Política sumarísima

Podemos acabar acostumbrándonos al nivel sostenido de dramatismo, grandilocuencia e ignorancia desacomplejada -ya lo saben, el mallorquín no es catalán, según Pablo Casado- de la política española y pasar por alto la gravedad de la crisis institucional que vive el Estado. De hecho, a muchos ciudadanos españoles, responsables últimos de la degradación democrática en la que vivimos, tampoco parece importarles mucho.

El nacionalismo español, de derechas y de izquierdas, no se dio por aludido con la sentencia del Estatut e incluso la celebró sin pensar que, como decía el pastor luterano Niemöller, la cobardía ante las injusticias acaba alimentándolas y no discrimina las víctimas. Por eso, la rebaja a conveniencia de los estándares democráticos siempre acaba pasando factura en términos de calidad de la convivencia. Y estamos donde estamos, como diría Pedro Sánchez utilizando al poeta.

Uniformes y togas

Cuando en 2010 el TC anuló el Estatut de 2006, se abrió un proceso que hoy no solo todavía no está resuelto sino que está dejando el edificio del sistema democrático español amenazado de ruina. El Parlamento, el Congreso, el Senado y los ciudadanos que se expresaron en referéndum fueron menospreciados por un tribunal de mayoría conservadora que enmendó la plana al gobierno socialista de Zapatero. La cosa ha ido a más, y si durante décadas la involución se imponía con uniforme militar, hoy se hace con toga y cargándose la capacidad de la Constitución de adaptarse a la realidad de una sociedad plurinacional las necesidades de la cual evolucionan.

Con los años, la muy conservadora judicatura se ha ido empoderando y ha ido marcando la realidad política gracias a la externalización de funciones que le hizo el gobierno del PP con Mariano Rajoy y la “brigada Aranzadi” de la entonces vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría. El gobierno del PP renunció a hacer política con la cuestión catalana y se sirvió del TC y de la Audiencia Nacional, principalmente. Además, se han ido sumando tribunales administrativos y ordinarios, conectados con el ala reaccionaria más creativa a la hora de construir los sumarios de los varios procesos del Procés.

Gobierno ilegítimo

Hasta hoy, cuando el objetivo ya no es Catalunya sino deslegitimar el gobierno de coalición entre socialistas y comunes. Hoy la guerra dentro del TC y del CGPJ contra el gobierno socialista, especialmente a través del obstruccionismo de la derecha, que tiene las renovaciones de los órganos judiciales bloqueadas, ha llegado a cuotas alarmantes adentro de la UE. Es una guerra en la que están alineados magistrados y partidos políticos que entienden la oposición como una batalla a muerte y pretenden deslegitimar el gobierno de coalición controlando la justicia o, si hace falta, bloqueándola.

La sentencia que ha considerado inconstitucional que el gobierno del PSOE decretara el estado de alarma en el bárbaro inicio de la pandemia ha explosionado en el TC y amenaza con paralizarlo o hacer caer a su presidente, Juan José González Rivas. Amenazas de los conservadores de no asistir a las reuniones, votos discrepantes intensos y una bronca mediática descomunal desacreditan el tribunal que tendría que ser el garante de la vitalidad constitucional. En palabras del voto discrepante del magistrado Juan Antonio Xiol, la Constitución si no se renueva se convierte en un organismo “inerte”, y una “concepción esencialista del derecho, degradada hasta el extremo del formalismo, se ha apoderado del TC hasta poner en entredicho aspectos básicos del estado de derecho”. Xiol enumera las numerosas ocasiones en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha corregido las decisiones de la mayoría del tribunal fijando “la correcta doctrina”, y acaba confesando “fatiga intelectual ante la deriva del tribunal” del que todavía forma parte.

Contra la Constitución

Esta semana el poeta granadino Luis García Montero recordaba a Luis Cernuda por “haberse enfrentado al españolismo obsceno, deprimente e intolerante”. La realidad y el deseo, título de una obra del poeta, continúan siendo dramáticamente divergentes en España. La tendencia a la confrontación entre las fuerzas políticas mayoritarias es una tradición que se mantiene impasible en cualquier circunstancia histórica, por grave que sea. La ley de memoria histórica demuestra que todavía hay responsabilidades y realidades pendientes de aceptar por parte de los herederos del franquismo y que la Constitución es hoy un instrumento de involución en manos de los que dicen defenderla mientras la ahogan y la alejan de tantos ciudadanos.