La última crisis se saldó con una masiva transferencia de recursos de los pobres a los ricos y dejó a una gran cantidad de gente en el alambre. Según datos del Idescat, el 26,3% de los habitantes de Catalunya se encuentran en riesgo de pobreza. Con la pandemia, la situación ha empeorado. Pero las ayudas existentes son escasas, se pierden en yincanas burocráticas y tienen gigantescos problemas de implementación.
“La renta garantizada de ciudadanía es insuficiente para garantizar una vida digna a las personas en situación de pobreza." Esta ha sido una de las conclusiones del reciente informe de la Sindicatura de Cuentas que ha evaluado la aplicación de esta prestación durante 2018. En realidad, lo mismo que venían denunciando las entidades sociales que la promovieron. Hoy, tras cuatro años de su aprobación, solo llega al 10% de la población catalana en situación de pobreza.
Los problemas de aplicación son los habituales para este tipo de ayudas y se derivan de cómo son concebidas. Los pobres son siempre sospechosos de no querer trabajar o de “aprovecharse del sistema”. Recordemos que la principal excusa para desmontar las prestaciones sociales en la Inglaterra de Thatcher que dio paso a la era neoliberal fue la representación de las madres solteras que recibían ayudas como welfare queens –reinas del bienestar–. Hoy, esa percepción persiste. Por tanto, hay que vigilar a los pobres, imponiendo barreras –condiciones– para el acceso a las ayudas, y desplegando un ejército burocrático destinado a su vigilancia –cuyo coste, por cierto, es elevado o cuyo funcionariado es claramente insuficiente por las restricciones de contratación–. La prestación llega a pocos, pero se necesitan muchos controladores.
Hay tantas incompatibilidades y restricciones de todo tipo –con el trabajo, con otros subsidios, etc– que muchas personas que la necesitan no pueden pedirla o les es denegada. Esto se materializa en una cantidad ingente de documentos que hay que conseguir mientras se es capaz de entenderse con los requisitos y la tecnología necesaria para materializar la solicitud. No está al alcance de todos, sobre todo de los más excluidos. A más pobreza, menos posibilidades de rellenar papeles o de impugnar una resolución negativa cuando es injusta.
Lo cierto es que se podrían mejorar estas ayudas, por ejemplo, rebajando su condicionalidad, o facilitando y agilizando trámites, aunque gran parte de su coste seguiría destinándose a la vigilancia. Por eso, cada vez está más presente en la discusión pública la opción de la Renta Básica Universal –una prestación sin condiciones, para todo el mundo y de carácter mucho más redistributivo– que la Generalitat va a probar mediante la implementación de una prueba piloto. Si se llegase a aprobar definitivamente podríamos hablar ya del fin de las “paguitas” para pobres y de la existencia de un nuevo derecho: el de la existencia material garantizada, el que debería ser el origen de todos los demás.
