Mercosur: concesiones inaceptables
El principio de preferencia comunitaria es un concepto fundamental que se refiere a la prioridad dada a los productos y servicios originarios de la Unión Europea en el mercado comunitario. Los Estados miembros deben dar preferencia a las producciones europeas por encima de las de terceros países. El objetivo es fomentar el comercio intracomunitario y la integración económica europea, proteger la industria y la economía y promover la cohesión económica y social en la Unión Europea. Debería aplicarse en las compras públicas, la contratación de servicios, las ayudas estatales y el comercio exterior.
Para sorpresa de los campesinos y campesinas europeos, hemos descubierto que este principio contempla excepciones, entre ellas los acuerdos internacionales que establezcan condiciones de acceso al mercado más favorables para terceros países. Por tanto, el tratado de Mercosur, legalmente, no se salta el principio de preferencia comunitaria europea, pero éticamente y en la práctica pensamos que sí, y mucho, ya que implica concesiones y acuerdos que afectan negativamente a la agricultura y la ganadería de los estados miembros.
La eliminación de buena parte de los aranceles sobre las importaciones de Mercosur, el impacto de sostenibilidad ambiental, los estándares laborales y las cláusulas espejo del tratado, que son realmente un espejismo y sólo sirven para vigilar, no para actuar, si se producen perturbaciones de mercado, hacen que el principio de preferencia comunitaria brille por su ausencia. Los campesinos y campesinas europeas estamos sometidos a normativas estrictas de seguridad alimentaria, bienestar animal y sostenibilidad medioambiental. Somos la región mundial con controles más severos, lo que pone de relieve el compromiso y profesionalidad del campesinado y la garantía de la calidad de los alimentos de cara al consumidor. Pues bien, todo lo que a nosotros se nos prohíbe, en el caso de los tratados de libre comercio se permite que entre libremente y compita deslealmente con nuestras producciones.
Que la alimentación sea moneda de cambio para beneficiar a otros sectores económicos es un error que pagamos todos los ciudadanos de la Unión Europea. Y no sólo nos preocupan los temas comerciales: el tratado de Mercosur tiene un impacto ambiental importante, especialmente con la deforestación y emisiones de efecto invernadero, lo que contradice el objetivo de reducción de emisiones de la Unión Europea.
El acuerdo incluye compromisos para promover la sostenibilidad ambiental, como el respeto al Acuerdo de París, pero nos preocupa su efectiva implantación. En cuanto a los criterios de justicia social que protejan a los trabajadores de la región del tratado, prevé la igualdad de oportunidades y de trato para todos los trabajadores, promover la protección social, eliminar el trabajo forzado, prevenir y erradicar el trabajo infantil y promover la capacitación y formación de los trabajadores. Pero ponemos en duda que se disponga de medios y de interés real suficientes para hacer frente a estas problemáticas en los países del Mercosur.
Algunos quieren hacernos creer que será una oportunidad para los sectores exportadores; es cierto, pero para sectores que nada tienen que ver con la agricultura y la ganadería y, mucho menos los de nuestra casa. Las producciones catalanas de carne, frutas, hortalizas y cereales tendrán que competir con las producidas con estándares mucho más bajos de calidad y seguridad alimentaria que presionarán los precios a la baja. En el campesinado de aquí necesitaremos diversificar y diferenciar, enfocarnos en productos de alta calidad, potenciar las denominaciones de origen para diferenciarnos de las importaciones; mejorar la eficiencia para reducir costes en la medida de lo posible y mejorar la productividad para ser más competitivos. También necesitaremos hacer fuerte el cooperativismo y el asociacionismo para acceder a mercados más rentables y enfatizar la sostenibilidad y la calidad para que el consumidor sepa apreciar el valor añadido. Y no podemos obviar las responsabilidades de la conselleria de Agricultura, que debe trabajar para aumentar las inspecciones en el etiquetado de los productos; impulsar el producto local de verdad, no con políticas de escaparate; realizar campañas de promoción y pedagógicas dirigidas a toda la sociedad para que se valore el producto de proximidad. Aprovechando la estocada final de un tratado de alcance tan grande como Mercosur, tiene en sus manos revertir la falta de apoyo estructural que hace tantos años que arrastramos al pequeño y medio campesinado arraigado en el territorio. Y como consumidores, recordemos que lo que comemos no es sólo una elección individual, también influye en el sistema que queremos sostener.
