La inmigración y la batalla por el relato en Cataluña
La próxima cita electoral en Catalunya está prevista para mayo del 2027, pero los partidos han iniciado ya una carrera que empieza mucho antes del calendario formal. La política catalana, marcada por la frustración colectiva a raíz del fracaso del proceso independentista, canaliza parte de ese malestar hacia la inmigración y la convierte en el centro del debate político. Esta construcción de narrativas moldea la percepción pública mucho antes de ir a las urnas, y los partidos responden a la demanda de una parte de la población que reclama mayor control migratorio. Así, el debate sobre inmigración se convierte en el eje sobre el que se proyectan y se negocian las nuevas fronteras de la identidad y la cohesión social catalanas.
En ese escenario, la presión de la extrema derecha ha desplazado el debate sobre inmigración hacia posturas cada vez más restrictivas. Lo que había sido un discurso marginal se ha convertido en un relato central dentro de las instituciones catalanas. Juntos por Cataluña, motivado por la creciente rivalidad de Aliança Catalana –que ya le disputa el tercer lugar según las últimas encuestas–, ha aplicado medidas que, bajo la apariencia de gestionar mejor la inmigración, acaban criminalizando a las personas inmigradas. Un caso significativo es el de Figueres, donde Juntos ha restringido el empadronamiento negándolo a familias que, ante la imposibilidad de acceder a un alquiler asequible, se ven forzadas a vivir en situación de empleo. Pero el fenómeno no se limita a Junts. En Barcelona, el PSC —a propuesta del mismo Junts-aprobó este noviembre incorporar las sanciones administrativas por "conductas incívicas" en el informe de arraigo, un documento fundamental para regularizar a personas extranjeras. Estas políticas, cada vez más inspiradas por los marcos de la extrema derecha, colocan a la población inmigrada en el centro del debate público sobre seguridad y delincuencia, alimentando la ecuación –falsa y peligrosa– entre inmigración y conflicto social.
Esta escalada de propuestas y discursos, condicionada por el marco ideológico de la extrema derecha, tiene devastadoras consecuencias para las personas inmigradas y de origen inmigrante. Las políticas que asocian inmigración con problemas sociales y culturales no sólo criminalizan a estos colectivos, sino que acentúan su marginación política y mediática. Las personas inmigradas son objeto constante del debate público, pero casi nunca se oyen sus voces: no se les da espacio ni se admite su derecho a definir un relato propio ni a intervenir sobre los asuntos que las interpelan directamente. Este silenciamiento refuerza su construcción como laotro, sistemáticamente presentado como el "problema a resolver" y nunca como sujeto político con legitimidad para participar plenamente en las cuestiones que afectan a la sociedad en su conjunto.
El debate público sobre inmigración se articula a partir de una triple visión –economicista, culturalista y de seguridad– que instrumentaliza la presencia de inmigrantes. Se discute si los inmigrantes "aportan" o "saturan" recursos, si son "compatibles" culturalmente con la sociedad de acogida, ya menudo se asocia inmigración con incivismo o delincuencia. Este enfoque simplifica la realidad migratoria e ignora su dimensión ética y de derechos humanos. Aunque sectores como la construcción, la agricultura, el turismo o los cuidados dependen estructuralmente del trabajo inmigrante, el sistema que lo reclama acaba criminalizándolo, mientras los beneficios económicos se acumulan en manos empresariales y los costes sociales recaen sobre la clase trabajadora.
El verdadero desafío es desplazar el marco del debate público: es necesario superar la visión que entiende la inmigración como una cuestión sobre los otros y asumirla como una realidad que nos interpela colectivamente, puesto que las personas inmigradas y de origen inmigrante son parte indivisible del tejido social, económico y político del país. No se trata sólo de gestionar la llegada de extranjeros, sino de construir sociedades más justas e inclusivas en las que todo el mundo tenga derecho a vivir con dignidad. En este sentido, es necesario cuestionar el modelo económico que genera precariedad y fomenta la competición entre clases trabajadoras y reconocer que la crisis de los servicios públicos y la de la vivienda no provienen de la presencia inmigrante, sino de decisiones políticas neoliberales que afectan a toda la sociedad.
Ante el relato dominante -alimentado por la extrema derecha y asumido por partidos tradicionales-, los partidos progresistas tienen la responsabilidad de ofrecer una narrativa alternativa que ponga la justicia social y los derechos humanos en el centro del debate migratorio y rechace cualquier concesión al racismo político e institucional. Sólo así se podrá romper la dinámica tóxica que amenaza con convertir las próximas elecciones en un referendo sobre la pertenencia y la ciudadanía política a Catalunya.