salario mínimo interprofesional fuera más alto, porque entonces la subvención implícita tendría que ser más baja. Algunos de nuestros empresarios claman por poder disponer de más inmigrantes; la sociedad les debe responder que sólo si es para ocupar puestos de trabajo que no exijan una subvención implícita. O sea, si están dignamente remunerados.