Rocío, Antonio David y la industria de la basura

No he podido reprimir mi sorpresa ante la polvareda –audiencias millonarias, redes sociales incandescentes, políticos haciendo grandes aspavientos– que ha levantado un programa en el que la hija de Rocío Jurado, cantante ya traspasada, acusaba a su exmarido de malos tratos psicológicos y físicos. Las declaraciones llegaban hace unos días, más de veinte años después del divorcio (estuvieron casados del 1996 al 2000).

Escribió John Locke que hay tres tipos de ley. La ley de Dios, la ley de los hombres y “la ley de la opinión o la reputación”. Dejemos a Dios tranquilo y vayamos a la ley de los hombres. Rocío denunció a Antonio David en septiembre de 2016. El juez consideró que no hay vía suficiente base y no se abrió vista oral. Ha recurrido un montón a veces y nunca ha conseguido el procesamiento de su exmarido. Puede gustar más o menos, pero esta es, de momento, la verdad judicial. 

Naturalmente, solo ellos dos saben lo que pasó. Desconozco si Antonio David agredió a Rocío, o si ella trata de engañar a todo el mundo utilizando grandes dotes interpretativos. Tampoco lo saben los que opinan vehementemente y a diestro y siniestro, sea en las redes sociales o en los medios de comunicación. Apoyan a Rocío o bien a Antonio David y a la hija de ambos, de 24 años, que hace mucho que rompió con su madre. Los ciudadanos se pueden permitir mojar pan en estas miserias y engrosar el juicio paralelo. Yo no lo haré, dado que no tengo ningún elemento objetivo para dar o quitar la razón a la una o al otro.

Tampoco sabe lo que pasó, al menos no tenía ni idea en el momento de las revelaciones de Rocío, Irene Montero. A pesar de esto, le faltó tiempo para tuitear: “El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo”. También apareció en el programa Sálvame, de la cadena en cuestión, Telecinco –más leña al fuego–, para defender a Rocío.

Todo ello no tiene lugar exactamente en el mundo real. Lo que ha pasado está regido por las leyes del espectáculo mediático. Del show business. El producto que suministra Telecinco no tiene nada que ver con el periodismo, por mucho que se hable engañosamente de documental. El objetivo tampoco es tratar de acercarse honestamente a la verdad, sino apoderarse, haciendo lo que sea, de la atención de la gente para a continuación revenderla a los anunciantes.

Solo como ejemplo, justo es decir que durante años la cadena ha tenido a Antonio David Flores a sueldo. El exmarido y antiguo guardia civil se ha desahogado describiendo con pelos y señales las miserias de un matrimonio y una familia fracasados. Pero, coincidiendo con la emisión inaugural del documental protagonizado por Rocío Carrasco, Telecinco decidió dejar de invertir en Antonio David para centrarse en Rocío, un negocio mejor. No solo esto. A pesar de que conocía de hacía muchos meses el contenido del programa, Telecinco esperó la emisión para echar al exmarido y cambiar de caballo.

Rocío cobró –dicen que dos millones; la televisión niega que esta fuera la cantidad– por decir que su marido la maltrataba. Es decir, mercadeó con su dolor, su sufrimiento de víctima, o supuesta víctima. Toda la operación chirría desde un punto de vista ético. Que alguien trafique, que alguien se enriquezca vendiendo a la industria del espectáculo basura una cosa tan delicada como el maltrato me desagrada. Pienso que de alguna manera contamina la causa que pretendidamente se quiere defender. 

De hecho, el dinero, el comercio de la roña, es lo que está en el centro. No el problema de las víctimas o del maltrato. Dicho esto, hay que reconocer que hay una parte buena: el lamentable circo ha provocado, dicen, que muchas mujeres se hayan sentido interpeladas, cosa que las ha llevado a tomar acciones en sentido positivo. 

La ministra Montero trituró alegremente lo que, me parece, no se puede triturar en una sociedad mínimamente ordenada: la presunción de inocencia. Lo puede hacer un hombre o una mujer de la calle, no aquellos que tienen altas responsabilidades institucionales. Además, hagámonos esta pregunta: si todo acusado es por definición culpable, ¿para qué queremos leyes y jueces?

Montero, como tantos otros, ha contribuido al señalamiento público de un ciudadano, en este caso el exmarido, como hemos dicho, sin tener en cuenta su derecho a la presunción de inocencia.

Desembocamos aquí en tercera ley de Locke. La ley de la reputación. La justicia nunca le ha dado la razón pero, a pesar de esto, gracias al colosal poder de Telecinco, Rocío obtendrá para su exmarido el peor castigo posible, el linchamiento social, la condena a la ignominia, el repudio y la marginación. Porque, como advirtió el pensador inglés hace más de trescientos años, a cualquier persona le resulta enormemente doloroso tener que vivir soportando la carga del desprecio de los que lo rodean.

Marçal Sintes es periodista y profesor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL).