Orejas, orejones y orejeras

"Si lo que dices ya no me asusta
es que me he curado de espantos"
Anna Andreu

El viernes pasado, hace una semana, me levanté con la extraña y pasajera confusión de sentirme, por un pequeño instante, un Al Capone de segunda. O el Makinavaja del Ivà. O la fiera feroz del Ovidi. O un menor migrante. O Atila, vete a saber. Crónica sentimental de España, Benet Salellas, que por suerte colectiva lleva la causa judicial que conjuntamente impulsamos con los amigos y compañeros Carles Riera y Albert Botran, me enviaba el acta oficial de desclasificación del consejo de ministros sobre el espionaje masivo perpetrado por el CNI contra los tres. Ahora bien, llamarlo resolución de desclasificación sería decir demasiado. Porque no desclasifican gran cosa: solo lo reconocen muy lacónicamente, a misa rezada y seis años después, y solamente confirman el período temporal en el que se nos intervinieron e interceptaron todas las comunicaciones. Por "actividades contrarias a la seguridad nacional". A Carles Riera durante la barbaridad de dos años, y a mí seis meses; mientras niegan la mayor de la infestación del móvil de Albert Botran, que el peritaje de los Mossos sí ha certificado y que vislumbro, me juego seis guisantes, que acabarán reconociendo algún día.No debería decirse que ninguno de los tres hemos tenido nunca causa penal alguna por aquella intromisión indecente en toda nuestra privacidad. La cuestión es que no desclasifican ni aclaran nada más –ni dispositivos ni medios ni capacidad ni alcance–. Pura opacidad y secreto de estado con un lenguaje marcial que espanta, propio de las funestas doctrinas de seguridad nacional, aquellas que dicen que el enemigo es interior y está dentro entre nosotros. Aquellas que tantas destrozos nefastos han causado a lo largo de la historia. Lo recuerda el lenguaje elocuente empleado para justificar la ley del silencio. Facilitar más datos a petición de un juzgado de Barcelona implicaría –cito literalmente– "comprometer seriamente la defensa nacional";"dar lugar a graves perjuicios para la seguridad nacional (la de todos los españoles)" o "comprometer los intereses fundamentales de la nación". Firman la amorosa epístola la ministra Margarita Robles con rúbrica telemática de Félix Bolaños. Y firma también, indirectamente, Israel: la tecnología empleada es del grupo NSO. Encantador.

De hecho, como siempre hay noticias más puntualmente golosas que tapan las importantes, habrá que recordar que la noticia relevante de verdad era, en este asunto, del jueves anterior. Cuando Amnistía Internacional presentó un durísimo informe contra los papeles y los papelotes del gobierno y el Estado en este asunto. Recordaban que los 65 espiados están buscando justicia en diez causas dispersas en diferentes juzgados, que seis años después no ha pasado nada judicialmente hablando y que el papel de la Fiscalía ha sido de obstrucción y ha sido básico para levantar un muro de secreto, silencio e impunidad. La tríada espionaje político, ley franquista de secretos oficiales y papel activo de la Fiscalía para garantizar la inmunidad funciona engrasada, puntual y a la perfección. Los intereses fundamentales de la nación, supongo.

Por la documentación judicial previa también me enteré de cosas sorprendentes, como que se ve que viajé a Ginebra con mi madre, hecho rotundamente falso, aunque qué más quisiera y cómo se lo merecería. Descifro también que el espionaje fue doble y simultáneo, cuando la guerra sucia puede ser legal e ilegal –y donde no llegan con la primera, van con la segunda–. Resulta que en el mismo período de tiempo me investigaba la Audiencia Nacional, a petición de la Guardia Civil y con autorización del juez Manuel García-Castellón, mientras al mismo tiempo el Supremo autorizaba al CNI a hacer lo mismo bajo el amparo infranqueable del siniestro secreto de la razón de estado. El primero está sometido a aparente control judicial; el segundo es un agujero negro donde el único controlador resulta que es el mismo que al mismo tiempo espía. Hay más miga. En el primer caso, resulta que es el mismo fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, quien, de puño y letra, ordena inmediatamente a la Guardia Civil que deje de intervenirme las comunicaciones porque ha quedado en entredicho la necesaria motivación constitucional de la intercepción de todas las comunicaciones y se me estarían vulnerando derechos fundamentales. Lo dice él, no yo –lo suscribo parcialmente–. Espeluzna también leer el detalle de la orden de intervención con software específico, que es total: agenda, contactos, correo, geolocalización, navegación web, redes sociales, archivos e histórico de todos los chats. Y finalmente, despejando un mito tecnológico, activación remota del micrófono del móvil "con la finalidad de captar comunicaciones orales". Ellos dicen que el enemigo es interior. Uno piensa que llevando un móvil llevamos un espía encima. Quizás es lo único que me consuela: que los beneméritos telefonistas se afanan, informe tras informe, porque no son capaces de instalarme el software, porque no digo nada de lo que quieren, porque nunca hablo de lo que les interesa y porque denotan que he tomado medidas tecnológicas de seguridad. No porque tenga nada que ocultar, sino porque no pienso colaborar nunca en mi propio espionaje. Y porque sospecho que la denuncia que también hemos de ganar debería ser por malversación millonaria de fondos públicos –que Pegasus cuesta un ojo de la cara que nos quieren escudriñar.

Sin embargo, no era necesaria la certificación oficial del asalto a la intimidad del viernes pasado –a pesar de todo lo que signifique–. Sabemos desde hace demasiado tiempo que estábamos espiados. Cuando en el ya lejano 2020 Citizen Lab presentó su detallado informe sobre el Catalangate la teoría de la negación se impuso por todas partes. La hemeroteca da para todo. De decir que todo era mentira a reconocer finalmente que había 18 personas espiadas. Y a hacer dimitir después a la directora del CNI. Hoy, seis años después, añaden alguna persona más a la lista. Y algún día de algún año –"Se sabrá todo", sugería Camilleri– acabarán reconociéndolo todo. Seguramente antes de Navidad, como dice el querido exiliado, hace nueve largos años, Lluís Puig. De qué Navidad, ya lo veremos. Dice el dicho que dos noticias juntas dan más comprensión. Hoy mismo podemos leer en el BOE que Vía Layetana 43 ya es oficialmente –sobre el papel timbrado del Estado– un centro de memoria democrática. En la realidad continúa siendo una comisaría. Y no: o una cosa o la otra. O desclasificas o no. O rindes homenaje a la memoria o mantienes operativo el centro policial. Lo digo porque cuando estalló el Catalangate muchos se refirieron instintivamente a la imprescindible película La vida de los otros. Suerte del bueno de Antoni Batista, que enseguida enderezó la referencia para irnos entendiendo, recordando que el referente histórico no había que buscarlo en la oscura Stasi de la RDA, sino en este edificio policial del centro de Barcelona, que vigila de siempre, en dictacrácia o democradura, la histórica manía histórica de los catalanes por la pasión útil de la libertad. La guinda final, ante una hipótesis más que previsible, la pone el silogismo que augura que si todo esto se ha producido durante el gobierno más progresista de la historia, ¿qué no pasará cuando Vox siente el culo en el consejo de ministros en menos de un año. Entre el mal mayor y el mal menor, palabra de Hannah Arendt, algún día inesperado podríamos aspirar, política de mínimos, al bien menor. En fin.