Un plan de ayudas necesario para evitar el colapso
El Govern presentó este lunes un ambicioso plan de ayudas directas para afectados por ERTE, pymes y autónomos que tiene que servir para amortecer el terrible impacto que la pandemia está teniendo en la economía. Se destinarán 618 millones de euros en tres líneas principales: 600 euros para los afectados por un ERTE que cobren menos de 1.240 euros mensuales, 2.000 euros para los autónomos que hayan tenido un rendimiento neto en 2020 inferior a 17.500 euros, y 2.000 euros para las pymes por cada trabajador (con un máximo de 30.000 euros por empresa) a cambio de que mantengan el puesto de trabajo un año como mínimo. Se trata, en definitiva, de meter dinero en los bolsillos de los ciudadanos y del tejido económico con el objetivo doble de evitar la caída en la pobreza de personas que sin el virus tendrían trabajo y el cierre de empresas que serían también rentables sin las restricciones impuestas por la pandemia.
Desde el inicio de la crisis economistas de varias adscripciones ideológicas han abogado por este tipo de políticas, denominadas helicóptero monetario, en las que lo importante es que las ayudas lleguen lo más rápido posible a los bolsillos de las personas que las necesiten, agilizando al máximo los trámites burocráticos, y a fondo perdido. Desde este punto de vista, el esfuerzo de la Generalitat es notable, y más en un contexto en el que tiene las finanzas muy castigadas por un sistema de financiación injusta que, a su vez, le imposibilita obtener dinero en buenas condiciones en los mercados. En cambio, el gobierno español sí que puede acceder a este dinero, que facilitan instituciones como el BCE, en condiciones mucho más favorables, y por lo tanto tendría que ser la administración central la que llevara la iniciativa a este campo. Sí que es cierto que el gobierno español está haciendo también un gran esfuerzo con los ERTE, un paraguas social que está evitando un drama todavía más grande, pero en el caso catalán, las pymes y los autónomos están claramente desatendidos.
Precisamente, este lunes Oxfam Intermón publicaba un informe que destacaba que en Catalunya había ahora 120.000 personas más en situación de pobreza relativa que antes de la pandemia, lo cual significa un aumento del 11,7%. La crisis, pues, ya está teniendo unos costes sociales muy elevados que hay que paliar al máximo para evitar que se enquisten. La excepcionalidad de este choque económico ha hecho caer tabúes como el del control del déficit, y las mismas instituciones europeas dicen que esta no tiene que ser la prioridad ahora. El razonamiento es muy sencillo: será más barato mantener en vida las empresas durante un tiempo, aunque sea artificialmente y con fondos públicos, que tener que afrontar más tarde la factura del cierre en forma de puestos de trabajo.
Es una lástima que la proximidad de las elecciones pueda levantar suspicacias sobre el plan y recibir acusaciones de electoralismo, pero lo mismo da, porque nadie con dos dedos de frente puede cuestionar la situación de emergencia que vivimos. Ahora solo hay que esperar que la Generalitat haya aprendido de las experiencias anteriores, sobre todo de los errores, para que las ayudas lleguen realmente a quienes las necesita.
