"La física es como el sexo: puede dar resultados prácticos, pero no la hacemos por eso". Así idealizaba la física, y en el fondo todas las ciencias experimentales, el genial Richard Feynman, y convertía implícitamente a los científicos en servidores de valores superiores capaces de grandes sacrificios vitales en sus templos-laboratorios.
El romanticismo del gran físico del siglo XX está superado hoy. El conocimiento científico no procede de ninguna trascendencia, sino que es el resultado de una actividad humana que da respuestas comprobables tanto a problemas inmediatos como a preguntas fundamentales. Es una actividad de enorme interés social realizada por personas con o sin vocación que necesita una ley que, además de empujarla, la regule de manera justa.
Después de siglos de políticas científicas erráticas, la primera Ley de la Ciencia en el Estado ve la luz en 2011. Fue un avance que pronto se mostró insuficiente desde el punto de vista de la excelencia, de la gestión y de la dignificación de la carrera científica.
En respuesta, se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes una modificación sustancial de la ley actual. La nueva ley incluye elementos positivos, como un nuevo itinerario postdoctoral de estabilización laboral inspirado en el modelo anglosajón del tenure track. El modelo combate la endogamia, favorece el retorno de los cerebros fugados y mejora la excelencia del sistema, pero se limita su efecto por el pequeño porcentaje reservado a este itinerario, especialmente en la universidad, y por el reconocimiento insuficiente de los años pasados en el extranjero. Es necesario reforzar esta figura, que, junto con programas de excelencia como el ICREA, es clave para mejorar la calidad de la investigación y aumentar el éxito en los fondos competitivos, especialmente los europeos. También es positivo el nuevo tipo de contrato vinculado a actividades científico-técnicas que pretende resolver la carencia endémica de personal llamado de apoyo, pero esencial en una ciencia cada vez más especializada.
Decía Isaac Newton que si veía más lejos era porque pudo subir sobre los hombros de gigantes. En la ciencia actual los gigantes son la clase becaria, el precariado, y está sobre sus hombros que repone nuestra buena vista actual. Es hora de superar también esto. Hablamos de becarios, si lo desea, pero con el instituto de investigación o la universidad se firma un contrato laboral. Salvo las becas de acceso y formación, legalmente no habrá becarios sino trabajadores que realizarán tesis doctorales, proyectos o estancias postdoctorales. Con esta visión, justa, es incomprensible que la ley prevea una indemnización de 12 días por año trabajado y no 20, como manda la legislación laboral. De hecho, como reclaman las asociaciones, un Estatuto del Personal Investigador sería un gran paso adelante.
Con todo, es necesario implementar medidas transitorias, no previstas en la ley, para que la próxima desaparición de los contratos de obra y servicio no afecte gravemente a la ciencia, donde son frecuentes debido a la temporalidad propia de los proyectos.
También falta, en el anteproyecto, un calendario conocido y estable de convocatorias que tengan una razonable burocracia. ¿Cómo planificar un proyecto o una carrera científica cuando no se sabe cuándo salen, y cuando lo hacen se dan plazos que desafían la salud mental? Es sabido que hay que prever un año para acceder a una convocatoria, lo que reduce la productividad, y que algunas se han retrasado unos meses hasta que finalmente se ha podido sisar una. Esto afecta especialmente a las personas que tienen más cargas familiares, que, también en ciencia, son sobre todo mujeres. Perspectiva de género es también esto, no solo las buenas nuevas medidas directas que se prevén para la igualdad de género (y que no están ahí para la diversidad LGTBI). Dejemos la imprevisibilidad a los resultados de la ciencia, no a su gestión.
La ciencia, sin embargo, pide más que esta ley. También es necesario preverla en leyes como las de contratos del sector público, subvenciones o patrimonio, que “gestionan igual una patente que una autopista”, según la Confederación de Sociedades Científicas. O incluso la ley de extranjería: ¿por qué un brasileño se incorpora al equipo en dos semanas si es delantero, pero se necesitan seis meses si es biólogo estructural? Y la más relevante, la ley de presupuestos. Hace 20 años queríamos llegar al 2% del PIB en I+D. Ahora, con los nuevos presupuestos, con suerte llega contando la empresa privada. Mientras, la media europea es del 2,3% y la de los estados del primer cuartil es del 3%. En ese contexto, el blindaje del 1,25% anunciado por el ministerio no puede entusiasmar.
Ya va siendo hora de construir mejor el sistema de ciencia. La nueva ley se orienta bien, pero tiene el paso corto. Habrá que alargarlo en el trámite parlamentario para hacer de la ciencia una actividad social (o sexual, si seguimos la analogía del misógino Feynman) enriquecedora para toda la sociedad, y no de riesgo para quien la practica.
