Qué queremos del Estado
Las negociaciones sobre la financiación singular y las noticias sobre otras referidas a la participación de la Generalitat en la gestión de Aena hacen oportuna una reflexión sobre la relación de los catalanes con España.
El catalanismo nació con el objetivo de crear una institución pública con potencia suficiente para transformar Cataluña en una nación europea, entonces sinónimo de cívica, instruida y rica. La primera parte –la institución– era importantísima, pero instrumental de la segunda –modernizar el país.
La institución se ha ido materializando, en un proceso extraordinariamente costoso y accidentado, en la Mancomunidad, en el Estatuto de 1932 y en el de 1979. Pero en modo alguno éste ha sido el punto final, ya que desde el principio se ha estado persiguiendo incansablemente la cesión del Estado a la Generalitat de tantas competencias. En su día logramos que la policía autonómica desplazara a los cuerpos de seguridad del Estado del panorama catalán y hoy estamos cerca de conseguir que dentro de una década pase lo mismo con los funcionarios de la Agencia Tributaria. No son logros menores, y confirman que la claridad de ideas y la tenacidad suelen ser recompensadas. Y prueban también que existe un hilo conductor muy sólido que une la obra de gobierno de Pujol con la de Illa.
Es obligado mencionar que hemos intentado hacer lo mismo con el servicio ferroviario de Cercanías, y aunque lo que hemos acabado pactando resulte muy decepcionante, puede sentar las bases a una cesión real más adelante.
Pero lo que me importa destacar aquí es que el catalanismo mantiene incólume el primer objetivo que se trazó hace bastante más de un siglo: conseguir construir en Catalunya lo que Prat denominaba un "cuerpo de estado".
En cuanto al modelo de sociedad a crear en Catalunya, hace un siglo y medio existía un consenso básico sobre qué características debía tener, y para construirlo no se había esperado a disponer de un "cuerpo de estado", sino que se presionaba al Estado para que tomara decisiones que le favoreciera. Consideramos tres ejemplos: Barcelona, la industrialización y la excelencia educativa.
Transformar a Barcelona en una importante ciudad europea era un objetivo que se había perseguido arrancando de los sucesivos gobiernos españoles la Exposición Universal de 1888 y la de 1929 y la creación de la Zona Franca, por poner tres ejemplos. Por lo que respecta a la industrialización del país, había justificado una persistente presión política en favor de la protección arancelaria, en la que coincidían empresarios y trabajadores organizados. En cuanto a la excelencia educativa, aquí sí que el catalanismo no tuvo más remedio que esperar a la materialización de la Mancomunidad para empezar a trabajar en ella.
Hoy subsiste algún consenso; por ejemplo, la transformación de Cataluña en un polo científico. Pero es excepcional. En lo que atañe a los tres ejemplos antes mencionados, el disenso es grande.
La potenciación de Barcelona dejó de gozar del consenso con Pujol, que desconfiaba de la ciudad y de su ayuntamiento, liderado por un rival. En cuanto a la prosperidad económica, ya no depende de la protección arancelaria, pero sí en gran parte de la transformación del sector turístico, un tema en el que el desconcierto es profundo. Por último, qué duda hay de que si el consenso continuara priorizando la excelencia educativa, los resultados escolares serían muy distintos a los actuales.
Una de las consecuencias de todo ello es que sólo tenemos clara algo en nuestra relación con el Estado: que queremos que nos ceda competencias, pero a menudo ni tenemos claro lo que haríamos ni, mientras tanto, tampoco tenemos claro lo que queremos del Estado.
Los aeropuertos son un caso claro. Sabemos que Junts ha puesto un peón en el consejo de administración de Aena, pero no sabemos qué intereses defiende, ni si se está coordinando –como parecería lógico que estuviera haciendo– con el gobierno de la Generalitat. Se nos dice que ERC negocia la creación de órganos dentro de Aena donde participaría la Generalitat, pero no sabemos qué modelo aeroportuario defendería: ¿la ampliación de El Prat? ¿Cuál? Sabemos también que ERC ha colocado a un miembro en el consejo de Redeia, pero no sabemos de qué nos servirá, dado que no tenemos clara de qué red eléctrica queremos disponer para hacer frente a la descarbonización. Pero ningún ejemplo tan claro como el que protagonizó otro peón de Junts, esta vez en la CNMC, votando en contra de lo que el grueso del catalanismo consideraba el interés general.
Considero positivo que –más de un siglo después de Prat– aún aspiramos a más competencias del Estado, pero es urgente que reconstruyamos el consenso central sobre el modelo de país. Hasta que no lo hagamos, no será legítimo que nos lamentemos de que el Estado no nos juega a favor.