Próximo capítulo? Procrastinación
Hay estados fuertes, pesados, laberínticos, implacables. También los hay de fallidos. En el caso de España les dejo a ustedes el adjetivo calificativo, pero el caso es que no estaríamos hablando ni de resolutivo ni de pragmático. ¿Quizás tampoco lo es la mayoría de nuestra sociedad? Este es un tema para otro día.
En este magma político y jurídico en el que estamos inmersos como ciudadanos, ha llegado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y ha sido clara. Ni medias tintas, ni lenguaje obtuso. El tribunal de Luxemburgo ha avalado con claridad la compatibilidad europea de la ley de amnistía.
¿Y ahora qué? Pues ahora viene un nuevo capítulo de procrastinación.
El resumen de la semana es que el tribunal de Luxemburgo considera compatible la ley de amnistía con el marco de la UE, pero la decisión no resolverá todas las resistencias ni todas las consecuencias de su aplicación en España.
La sentencia sobre la ley de amnistía cierra una parte esencial de la discusión jurídica, pero todavía no garantiza el desenlace político ni institucional. Los jueces de Luxemburgo confirman que la ley de amnistía es compatible con el derecho de la Unión y que no vulnera los intereses financieros ni la lucha antiterrorista, reconoce la finalidad política reconciliadora y desmiente buena parte de las objeciones que durante meses ha alimentado la derecha política, mediática y judicial.
Pero una cosa es la legalidad de la ley y otra su aplicación efectiva. Sabemos por experiencia que algunos tribunales han utilizado cuestiones prejudiciales, recursos e interpretaciones forzadas no tanto para aclarar el derecho como para retrasar sus efectos.
La duda es especialmente evidente en la interpretación de la malversación. El Tribunal Supremo ha construido una lectura creativa que ha permitido mantener fuera de la amnistía a algunos de los principales dirigentes del Procés, a pesar de que la voluntad del legislador era precisamente incluirlos. Esta interpretación mantiene inhabilitados a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, e impide el retorno normalizado de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig.
La sentencia de Luxemburgo obliga ahora a los tribunales españoles a decidir si aceptan el sentido de la ley aprobada democráticamente por una mayoría parlamentaria o si continúan buscando resquicios para vaciarla de contenido y alargar plazos que suspendan el regreso de los líderes del Procés al ejercicio de todos sus derechos.
Quizás la batalla jurídica esté ganada, pero la resistencia a aplicarla está garantizada.
Europa ha avalado una ley pensada para desjudicializar el conflicto, pero su aplicación continúa atrapada dentro de la misma lógica judicial que debía superar. Luxemburgo ha dejado claro que la amnistía es posible. Ahora falta saber si la derecha y la extrema derecha están dispuestas a permitir que sea efectiva.
Hoy la cuestión ya no es solo jurídica. Es institucional. España hace años que ha delegado a los tribunales una parte de la gestión del conflicto catalán, y cuando la justicia asume funciones políticas deja de ser percibida como un árbitro neutral y pasa a estar en una parte de la trinchera. Este es el tema más preocupante, porque se relaciona directamente con un progresivo deterioro del sistema democrático.
Al juez Marchena se le hará duro el regreso de las vacaciones. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, considera que, para no hacer un “ridículo inter pares” con los juristas europeos, se acabará aplicando la ley. Pero si hablamos de sentimientos, me pregunto si pesará más no hacer el ridículo o el sentimiento de humillación que puede acabar imponiendo aquello de sostenella y no enmendalla tan clásico. La guerra entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo parece el nuevo capítulo para la amnistía, que en el fondo es la guerra por la falta de solución política del encaje de Cataluña en España. El eterno retorno, ahora a los tribunales, y sin un final en el horizonte cercano.
Mientras tanto, la ejecución territorializada de la inversión pública del Estado en Cataluña fue el año pasado del 8,6%, menos de la mitad del PIB catalán. En Madrid fue el doble que en Cataluña. Son malas noticias económicas y políticas. El gobierno socialista español mantiene el menosprecio a una de las principales economías del Estado, con el gobierno más cómodo que podría tener en Cataluña y el único puntal que le queda. Remando fuerte a favor de Aliança Catalana.
