La instrumentalización de la inmigración
Hablar de inmigración no es el problema; el problema es hacerlo con otros propósitos. Cuando en diferentes países europeos se cuestiona el derecho de asilo, se restringe la reunificación familiar, se habla de inmigración cero, se encierra a los solicitantes de asilo en prisiones flotantes, se anuncia que todo aquel que llegue irregularmente será deportado a Ruanda o se propone requisar las joyas de los solicitantes de asilo para pagar los costes de su acogida, se está hablando de todo menos de inmigración. Lo que se busca es llamar la atención y ampliar el apoyo electoral, en una carrera delirante en busca de más votos.
Desde hace unos meses, esa instrumentalización política de la inmigración ha llegado también a España y Catalunya. Continuamente se habla de inmigración, en el Congreso, en el Parlament, en los medios de comunicación y en nuestros entornos más inmediatos. Solo en los últimos días, PP y Vox han pedido al Tribunal de Cuentas que fiscalice los "costes" de mantener la "inmigración ilegal", Junts per Catalunya ha propuesto endurecer los requisitos para que las personas migradas puedan acceder a un piso de protección oficial en Catalunya, Vox sigue hablando de deportaciones masivas e Isabel Díaz Ayuso ha defendido que la "inmigración hispana no es inmigración".
Las consecuencias no son menores: esta instrumentalización de la inmigración genera confusión en el ámbito de las políticas públicas, atiza el conflicto a nivel local y, en última instancia, pone en juego el funcionamiento de nuestras democracias. Pondré tres ejemplos. El primero tiene que ver con el visado por puntos propuesto hace unos días por Alberto Núñez Feijóo en Murcia. Siguiendo el modelo anglosajón, esta política pretende abrir vías legales de entrada, directamente ligadas al mercado laboral y en función de criterios como la formación, la experiencia, el idioma, la edad, la especialidad y los vínculos previos con el país.
En sí, todo lo que sea abrir vías legales de entrada con criterios objetivos no es mala idea. Pero la propuesta es pretendidamente confusa. La mayoría de personas extranjeras que llegan a España lo hacen sin necesidad de visado, porque son ciudadanos o de la Unión Europea o de países latinoamericanos que no tienen obligación de tenerlo (todos a excepción de República Dominicana, Cuba, Bolivia y Ecuador). Por lo tanto, un visado por puntos permitiría abrir nuevas vías, no ordenar las que ya tenemos. Además, Feijóo va más allá, convirtiendo un mecanismo de regulación de la inmigración laboral en un mecanismo de selección de los que queremos, es decir, personas migradas "próximas culturalmente". Esto significa establecer un criterio claramente discriminatorio y, por lo tanto, de difícil aplicación, basado no en lo que saben sino en lo que son.
El segundo ejemplo es relativo al ruido político y mediático en torno a los menores no acompañados. En un país en el que el saldo migratorio neto anual es de más de 600.000 personas, la acogida de 5.000 menores no acompañados se ha convertido en motivo de una auténtica crisis institucional. Crisis institucional porque ha puesto en cuestión el estado de las autonomías, frente a la oposición de ciertas comunidades autónomas al mecanismo de reubicación de menores no acompañados desde las Islas Canarias. Y crisis institucional porque, con la parálisis resultante, estos menores siguen confinados en Canarias, en situación de hacinamiento y, a menudo, de vulneración de sus derechos más básicos. Esto lleva al incumplimiento estrepitoso por parte del estado de sus obligaciones legales hacia estos menores.
El tercer ejemplo es el debate en torno a la delegación de competencias de inmigración en la Generalitat de Catalunya. Si bien, por el mismo principio de subsidiariedad, descentralizar competencias puede ser positivo, la propuesta delegaba sobre todo la gestión, es decir, la aplicación de unas leyes que seguían siendo de competencia estatal. Más allá de las dificultades de ejecución, muy ligadas a un aumento sustancial de los recursos, el problema surge, de nuevo, cuando la propuesta se presenta por lo que no es: un mecanismo para decidir desde Catalunya qué inmigración queremos y "arreglar los problemas" (en palabras de Míriam Nogueras) que el Estado no ha sabido afrontar. La propuesta de ley fue tumbada en el Congreso de los Diputados con el voto en contra del PP, Vox y Podemos, que la criticó por pretender "descentralizar el racismo". Estas declaraciones demuestran que la instrumentalización de la inmigración, recordémoslo, en busca de votos, también afecta a los partidos de izquierdas.
Todo este ruido viene ocasionado por la extrema derecha y al mismo tiempo contribuye a su auge. Porque la mayoría de partidos acaban asumiendo sus argumentos, pensando que así evitarán la fuga de votos. Y porque vender lo que no es y paralizar el buen funcionamiento de las instituciones con políticas fallidas lleva justamente a la fatiga y la desconfianza que la alimenta.