“Napalm, hijo; nada del mundo huele a este olor. Amo el olor a napalmo por la mañana. Una vez, durante doce horas bombardeamos una colina, y cuando acabó todo subí. No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda. Qué hedor, la de la gasolina quemada. Aquella colina olía a... victoria”.
El personaje del teniente coronel Killroy representa como nadie la brutalidad y al mismo tiempo la frivolidad de la Guerra de Vietnam en Apocalypse now. Si se permite la caricatura y la extrapolación, el Madrid político y judicial huele hoy a napalm. La batalla está en todos los frentes y el objetivo no es otro que acabar con un gobierno que se sustenta en una mayoría atomizada y frágil. Una mayoría tan heterogénea que el gobierno tendrá que picar piedra para aprobar los presupuestos.
La ofensiva contra Pedro Sánchez va por tierra, mar y aire. La victoria de Feijóo en Galicia le ha dado alas y el llamado caso Koldo es un regalo impagable para una oposición voraz que le ha convertido en un bombardeo continuo desde el Parlamento y los medios. El regalo tiene pinta de caso de corrupción y tráfico de influencias durante la pandemia a pocos metros –si no desde el propio despacho– del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y es de los que se acuerdan de por vida. Al ya de por sí potente poder destructivo de la corrupción respecto a la confianza de los ciudadanos se le añade el efecto amplificador por el perfil de Ábalos y Koldo García. Perfiles llamativos al estilo de marisquería y billetes de 500 euros.
El PP, que ha subido el nivel de los bombardeos acusando a Sánchez en sede parlamentaria de formar parte del entramado corrupto sin aportar pruebas, ha demostrado que va a por todas para torpedear la legislatura. Pero tendrá que tener cuidado. Conviene recordar la coyuntura en la que se produjeron los excesos, que no era otra que la peor pandemia en siglos. Que se levantaran las barreras de control de la contratación fue una buena idea, imprescindible para movilizar la búsqueda de material sanitario cuando la UE todavía no se había puesto en marcha conjuntamente y el sálvese quien pueda era la norma. La cuestión es que los controles del buen uso del dinero público si no se realizan ex ante deben realizarse posteriormente. Lo que no puede ocurrir es que no se hagan.
El auto del juez Ismael Moreno recorre contratos de mascarillas en Puertos del Estado, Adif, el ministerio del Interior y los servicios de salud de Baleares y Canarias. Pero también contactos y viajes de los implicados en Angola y Venezuela. De hecho, la trama en la que aparece el exasesor de Ábalos en el ministerio de Transportes habla de un “superjefe” todavía no identificado.
La derecha, con pasión por la dinamita, tiene entre manos un regalo cuya onda expansiva es hoy incalculable.
La determinación judicial
A este ambiente político de batalla contra el gobierno se ha añadido un actor del peso del Tribunal Supremo, que convierte la situación en una guerra de las terminaciones del Estado profundo contra el ejecutivo socialista, que las fuerzas del statu quo consideran ilegítimo y, por tanto, un objetivo a abatir. Sin descanso.
El TS ha decidido combatir la voluntad de la mayoría política porque no perdona a los indultos ni tolera que la amnistía pase página y traslade a la política lo que debería ser un conflicto político. El auto del Supremo contra el presidente Puigdemont y el diputado Wagensberg es fruto de la reactivación de una causa dormida durante cuatro años, calificada ahora de terrorismo y no de desórdenes públicos, y en contra de la opinión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y del TS. Tampoco la justicia suiza compra la idea terrorista.
La adaptación judicial en respuesta a los hechos políticos, la reacción pura y dura, es un síntoma de la baja calidad de una democracia que aún puede debilitarse más en el futuro. Si protestar se convierte en un acto de terrorismo, ¿deberá serlo también para campesinos, estudiantes o ecologistas? Mala señal para una democracia que aspira a no ser comparada con Hungría o Polonia.
La judicatura está en una carrera contra reloj que la llevará al muro europeo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que puede cargarse la sentencia del Proceso. Subiendo la apuesta, el TS sólo demuestra la intoxicación ideológica, que deriva en incapacidad de centrarse en la administración de justicia al margen de la ideología.
El ambiente político y judicial es el de un intento sostenido de un golpe del Estado contra el gobierno. Ya saben, huele a napalm.
