Cuando se produjo el golpe del 23-F yo era un chiquillo que hacía bachillerato. En casa, oímos en la radio la alocución del president Pujol, y el comentario de mi padre –"¡bien igual que Companys en 1936!"– no ayudó a serenar el clima familiar. Luego habló el rey, y entendimos que la intento había fracasado. Pero la verdad, con todos sus repliegues, la hemos ido conociendo paulatinamente, a medida que los protagonistas de la época han dado su versión. Los libros y los documentales han ido añadiendo –o quitando– capas de misterio. Y esta semana, coincidiendo sarcásticamente con la muerte de Tejero, se ha cerrado oficialmente esa carpeta de la memoria histórica con la desclasificación de los documentos oficiales. Como ya predijo Javier Cercas, no ha habido revelación sensacional alguna. Quizás porque muchos documentos se destruyeron; quizás porque muchas cosas, quién sabe si las más importantes, nunca se escribieron.
Pero no era necesario esperar a la revelación de estos documentos para constatar algunos datos inquietantes sobre la España reciente y sobre el auténtico resultado de la transición democrática. Sabemos, por ejemplo, que el rey Juan Carlos tuvo un papel decisivo en la dimisión de Adolfo Suárez, quien plegó "para que la democracia no vuelva a ser un paréntesis en la historia de España", mensaje tan transparente que no admite interpretación. Conocemos, porque ha sido profusamente explicada, la presión externa de sectores reaccionarios, inquietos con el alcance de la reforma política y el problema territorial. Me refiero a la derecha política, económica y mediática, ya la mayoría de los jefes militares. Tuvo también una relevante participación Josep Tarradellas, que pese a saber lo que se estaba cociendo (lo ha dejado escrito) hizo unas llamativas declaraciones en las que reclamaba "un golpe de timón" y se lamentaba que en la cuestión autonómica "hemos corrido demasiado".
Sabemos también que el general Armada hablaba con unos y otros –también con el PSOE– de una solución militar y democrática (valga el oxímoron) para hacer frente al caos; que el rey Juan Carlos, de quien había sido preceptor, o le dio alas o no supo interpretarlo, no lo sabemos, pero sí sabemos que cuando Armada se presentó en el Congreso para convertir el golpe de Tejero en un golpe blando con él de presidente, contó con el permiso previo de la Zarzuela, a condición de que no dijera que hablaba en nombre del rey.
Y conocemos, claro, las consecuencias inmediatas del 23-F: el ingreso automático de España en la OTAN, tal y como Estados Unidos reclamaba, y la tramitación de Loapa, una ley para frenar el desarrollo autonómico pactada por la UCD y los socialistas (también los catalanes). Y sabemos, finalmente, que el general Armada, condenado a 30 años de cárcel, fue indultado por el gobierno del PSOE cuando sólo llevaba siete entre rejas (para comparar, Jordi Cuixart se pasó cuatro, y Pablo Hasél lleva 5).
Podemos constatar, pues, que si bien el 23-F supuso el fin de la tradición golpista española, también dejó claro que la nueva democracia estaba tutelada, y que parte de su destino estaba en manos de un jefe de estado impuesto por Franco y que ostentaba la jefatura de los tres ejércitos, lo que, por cierto, resultó decisivo para que muchos capitanes generales se desdigieran durante el intento de golpe. El actual rey, Felipe VI, ha heredado esta condición de jefe militar supremo. Pero en su momento de gloria, en el discurso televisivo para avalar la represión del 1 de octubre de 2017, no llevaba uniforme; no le hizo falta.
El PP ha pedido el regreso de Juan Carlos I y la rehabilitación de su figura como salvador de la democracia. Me parece que la España actual no merece menos.
