Renovables, sí o sí

Actualmente el 19% de la energía que Catalunya consume es de origen renovable. La Unión Europea (UE) obliga a los estados miembros , y el gobierno de Catalunya se ha comprometido a cumplirlo, a que en 2030 este porcentaje sea como mínimo del 50%. Por lo tanto, en solo nueve años el país tiene que incrementar las renovables en un 150%. Estamos, pues, ante una carrera desesperada contra el tiempo que pide decisiones valientes, en algunos aspectos impopulares y en todo caso rápidas y eficaces. La defensa del territorio, a menudo marcada por el espíritu naturalista (paisajismo, ecologismo, patrimonio cultural), choca en estos momentos, y de manera paradójica, con la prioridad global ambientalista de lucha contra el cambio climático. Es imperativo poner fin a las energías fósiles y, por lo tanto, dar un gran impulso a las energías limpias o verdes. Afortunadamente, ahora sí –el cambio cultural en este terreno se ha acelerado mucho en los últimos años–, hay un gran consenso ciudadano a favor. La contradicción para muchos rae en cómo compaginar la estimación ambiental hacia su entorno inmediato con la defensa de un imprescindible cambio energético de signo también ambiental. De hecho, es la contradicción general a la que se enfrenta el país, por no decir el planeta entero. Pero esto no nos puede paralizar, no puede impedir que avancemos. Es necesario un debate serio, informado y honesto.

En este sentido, las modificaciones previstas en el decreto de renovables que prepara el gobierno de la Generalitat intentan conciliar esta contradicción. Por un lado, se busca dar un impulso a las renovables y por lo tanto se descarta una moratoria de los proyectos, cosa que ha satisfecho al sector empresarial. Por el otro, se trata de dar voz y margen de intervención a las oposiciones locales del territorio, que aun así no se sienten lo suficientemente atendidas. Los impulsores de los proyectos de instalaciones creen que el decreto puede llevar un atraso letal, mientras que los activistas y una parte de los alcaldes temen que no podrán frenar nada. Ante estas presiones cruzadas, hará falta, pues, más valentía para hablar en plata, para marcar prioridades, para hacer pedagogía: el planeta no lo salvaremos sin sacrificios.

Sin duda, en muchos casos los miedos locales son comprensibles, sobre todo cuando vienen de zonas, en especial las comarcas del sur, que históricamente han hecho de patio trasero, es decir, que han acogido grandes infraestructuras (por ejemplo centrales nucleares) que otras zonas no querían. El diálogo con los agentes del territorio es necesario, claro, pero se tendría que hacer desde el punto de partida general compartido consistente en aceptar que hay prisa, que hay que avanzar sin más dilación. El interés general no se tendría que poner en entredicho. De hecho, es este interés general el que al final prevalecerá sí o sí, porque al fin y al cabo el Estado, que es quien tiene la última palabra, lo hará valer para sacar adelante los proyectos. O sea que si el decreto catalán solo sirve para dilatar el crecimiento de la oferta en renovables, y por lo tanto del consumo, nos estaremos haciendo trampas. El avance en renovables no es una opción, es una urgencia, es una obligación que se tiene que hacer compatible con el máximo respecto al territorio, pero que nadie tendría que poner en entredicho ni en riesgo.