Leía la semana pasada que una persona que acude al trabajo con Cercanías pierde cada año de media 46 horas esperando trenes con retraso. Me hago cargo de la desesperación de quien sufre ese disparate y del impacto que tiene en la sociedad. A pesar de ser muy diferentes problemas, no puedo evitar hacer la analogía con la pobreza infantil. ¿Cuánto hace que sabemos que 1 de cada 3 niños y niñas en nuestro país sufre? ¿Hasta cuándo repetiremos que debe ser una prioridad afrontarla? ¿Cómo se degrada la situación de quien sufre mientras espera soluciones?
En Cataluña 467.000 niños viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Y es un problema enquistado: en los últimos 10 años no hemos descendido de los 400.000 (sólo ligeramente en 2016) y la proporción de niños y niñas afectados ha sido siempre superior al 30%. Conocemos la magnitud del problema e insistimos, pero pasan los años y volvemos a encontrarlo en cada encuesta de condiciones de vida del Idescat.
De soluciones también hablamos mucho. Es positivo que lo hagamos, y que a caballo entre el gobierno anterior y el actual se haya pactado una estrategia de lucha contra la pobreza infantil en Cataluña para desplegar hasta el 2030. Pero el problema es el tiempo. Mientras que la pobreza actúa todos los días y con la máxima celeridad, sin treguas, la acción política avanza lenta, totalmente descompasada.
Pongamos ejemplos. Llevamos muchos años repetindo que tenemos unas prestaciones y pensiones con un impacto absolutamente insuficiente en la infancia, ya que sólo reducen un 25% la pobreza infantil. En el resto de edades, en cambio, las ayudas reducen la pobreza a la mitad y hasta un 80% en los mayores de 65 años. Desampararemos a quienes más deberíamos proteger porque tenemos ayudas que nacieron cojos: la renta garantizada de ciudadanía, el ingreso mínimo vital y el complemento de ayuda para la infancia ofrecen cuantías insuficientes, dejan fuera a muchas familias y tienen una tramitación muy poco ágil.
Sabemos qué mejorar, pero tardamos en ponerle remedio. La renta garantizada de ciudadanía se creó en 2017 y hace años que se está tramitando en el Parlament una propuesta para reformarla. Si acaba aprobándose, incorporará un ingreso complementario por niños a cargo, entre otras medidas. Sería una mejora parcial, porque la evidencia científica nos dice que una prestación universal por niño a cargo es el modelo de ayuda más eficaz para combatir la pobreza infantil. También nos lo hacen ver otros estados: la mayoría de países del centro y norte de Europa ya aplican esta política.
Segundo ejemplo: el departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha anunciado que pretende reforzar la prevención en el sistema de protección a la infancia. De entrada, no deberíamos hablar de una apuesta política, sino del estricto cumplimiento de un elemento fundamental de la ley de los derechos y oportunidades en la infancia y la Adolescencia, que se aprobó en el Parlamento... ¡hace 15 años! ¿Pero cómo lo hacemos, cuando los Servicios Especializados de Atención a la Infancia y la Adolescencia sólo atienden a un 11% de los niños en pobreza severa? ¿Cómo atendemos a los casos menos graves, en los que todavía hay margen para la prevención, con unos servicios sociales colapsados? La ley también dice que proteger a la infancia debe ser una prioridad presupuestaria, pero seguimos destinando el 1% del PIB, lejos del 2,5% de media de la Unión Europea, según el último informe anual sobre los derechos del niño del Síndic de Greuges.
Tercero y último ejemplo: ¿cuántos expertos más deben repetirnos que la educación de los 0 a los 6 años es clave para romper el círculo de la pobreza? ¿Hemos aprovechado los últimos 15 años para crear más plazas de guarderías? No, lisa y llanamente. Aunque la fuerte caída de la natalidad explica que hoy tengamos una mayor proporción de niños escolarizados, en 2023 teníamos 15.000 alumnos menos en esta etapa que en 2011. Cuando hemos recuperado la inversión, hemos empezado la casa por el tejado: en términos de equidad no tiene sentido para todos los niños niñas y mejorar la tarificación social. Sobre todo cuando sabemos que la infancia más desfavorecida tiene menos acceso a la cuna.
Mientras, las familias no esperan soluciones de brazos cruzados. Nadan a contracorriente y en espiral para seguir respirando con el agua en el cuello. Con trabajos que en muchos casos no les permiten llegar a fin de mes, los precios prohibitivos de la vivienda, el ahogo de la inflación. ¿Y los niños? Lo sufren en el bienestar emocional, la salud, los aprendizajes. Llegando tarde no sólo estamos desatendiéndolos, sino condenando a sus hijos: cuando los padres se han criado en una situación económica difícil, 6 de cada 10 niños heredan la pobreza, como ha estudiado el economista Sara Ayllón. Si queremos evitarlo, dejamos de llegar tarde y ponemos los recursos.
