Legisladores multirreincidentes
Todos estamos de acuerdo en que es inaceptable que haya personas que son detenidas cientos de veces por cometer hurtos y pequeños robos y que después siguen actuando con impunidad en nuestras calles. Comprensiblemente, esta realidad genera frustración, desconfianza y una percepción de fracaso tanto del sistema policial como del judicial que siempre acaba siendo utilizada por quienes no dudan en instrumentalizarlo para sacar rédito político.
Ante esta situación, es evidente que es necesario actuar con determinación, sin excusas ni dilaciones. Ahora bien, el problema comienza cuando se confunde la contundencia con ruido y la eficacia con titulares llamativos. Cuando emerge una cuestión que genera alarma social, la receta más habitual es proponer un endurecimiento de las penas del Código Penal como una gran solución mágica, pensando que esto provoca un cambio automático en las personas que se proponen delinquir.
Tenemos incontables ejemplos de legislación hecha en caliente con la esperanza de que aumentar las penas tendrá un efecto disuasorio inmediato. Pero si esto fuera cierto, por poner un ejemplo extremo, deberíamos aceptar que los países que aplican la pena de muerte para los delitos más graves tendrían índices de criminalidad muy inferiores a aquellos en los que las condenas son menos severas. Los datos y estudios criminológicos hace tiempo que desmienten esta correlación simplista: no existe una relación automática entre la gravedad de las penas y el número de delitos cometidos.
Estos días, fruto de diversas urgencias políticas de quienes necesitan apoyos parlamentarios y de quienes necesitan levantar la bandera de la mano dura, nos encontramos inmersos en la tramitación de una nueva modificación del Código Penal, pactada entre PSOE, PP y Junts, que quiere endurecer las penas de prisión para los delincuentes multirreincidentes. Con la nueva regulación, por ejemplo, el robo de un teléfono móvil puede acarrear una pena de entre uno y tres años de cárcel. Así, para dar respuesta a una alarma social que, en mi opinión, es del todo justificada, el legislador reincide en una práctica política discutible, como es la de fiarlo todo a la dureza de las penas.
Vamos con cuidado, sin embargo. Como ya advirtieron numerosos expertos, jueces y fiscales, esta medida puede acabar produciendo el efecto contrario al deseado. Endurecer las penas no es neutro desde el punto de vista procesal: exige procedimientos judiciales más complejos y garantistas que ralentizan la resolución de los temas. Por eso, el resultado previsible es que una persona que roba un móvil podría pasar fácilmente dos o tres años esperando el juicio y, como es fácil imaginar, es posible que durante este tiempo no desaproveche la oportunidad de seguir delinquiendo. Por tanto, la contundencia del Código Penal probablemente quedará evaporada en medio de las enormes demoras de la administración de justicia.
Como he escrito otras veces en estas páginas, el factor que incide de forma más decisiva en la reincidencia no es tanto la letra del Código Penal como el colapso crónico de los juzgados.
La policía, en términos generales, hace su trabajo, como demuestra su capacidad para detener a una persona docenas de veces. Pero todo se atasca cuando el caso llega a los juzgados, y no porque los jueces trabajen poco sino porque la plantilla de jueces es insuficiente. Cataluña tiene aproximadamente 11 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de la Unión Europea es de 20, casi el doble. Este dato explica, por ejemplo, que los llamados juicios rápidos, que deberían resolverse en quince días, acaben celebrándose al cabo de quince meses. El Código Penal ya ofrece hoy mecanismos suficientes para imponer penas más elevadas y retirar de la circulación los multirreincidentes, si se lograran sentencias firmes en pocas semanas para los pequeños delitos cometidos hace un mes.
El diagnóstico lleva años hecho: el principal problema de la justicia en nuestro país es la falta de jueces y de medios para dar respuestas rápidas y efectivas. Y ésta es una decisión esencialmente organizativa y presupuestaria que, por las razones que sea, no ha querido priorizarse nunca.
Mientras el legislador siga reincidiendo en medidas ruidosas pero poco efectivas, pensadas más para apaciguar la indignación que para resolver el problema, la multirreincidencia persistirá. Con demasiada frecuencia, las soluciones eficaces hacen menos titulares que las proclamas grandilocuentes, pero las urgencias políticas son un terreno abonado para los golpes de efecto que no tienen ningún resultado práctico.
