En tiempos de desconfianza hacia las instituciones, hablar de participación ciudadana puede parecer una apuesta arriesgada. Pero precisamente por eso hace falta más que nunca disponer de herramientas que fortalezcan la democracia y acerquen a la ciudadanía a la toma de decisiones. Cataluña, en este sentido, tiene una asignatura pendiente: aprobar su ley de participación ciudadana. (En el ámbito de la participación electoral también tiene otra: aprobar una ley electoral propia.)
Actualmente, la normativa catalana no cuenta con una ley específica que la regule. Las pocas referencias a la participación están dispersas en otras leyes –como la de transparencia (19/2014) o la de consultas populares no referendarias (10/2014)–, donde desempeñan un papel secundario y poco articulado. Esta falta legal representa un vacío significativo en un contexto en el que es necesario reclamar más apertura, más escucha y más respuesta por parte de las instituciones.
El plan de reforma de la administración y la mejora de los servicios públicos, que incluye el diseño de los servicios públicos desde las necesidades y la mirada de la ciudadanía, es una oportunidad para recuperar el borrador de la ley, fruto de un amplio proceso de participación, que contó con expertos, académicos y entidades del sector. El objetivo no debe ser reglamentar excesivamente la participación, sino establecer pautas que aseguren su calidad, credibilidad y capacidad de influir en las decisiones públicas.
La participación no sustituye a las decisiones de los cargos electos, pero sí las enriquece. Eso sí, para que sea efectiva, las administraciones deben responder con argumentos claros: qué propuestas se recogen, cuáles no y por qué. Esta rendición de cuentas es fundamental para que la ciudadanía sienta que su voz cuenta y que los procesos no son sólo un decorado. Si hay algo que desanima más que participar, es participar para nada. Invertir tiempo, ilusión y compromiso en un proceso participativo para acabar sin retorno o impacto alguno de las propuestas hechas es una receta segura para el desencanto.
La ley ofrecerá, además, un marco jurídico claro para nuevas fórmulas de participación que están ganando terreno, como las asambleas ciudadanas por sorteo. Estas últimas, en particular, permiten reunir a través de la selección aleatoria a personas de perfiles diversos, que deliberan sobre temas complejos desde una lógica de consenso, lejos de la polarización que a menudo domina la política institucional.
Un buen ejemplo fue la Asamblea Ciudadana por el Clima de Cataluña (2023-24), la más ambiciosa celebrada hasta ahora en nuestro país. Durante cinco fines de semana, cien ciudadanos dedicaron tiempo y esfuerzo a formular propuestas. Ya se hizo una devolución técnica por parte del Gobierno, la legislatura anterior, pero todavía está pendiente el retorno político, necesario para dar valor a ese compromiso ciudadano con las instituciones.
Una ley de participación evitaría, entre otras cosas, esto: procesos que se anuncian con entusiasmo pero que acaban sin impacto. También ofrecería seguridad jurídica a los ayuntamientos ya las entidades que quieren innovar en la relación con la ciudadanía, facilitando aspectos prácticos como compensaciones económicas para las personas que participan en procesos largos, al igual que se hace con quien es elegido para una mesa electoral o como jurado en la administración de justicia.
En resumen, no se trata de encorsetar la participación, sino de dotarla de un suelo firme. Una ley de participación ciudadana en Cataluña permitiría consolidar las buenas prácticas, evitar usos estratégicos o partidistas y asegurar que quien se implica en un proceso no sale decepcionado. Porque como se ha demostrado muchas veces es mejor no hacer participación que hacerla mal. Y no podemos permitirnos el lujo que desde las instituciones se contribuya a la desafección, u obviar las oportunidades por el fortalecimiento democrático que proporciona el gobierno abierto.
Esta semana, precisamente, se celebra la Semana del Gobierno Abierto (que incluye los ámbitos de transparencia y participación). Es una buena ocasión para recordar la necesidad de garantizar la continuidad institucional y el no desperdicio de los recursos ya empleados, signo inequívoco de calidad institucional, para sacar adelante la tramitación completa del proyecto de ley y que se pueda aprobar durante esta legislatura. Así como dar cumplimiento a la toma en consideración y retorno razonado de las 48 recomendaciones ciudadanas que se acordaron en la Assemblea Ciutadana por el Clima de Catalunya, a un año de su cierre. Especialmente teniendo en cuenta que se centraron en temas tan primordiales para nuestro país como la producción y el consumo agroalimentarios y las infraestructuras energéticas, tan de actualidad estos días.
Firman este artículo Rosa Borge (UOC), Jaime López (UPF), José Luis Martí (UPF), Xavier Moreno (UB), Jordi Pacheco (UB), Ismael Peña-López (UOC), Fernando Pindado (UAB), Yanina Welp (Graduate Institute de Ginebra), docentes del postgrado del Colegio de Profesionales de la Ciencia Política y la Sociología de Catalunya.
