Una ley necesaria para luchar contra los abusos a los niños
El Congreso de Diputados ha dado luz verde este jueves, solo con los votos en contra de Vox y el PNV, a la ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia, una norma que pretende tener, en el ámbito de los abusos contra los niños, el mismo impacto que tuvo la ley contra la violencia de género en 2004. En este sentido, la ley aporta como principal novedad que la prescripción de los delitos sexuales contra niños no empezará a contar hasta que la víctima cumpla 35 años, mientras que ahora contaba a partir de los 18. Este hecho provocaba, por ejemplo, que un abuso con una pena inferior a los 10 años pudiera prescribir en 5, es decir, cuando la víctima cumpliera 23. Muchas veces, sin embargo, las víctimas tardaban muchos más años en ser conscientes del abuso o en reunir el valor suficiente para poner una denuncia contra el agresor, y esto provocaba que en muchos casos la justicia se encontrara con que los presuntos delitos ya habían prescrito.
A partir de ahora estos delitos podrán ser perseguidos durante mucho más tiempo. Como mínimo hasta que la víctima cumpla 40 años, y en los casos más graves, de penas elevadas, hasta que tenga 55. Este es un cambio sustancial que lanza un mensaje muy claro a los pederastas: la justicia tendrá ahora mucho más margen para perseguir estos delitos, y las víctimas no se encontrarán tan fácilmente como ahora con el muro de la prescripción. Esta es una victoria de las entidades que hace tiempos que batallaban por introducir estos cambios legales, como por ejemplo la Fundación Vicki Bernadet, o de personajes representativos como el pianista James Rhodes, él mismo superviviente de abusos sexuales durante la niñez. De hecho, la norma se conoce también como ley Rhodes.
La norma, sin embargo, va mucho más allá e intenta introducir un cambio cultural en la sociedad, tal como explicó la ministra Ione Belarra. Así, se instaura la obligatoriedad de denunciar cualquier sospecha de violencia hacia un niño, se creará la figura del "coordinador de bienestar" en los centros educativos, se elimina el concepto de síndrome de alienación parental (SAP), muy discutido por los expertos, y se introduce la edad como un motivo de discriminación y el refuerzo de los servicios sociales como "agentes de la autoridad". Este último punto tiene el peligro de provocar desprotección de las familias ante la administración, por ejemplo a la hora de retirada de custodia. Otro punto que se tendrá que pulir con el tiempo son las invasiones competenciales que pueda haber, cosa que ya provocó la abstención de JxCat, el PDECat y Bildu, además del voto contrario del PNV. Catalunya ya cuenta con un Pacto por la Infancia desde 2010 que incluye alguna de estas medidas, y habrá que ver cómo se aplican sin interferir en las competencias de la Generalitat.
En todo caso, la ley es un adelanto y tiene que servir para acabar con la ley del silencio en el ámbito de los abusos y la violencia contra los niños. No es una cosa que tenga que quedar entre las cuatro paredes de una casa: hay que proteger a los menores y darles la confianza suficiente como sociedad para que se atrevan a denunciarlo. Solo esto ya es un cambio cultural y de paradigma gigante.
