La reforma laboral que nos hace falta
La reforma laboral del año 2012, promovida por el PP en circunstancias de emergencia económica, podía tener una razón de ser para desbloquear la capacidad de crecimiento de la economía española, pero no tenía sentido que se mantuviera una vez recuperado el potencial de crecimiento. Los problemas de la economía española son de mala regulación laboral. En esto no hay diferencia catalana: la economía catalana late exactamente igual que la del conjunto del Estado porque las regulaciones laborales son muy fuertes y son idénticas para todas las partes del Estado –son competencia exclusiva suya–. Todos los estudios hechos desde fuera no paran de subrayar la mala calidad de la regulación laboral española, que se concreta en tasas de paro estructuralmente muy elevadas, tasas de temporalidad anormalmente altas y una dualidad laboral (diferentes condiciones y regulaciones) muy marcada en función de la edad. Son muchos más los defectos del funcionamiento de las relaciones laborales en el Estado, derivados siempre de la multiplicación de contratos de baja calidad, que querían corregir rigideces heredadas del Estatuto de los Trabajadores, pero no los detallo todos. Han acabado creando un monstruo.
El monstruo se caracteriza por ofrecer más posibilidades de contratación precaria que ningún otro país de nuestro entorno. España se ha especializado en ofrecer malos contratos de trabajo. No es que estemos especializados en turismo, restauración, hostelería y construcción y, como consecuencia, tengamos contratos de trabajo precarios. La causalidad es la inversa. La multiplicación de contratos precarios –que es nuestra verdadera especialización– promueve la expansión distorsionada de sectores que pueden aprovechar bien estos contratos. Pensemos, por ejemplo, en una línea de especialización que nos gustaría cuidar más: la investigación, en su sentido más amplio, desde la más básica a la más aplicada. ¿Para qué sirven los contratos precarios en el mundo de la investigación? Para nada. Los contratos pertinentes tienen que ser contratos estables, indefinidos, que animen a sus titulares a seguir en las mismas empresas. En un mundo donde el talento es muy móvil, hay que ofrecer buenas condiciones salariales y de estabilidad.
La regulación española brilla en ofrecer malos contratos y muchas empresas aparecen para aprovecharlos. Se convierte en el paraíso de la subcontratación, de la externalización, de la temporalidad, del trabajo a tiempo parcial, de los contratos de aprendizaje, de los de prácticas, y un no parar de fórmulas que no permiten establecer relaciones estables y duraderas entre trabajadores y empresarios. ¿Qué sentido tiene, en estas circunstancias, que un gobierno comprometido en mejorar la regulación laboral ponga tanta atención a intereses que ya son hijos de la mala regulación? ¿Qué caso se tiene que hacer a los que no quieren prescindir de los negocios construidos en base a contratos laborales que no querrían para sus parientes, amigos y conocidos? ¿Qué factores de atracción y de expulsión construimos? ¿No sería mejor coger más distancia de agentes sociales tan implicados en aquello que se tiene que cambiar?
Las discusiones actuales sobre la reforma de la temporalidad son un ejemplo de lo que estoy diciendo. El gobierno central, que es quien tiene las competencias en regulación laboral, quiere cambiar las reglas de juego, pero mostrando una equidistancia con los agentes sociales. No se puede tener siempre equidistancia, especialmente cuando hace falta liderazgo transformador. La reforma de 2012 no contó con ninguna equidistancia y fue muy transformadora. Esta en curso no hace falta que sea antipatronal como aquella fue antisindical, pero tiene que resolver los problemas que hay que resolver, y el de la temporalidad exige soluciones radicales porque es la causa de un mal modelo económico que todo lo pervierte y lo empobrece. El péndulo político, social y económico va moviéndose, y lo hace con lentitud pero con muchas implicaciones. Entonces había que corregir los excesos regulatorios del Estatuto de los Trabajadores, pero ahora el péndulo está en el otro extremo y hay que corregir los déficits. Tenía distorsiones prosindicales, pero ahora estamos ante distorsiones antilaborales. Hay que corregir déficits y distorsiones con criterio y liderazgo sin aspirar a una equidistancia que no resolverá nada.
El futuro de la calidad y de la remuneración del trabajo está encima de la mesa. Llevamos muchos años de devaluación salarial y todavía más años de empeoramiento de las condiciones laborales y de dualización del mundo del trabajo. De ello ha resultado una fractura social que no puede gustar a nadie. Nos hace peores colectivamente sin que los beneficios del empeoramiento tengan ninguna utilidad social. No aumentan la ocupación que queremos y que nos hace falta. Solo multiplican malos puestos de trabajo, de los que se crean un día y al día siguiente desaparecen. Que la voluntad de pacto, que nadie agradecerá, no enturbie el buen criterio que tiene que presidir la reforma.