Reconocido prestigio

Algun día alguien tendrá que analizar las lógicas en virtud de las cuales cuando Convergència i Unió influía en Madrid promovió como vocales del Consejo General del Poder Judicial a un Luis Pascual Estevill o a un Alfons López Tena, y como magistrada del Tribunal Constitucional a una Encarna Roca.

De todas maneras –y según explicaba muy bien el ARA del pasado jueves–, esta última no fue propuesta exactamente por CiU, sino más bien por el PSC con la aquiescencia de Josep Antoni Duran i Lleida, al que Catalunya no agradecerá nunca suficiente los servicios prestados. El caso es que desde su toma de posesión como miembro del TC (julio de 2012), aquella supuesta exponente de la sociovergència, la que tenía que llevar al alto tribunal una especial sensibilidad hacia Catalunya y una visión plurinacional de España, se alineó rápidamente con las posiciones del PP y con la concepción más apolillada –la que pasa por la preservación de las corridas de toros– de la identidad y la unidad españolas. Al mismo tiempo, la prestigiosa jurista pasó a llamarse, a todos los efectos, Encarnación (o María Encarnación) Roca Trias.

En este contexto, a principios de noviembre de 2014, el claustro de la Universitat de Girona debatió una moción que reclamaba retirarle el título, previamente concedido, de doctora honoris causa por haber votado la admisión del recurso que pretendía paralizar la consulta de ese 9-N. La moción fue rechazada, pero el solo hecho de que el debate se planteara dio pie a determinados articulistas y periodistas a ver una prueba rotunda de la “violencia moral”, la “mentalidad excluyente” y la “concepción totalitaria” que el independentismo hacía reinar sobre Catalunya. Las frases citadas son de un artículo de Francesc de Carreras; lo preciso porque no querría escatimarle ningún mérito de los muchos que acumula.

Al mismo tiempo, hubo un movimiento de defensa corporativa de la magistrada Roca al que se apuntaron juristas en la órbita del PSOE y el PSC, la fiscal Ana María Magaldi (¿recuerdan?) e incluso algunos outsiders. Entre estos, un “militar retirado” que resultó ser, nada más y nada menos, Agustín Rosety Fernández de Castro, hoy diputado en el Congreso por Cádiz y uno de los “generales de Vox”. No, nadie es responsable de las adhesiones que recibe, pero las hay significativas..., y quizás incluso premonitorias.

Sea como fuere, entre 2014 y 2021 la doctora Roca Trias prosiguió su larga marcha desde el centroizquierda catalanista hasta la derecha españolista extrema. Roca ha votado favorablemente todas las resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional contra el proceso catalán, ha rechazado todos los recursos de los abogados defensores de los condenados y culminó esta trayectoria el miércoles de la semana pasada decidiendo con su voto que el TC declarara inconstitucional el estado de alarma de marzo de 2020. Es decir, dando la razón –¡no del todo, solo parcialmente!– a la extrema derecha de Vox e infligiendo un serio estrujón político al gobierno de Pedro Sánchez.

En su crónica del día siguiente del golpe de efecto judicial, Ernesto Ekaizer explicaba que, durante el pleno decisivo del TC, el magistrado Cándido Conde-Pumpido había intentado hacer reflexionar a sus colegas sobre el hecho de que al tribunal le falta un miembro y que, de los once restantes, cuatro tienen el mandato caducado, entre ellos Encarnación Roca. Es decir, que la legitimidad del organismo es cuestionable (como lo era cuando dictó la sentencia del Estatut, en 2010) y que, en unas tales circunstancias, quizás fuera aconsejable la prudencia. Fue en balde y, según la crónica mencionada, la vicepresidenta Roca Trias reaccionó irritada afirmando que ella, mientras le pagaran, seguiría haciendo su trabajo.

Ahora se entiende mejor que la doctora Roca sea una jurista de reconocido prestigio. ¡Qué respeto por la juridicidad! Según ella, ¿lo que legitima su poder como intérprete de la Constitución es el hecho de que, cada mes, le paguen puntualmente la nómina, y no la duración de los mandatos que establece la ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional? ¿Y había unos exaltados que le querían retirar el doctorado honoris causa? ¡Un par más, le tendrían que dar! Y, por favor, no me digan que los magistrados, pobres, no tienen la culpa de que los políticos no sean capaces de pactar la renovación del TC. Si, movidos solo por el decoro democrático, los once miembros actuales del tribunal dimitieran, la renovación del organismo se haría a la fuerza.

A estas alturas, es muy posible que una parte de los centenares de firmantes de aquel manifiesto de 2014 en apoyo de la magistrada Encarnación Roca no lo subscribieran –no pienso, está claro, en el general Rosety Fernández de Castro– y quizás algunos incluso firmarían otro en contra. En cualquier caso, resulta interesante constatar lo imposible que es defender el ensañamiento represivo contra los independentistas y, a la vez, mantener el más mínimo comportamiento progresista en cualquier otra materia.