No será un camino de rosas
El acuerdo del nuevo gobierno de coalición se concreta en un documento lleno de buenas intenciones y que apunta a la voluntad de mantener el mismo alto ritmo de actividad legislativa que caracterizó la pasada legislatura, una voluntad que sin duda será frenada por la nueva aritmética parlamentaria. Para saber si podrán cumplirse o no los compromisos, no tenemos una bola de cristal, pero contamos con algunas previsiones para el corto plazo y con las macrotendencias.
A corto plazo, el nuevo gobierno tendrá que enfrentarse a una economía resiliente pero que muestra algunos síntomas de agotamiento que, aunque por ahora no son preocupantes, es necesario vigilar de cerca. Por un lado, la inflación, sobre todo la subyacente, sigue añadiendo presión a las familias y, de rebote, al consumo. Y por otro, la reducción del peso de la industria en la economía, tanto en términos de facturación como de creación de empleo. Mientras el mercado laboral se mantenga estable, se podrán encarar las propuestas del gobierno. De lo contrario, será difícil alcanzar los objetivos fijados de una tasa de ocupación del 70%, así como las medidas de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y de continuado incremento del salario mínimo. Ambas medidas incrementan los costes salariales: una de forma directa y la otra de forma indirecta, y existe el peligro de que sólo se apruebe una. Puesto que somos un país caracterizado por la poca productividad, creo que habría que dar preferencia a la forma directa, es decir, al incremento del salario mínimo.
En el acuerdo todavía transpira la abundancia y el respiro que ofrecen el fondo Next Generation, pero hay que añadir los acuerdos de estabilidad presupuestaria que se están negociando en la Unión Europea y que pueden afectar a las previsiones de gasto público. Aunque ya está descartado volver a las medidas draconianas que se vivieron en la última crisis, se está apuntando a un objetivo de deuda pública del 60% del PIB. El de España, en el 2023, ronda el 110%; por tanto, le convendrá negociar márgenes de tiempo generosos para poder cumplirlo sin grandes disrupciones para el país.
Muy ligado a este aspecto, hay que considerar la retahíla de propuestas de reforma fiscal para que sea justa y adaptada a las nuevas realidades –unos adjetivos que tienen significados distintos para cada partido–. Medidas que van desde la lucha contra el fraude fiscal hasta fórmulas específicas por sectores o tamaños empresariales, incluyendo también acabar con la competencia fiscal entre comunidades autónomas, con una clara referencia a las políticas fiscales de la Comunidad de Madrid. Pactar estas medidas con los partidos más conservadores que ahora le han apoyado será difícil, dada la disparidad ideológica.
Y, por último, la gran macrotendencia: el envejecimiento de la población. Durante el próximo mandato se pondrá a prueba la solidez de la reforma del sistema de pensiones. Una reforma sobre la que ya planean algunos interrogantes bien fundamentados, mientras el acuerdo de gobierno se afianza en la actualización del IPC y el aumento tanto de las pensiones mínimas como de las no contributivas.
Y todo esto combinado con lo imprevisible, tanto crisis cercanas como lejanas, que en un mundo globalizado siempre encuentran la manera de impactar. Suerte y aciertos en el flamante presidente. ¡Empiezan los cien días de gracia!
